Asu etapa final está llegando un estudio sobre las obras de mitigación que se requieren construir para los peligros volcánicos y geológicos que existen en la zona lacustre, en virtud de la presencia de un volcán muy activo como el Villarrica que ha protagonizado 59 erupciones documentadas entre los años 1558 y 1984, cada una de un amplio radio destructivo. Este informe que realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzó hace ya siete años y busca definir los daños que acarrearía una erupción en las comunas de Pucón, Villarrica y Curarrehue, donde existen vastas extensiones de territorio expuestas al curso descendente que podrían tomar los lahares, que son el sedimento volcánico con agua derretida de glaciar que se moviliza por las laderas y fluye por los cauces de agua.

De los 14 cauces de escurrimiento de los lahares que determinó el estudio del MOP, 10 se encuentran en La Araucanía y los otros cuatro en la vecina Región de Los Ríos. Estos se encuentran establecidos con precisión, de modo que es tarea de los organismos competentes acometer con diligencia las obras de mitigación para tratar de que en la eventualidad de una erupción -que puede ser en cualquier momento-, los eventuales lahares puedan descender con el menor perjuicio posible para los valles, las propiedades y, por sobre todo, la integridad de los miles de ciudadanos que viven en las áreas de riesgo.

En las comunas de la zona lacustre hay relativa conciencia de los peligros de una erupción volcánica. Algunos lugares están señalizados para guiar las potenciales evacuaciones y existen ciertas restricciones de construcción que es responsabilidad de la autoridad fiscalizar que se estén cumpliendo. No obstante, tarea fundamental es la que pretende el estudio, que apunta a construir obras de mitigación que acojan y contengan a los lahares.

Es de esperar que estas obras se levanten con prontitud si es que ya están claras las zonas. Malamente podrían pasar otros siete años para que el Estado, a través de sus órganos pertinentes, genere y ejecute el plan de acción que ya está claro se necesita.

Desde hace un par de años que en Chile se ha venido escuchando y debatiendo acerca de la existencia de una posible burbuja inmobiliaria. Pero, ¿qué se entiende por una burbuja? En economía, los precios de cualquier producto, servicio o activo deben fluctuar de acuerdo a los factores de oferta y demanda, así por ejemplo, si existe mucha demanda y/o poca oferta, los precios tenderán al alza; y si sucede lo contrario, los precios irán a la baja. Pues bien, cuando los precios del activo, en este caso los bienes raíces, suben rápida y desproporcionadamente sin una explicación objetiva basada en factores de oferta y/o demanda, decimos que estamos frente a una burbuja especulativa de precios, es decir, ya que no hay variables reales que expliquen el alza de precios, es la especulación la que ha sustentado la abrupta subida de precios, lo que a la larga tal como una burbuja reventará, y los precios volverán a sus valores reales con las consecuencias e impactos negativos sobre la economía. Por cierto no es tarea fácil detectar una burbuja.

Recordemos que en Estados Unidos en la crisis subprime de 2008 se generó una burbuja inmobiliaria donde se conjugó una la política monetaria muy expansiva con tipos de interés muy bajos, y por otra parte un sistema financiero con políticas crediticias muy flexibles que entregó crédito a personas que objetivamente no podrían pagar; se financiaba incluso más del 100% del valor de la vivienda esperando que dichos activos subieran de precio, lo que alimentó fuertemente la demanda, inflando más de la cuenta los precios de viviendas. Luego la burbuja reventó, las personas no pudieron pagar sus hipotecas, no hubo retornos a los inversionistas institucionales ni a los bancos, mucha gente sin vivienda, generando un exceso de oferta tan grande que derrumbó los precios, dejando a las instituciones bancarias con casas que no valían nada y con una alta deuda que hizo que muchos bancos quebraran.

Una burbuja tiene costos económicos y sociales de corto y mediano plazo, Chile debe tomar lección y aprendizaje de casos como Estados Unidos o España. Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió en EE.UU. por ejemplo, nuestro país cuenta con un sistema financiero más regulado y más restrictivo que financia vía créditos hipotecarios en promedio en torno al 80% - 85% del valor de la vivienda. Además de tener un Banco Central con una sólida y responsable política monetaria que también evalúa el mercado inmobiliario. Sin embargo, creo que hay desafíos en disponer de más y mejor información de precios de bienes raíces que permita monitorear más de cerca.

Aunque a pesar de todo, el riesgo no se elimina, existe, y esto implica el análisis permanente de las autoridades económicas responsables.

economista,