'Mi padre esperó durante toda su vida explicaciones por parte del Estado del por qué lo encarceló', son las sentidas palabras del lonco de Temulemu en Traiguén, Juan Pichún, hijo de Pascual Pichún Paillalao, luego de conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó dejar sin efecto las condenas de ocho comuneros a los que se les aplicó la Ley Antiterrorista.

Pascual, entonces lonco de Temulemu, falleció de un ataque al corazón el 20 de marzo en 2013. Salió libre en 2007, luego de cumplir una pena de 5 años de cárcel junto al lonco Aniceto Norín. Fue acusado de los delitos de incendio y amenazas terroristas en contra del ex ministro de Agricultura de Patricio Aylwin, Juan Agustín Figueroa, administrador y dueño del Fundo Nancahue, ocurrido en 2001.

'Él nunca entendió por qué le aplicaron esa ley, creo que la inocencia de mi padre se fue con él pidiendo la explicación a quienes fueron partícipes de esta acusación', cuenta Juan.

La familia Pichún tiene sentimientos encontrados luego de la noticia. Afirman que la condena limpia el nombre del padre y la gente que ha sufrido en carne propia la discriminación por el apellido, pero la ausencia del lonco es irreparable.

La viuda de Pascual, Flora Collonao Millanao, no escondió ni su alegría ni sus penas. 'Él debería estar acá celebrando con su familia, contento', dice con nostalgia.

La mujer destaca la sabiduría de su cónyuge y recuerda que mientras estuvo tras las rejas, les entregó tranquilidad pero nunca desistió de su bandera de lucha, que era la recuperación del territorio que en diciembre de 2011, el Gobierno de Sebastián Piñera les entregó favoreciendo a 113 comunidades mapuches de Traiguén.

Visionario, Pascual Pichún siempre creyó que sería el Estado quien terminaría pagando el daño de la reducción de territorio y las consecuencias familiares que acarrea el conflicto. 'El sueño que tenía él hoy se logró gracias a Dios, ya que siempre decía que el Estado tenía que pagar por el daño que le hizo a mi familia', cuenta la viuda.

Para Flora, la compañía de sus hijos fue fundamental en estos años. 'Nunca bajamos los brazos'. Mientras el lonco cumplía su condena, relata que a pie lo visitaban en la cárcel para entregarle ropa y ver en qué condiciones estaba, llevándole hasta los fríos barrotes un sincero mensaje de cariño y fuerzas para superar el encierro.

En ese sentido, es la misma viuda quien se encarga de hacer la vocería de su difunto marido recordando frases que hace años fueron íntimas conversaciones, las que hacen eco en el presente. 'Ojalá que no se siga acusando a la gente por terrorismo porque siempre el lonco Pascual Pichún decía, acá en Chile no hay ningún terrorismo, no se conoce, no somos ningún terrorista'.

'Mi esposo reclamó sus derechos porque teníamos 8 hijos y no teníamos donde instalar los hijos, los animales, por eso mi viejo siguió peleando por la tierra y por eso lo acusaron de terrorista', explicó Collonao.

Conforme la familia Pichún con el fallo espera que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla con lo señalado por la CIDH en la sentencia. 'Por muchos años nos apuntaron con el dedo diciéndonos que éramos una familia terrorista y la comunidad también sufrió ese estereotipo, así que esperamos que se haga cumplir la condena'.

Junto con arremeter en contra de Agustín Figueroa por liderar las acusaciones en contra de su padre, el lonco Juan Pichún emplazó a la Presidenta a pedir perdón a los condenados y a las comunidades.

'Solicitamos y le pedimos a ella (Michelle Bachelet) que públicamente le pida perdón a la familia, a la comunidad y también al pueblo mapuche por los errores que ha cometido por haber encarcelado a los loncos, encarcelado a nuestros peñis y lamienes que han sufrido la represión de la Ley Antiterrorista', enfatizó la autoridad ancestral.

También valoraron el fallo catalogado de histórico, los demandantes Jaime y su hermano Juan Marileo Saravia; José Huenchunao Mariñán y Juan Ciriaco Millacheo Licán; todos ellos condenados por la Ley Antiterrorista por el delito de incendio en el fundo Poluco Pidenco, en el año 2001.

El comunero mapuche José Huenchunao Mariñán fue parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y fue acusado de incendio terrorista en el caso Poluco Pidenco.

'Por lo menos ya no voy a tener que andar firmando', dice entre risas.

El buen humor del presente de José contrasta con un pasado cercano. Pasó 2 años y 7 meses en la clandestinidad y desde el 2007 al 2011, se mantuvo en prisión. Es el único comunero que cumplía condena hasta el 2016 y que por estos días gozaba del beneficio de remisión condicional de la pena, por lo que firmaba mensualmente ante la autoridad penitenciaria.

'La resolución del CIDH plantea un cuestionamiento a lo que recoge la Ley Antiterrorista como forma de procesar a los mapuche. Es lo más valorable para nosotros ya que se deja claramente establecido que hubo procedimientos que no fueron justos para dirigentes mapuches vinculados a los procesos de reconstrucción y de resistencia del pueblo mapuche', dice Huenchunao.

El caso Poluco Pidenco fue llevado por los fiscales Sergio Moya, Alberto Chiffelle y el ahora fiscal regional Cristian Paredes.

Para él, la polémica ley 18.314 se aplicó en castigo a la expresión política de los mapuches por lo que exigen que sea derogada.

Sobre la clase política y la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el dirigente tiene una visión crítica. 'Sabemos que aquí en este país hay que gente que lo único que le interesaría es que nosotros como mapuches desapareciéramos porque para ellos somos la piedra de tope para los proyectos de inversión capitalista que tienen en la zona, entonces nosotros lo tomamos de quien viene nomás, ellos son diputados de la derecha que siempre han sido reaccionarios, siempre han estado en contra del pueblo mapuche'.

Respecto de las víctimas de la violencia rural, como los agricultores, el mapuche declaró que 'ellos se ven envueltos en una situación que muchas veces nuestra gente o las comunidades que luchan no es el espíritu ni el ánimo hacerle daño a ellos, sino que se van generando producto de la situación de fondo que existe, que es un problema con el pueblo mapuche que tiene que ver con el territorio y con la autonomía'.

Para José, los temas de territorio y autonomía son fundamentales para encontrar una solución al conflicto, por lo que se aleja de una política que tenga que ver con proyectos sociales, productivos y compras de tierra parciales.

Sobre la labor que está realizando el intendente Francisco Huenchumilla, el comunero lanzó sus críticas. 'Si él estuviera comprometido con las demandas y la causa mapuche debería dar un paso al costado y decir que aquí no hay manera de resolver el conflicto mapuche realmente porque no hay voluntad política de las autoridades existentes, porque ellas están comprometidas con otros intereses que no son los del pueblo mapuche, ellas están comprometidas con los intereses de la dominación en general'.

En la sentencia conocida como 'Norín Catrimán y otros' la CIDH responsabiliza al Estado chileno de violar los principios de legalidad y presunción de inocencia de los ocho comuneros juzgados y condenados por la Ley Antiterrorista.

'El CIDH deja claramente establecido que hubo procedimientos injustos para dirigentes mapuches vinculados a los procesos de reconstrucción y de resistencia del pueblo mapuche'.

'Cuando me procesaban siempre dije que si yo tenía un delito, era recuperar tierra, esa era mi causa'.

'En Chile siempre ha existido injusticia, sobre todo para el pueblo mapuche, por eso fuimos a la Corte Internacional'.

'Nosotros vamos a seguir recuperando nuestro territorio, nuestra lucha no es terrorismo ni delincuencia'.

'Exigimos al Gobierno que acate el fallo, libere a los presos, devuelva las tierras y desmilitarice la zona'