Fiscales de caso Poluco Pidenco ocupan puestos clave en el Ministerio Público
sentencia. Fallo de la CIDH ordenó anular las condenas aplicadas por Ley Antiterrorista a ocho mapuches. Del caso Poluco Pidenco participó el actual fiscal regional, Cristian Paredes.
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno y ordenó dejar sin efecto las condenas a ocho comuneros a los que se les aplicó la Ley Antiterrorista, y que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pida definiciones más claras y no aplicar la norma a mapuches, se ha puesto en tela de juicio el uso de la Ley 18.314.
Una de las primeras causas donde se conoce veredicto condenatorio gracias a las pruebas obtenidas por las medidas intrusivas de investigación de la legislación, fue la conocida como el incendio al fundo Poluco Pidenco. En ella, los fiscales Sergio Moya Domke, Alberto Chiffelle Márquez y Cristian Paredes Valenzuela, presentaron acusación en contra de cinco mapuches por presuntos actos terroristas.
El caso siguió la pista de los hechos acaecidos el 19 de diciembre de 2001 y resultó todo un éxito para la Fiscalía.
En la actualidad -y a semanas de cumplirse 10 años de la sentencia- estos abogados del Ministerio Público han seguido una destacada carrera.
El abogado Sergio Moya, ejerció hasta agosto de 2010 como fiscal jefe en Temuco, siendo reemplazado por Alberto Chiffelle en el cargo. Moya fue designado como fiscal jefe en Rancagua y ambos se mantienen hasta la actualidad en las citadas funciones.
Por su parte, el fiscal Cristián Paredes asumió en agosto de 2013 como fiscal regional en La Araucanía y relevó a Francisco Ljubetic. Paredes, desde el 2004 se desempeñó como jefe de la Unidad de Robos y jefe de la Unidad de Delitos Económicos y de Corrupción de la Fiscalía local de Temuco. El abogado ocupará el cargo hasta el 2021.
El 22 de agosto de 2004, el tribunal concluyó que José Benicio Huenchunao Mariñan, Patricia Roxana Troncoso Robles, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y Florencio Jaime Marileo Saravia, cometieron incendio de carácter terrorista contra el fundo Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco S.A.
La condena fue categórica. Los comuneros pasaron 10 años y 1 día en la cárcel -accediendo a distintos beneficios a lo largo del cumplimiento penitenciario- acusados de quemar 108 hectáreas plantadas con pino y eucaliptus, equivalentes en esa época a la suma de aproximada de cuatrocientos millones de pesos.
La sentencia consigna que la sala estuvo integrada por los jueces Luis Sarmiento Luarte, presidente de la Sala; Georgina Solís Morgado y Waldemar Augusto Koch Salazar.
Los casos Poluco Pidenco y Fundo Nancahue son insignes para ambas partes. Por el lado de la Fiscalía, casos que con éxito se logró acreditar la participación de tipo terrorista en los imputados, y por el lado de los condenados, una injusticia cometida en base a lo que llaman un montaje.
Lo cierto es que esta semana, la CIDH dio a conocer la sentencia del caso Norín Catrimán y otros, responsabilizando al Estado chileno de violar los principios de legalidad y presunción de inocencia de los comuneros, alegando que en sus condenas se usaron 'razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios'.
Contactadas las unidades de comunicaciones de las fiscalías de La Araucanía y O'Higgins para conocer una versión en lo que se refiere a la aplicación de la Ley Antiterrorista y el fallo de la CIDH, no se pudo dar con los citados abogados.
En tanto, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, criticó que los fiscales del caso Poluco Pidenco y otros que hayan aplicado la Ley Antiterrorista continúen en sus funciones, considerando la fundamentación y conclusiones de la sentencia que emanó desde la Corte Interamericana.
Para el werkén, los fiscales 'ganaron prestigio' con la aplicación de la ley y considera que 'fueron premiados' por el Ministerio Público.
'La aplicación de la Ley Antiterrorista para ciertos fiscales fue una manera de ganar prestigio y fueron premiados dentro del sistema del Ministerio Público y prácticamente, lo correcto sería que el ascenso que tuvieron debiera ser claramente examinado y en varios casos, sus altos cargos deben ser revocados', apuntó Huilcamán.
En la visión del dirigente indígena, el fallo de la CIDH 'pone en evidencia que ellos forzaron las situaciones, forzaron los hechos para que se configurara el delito de terrorismo y se consiguiera una sentencian en contra de los mapuches', sostuvo Huilcamán.