El caso Conadi tiene aristas insospechadas. Una de ellas reveló que una deuda de 37 millones de pesos generada en el marco de las comisiones en la venta de tierras entre el corredor informal de propiedades Pedro Samuel Cornejo Parraguez (60) y Patricio Arévalo Navarro (49) -uno de los imputados como presunto autor de su secuestro-, fue la génesis del hecho delictual ocurrido a fines del año pasado y que ayer dejó a 4 personas en prisión preventiva y a una quinta con arresto domiciliario total.

El hecho policial ocurrido el 22 de noviembre del año pasado, tuvo su capítulo más reciente ayer viernes con la formalización de los imputados Patricio Edgardo Arévalo Navarro (49), Teodoro Masferrer Lazarraga (55), Héctor Octavio Santana Carmona (46), Félix Eloy Mondaca Cofré (38) y Verónica Angélica Acuña Riquelme (37) por los delitos de secuestro y robo con violencia, determinándose por parte del Juzgado de Garantía de Temuco que los primeros 4 mencionados deberán quedar privados de libertad por significar un peligro para la sociedad. Verónica Acuña deberá cumplir arresto domicilio total.

Los imputados ingresaron a la sala de audiencia del Juzgado de Garantía en medio de la expectación de la prensa. Verónica Acuña ocupó su lugar con un lactante en los brazos, junto a los demás imputados.

Jaime Pino, fiscal adjunto de Temuco, dio a conocer los pormenores de lo ocurrido el pasado 22 de noviembre de 2013, ocasión en que Cornejo recibió una llamada a su teléfono celular por parte de una mujer que se identificó como Francisca, quien la invitó a reunirse para ver un tema de negocios ligado a la compra de predios en sectores rurales de la Región.

La víctima llegó en su vehículo al sector Truf Truf de Padre Las Casas a las 18 horas y luego se subió un móvil dónde estaba la mujer que lo contactó vía celular. Ella estaba acompañada por un supuesto cuñado y tras intercambiar algunas palabras, la víctima fue abordada por otros tres sujetos quienes lo habrían golpeado y robado especies y dinero en efectivo.

Tras pasar a una bomba de bencina Copec de la salida sur de Temuco para cargar combustible, a las 19 horas con 45 minutos llegaron al peaje de Quepe. Allí Pedro Cornejo -según su testimonio- logró desamarrarse y abrió la puerta trasera de su móvil, tras lo cual comenzó a gritar que estaba secuestrado. En medio de la confusión, los captores huyeron del lugar. Sin embargo, gracias al relato de Pedro Cornejo y a los registros de las cámaras de seguridad de la bomba de bencina y la plaza de peaje, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales logró encontrar las pistas necesarias y detener a los sujetos en las ciudades de Temuco, Viña del Mar y Puerto Saavedra.

En la formalización, solo Patricio Arévalo Navarro quiso entregar su versión de los hechos, señalando que en todo momento hubo consentimiento de la supuesta víctima para subir al auto y que habría sido él quien les había solicitado acompañarlo hasta Pucón para pagar parte de la deuda, y dejando en claro que todo lo señalado respecto del robo y secuestro era falso.

La defensa, encabezada por el abogado Renato Maturana, apuntó a que los delitos por los que se les acusa a los imputados -robo y secuestro- no están acreditados.

'En un secuestro a una persona se la amordaza, se la ata y se le introduce al maletero, no al asiento posterior', dijo el defensor privado.

'Hay una serie de hechos que señalan que el secuestro no existió, ni siquiera en la mente de mi representado, Patricio Arévalos. Es imposible que haya ocurrido como lo señala el denunciante. En cuanto al robo, se explicó cómo apareció el dinero, donde la supuesta víctima aportó los 100 mil pesos para pagar el combustible que los llevaría a Pucón', sostuvo el profesional.

En tanto, el fiscal Jaime Pino, aseveró que 'todos coinciden en que existía un problema entre Arévalo y la víctima, por unas comisiones por la venta de tierras, situación que llevó a Arévalo a concertarse con un grupo de personas conocidas y otras que contactó especialmente para realizar estos hechos como Masferrer, que tiene residencia en Viña del Mar y que se sabía se dedicaba a realizar este tipo de cobros. Claramente de los antecedentes de la investigación se desprende que existe una concertación del grupo para cometer el delito'.

De acuerdo con los datos arrojados por la investigación, el tiempo total del secuestro habría sido de 45 minutos.

'PDI y la fiscalía desarrollaron una serie de pericias relacionadas con el seguimiento de los teléfonos utilizados por los imputados para comunicarse con la víctima, y producto de eso se pudo determinar quiénes participaron', precisó el fiscal Pino.

El Juzgado de Garantía de Temuco definió 3 meses para que el Ministerio Público cierre de la investigación.

De acuerdo con los datos aportados por la defensa, el denunciante le debía 37 millones de pesos a Arévalo. 'Incluso mi representado contrató un abogado en Pucón y demandó al denunciante para que concurriera y confesara que debía esa suma. Finalmente éste asistió y declaró que no debía nada'.

El abogado Maturana indicó que 'Arévalo se desempeña como comisionista, a él le ofrecen predios para la venta y como don Pedro se dedicaba a hacer negociaciones a través de la Conadi , le señalaba qué predios se habían ofrecido para la venta y don Pedro se encargaba de venderlos a la Conadi. En este caso puntual le había ofrecido una comisión a Patricio, de la cual le abonó apenas 6 u 8 millones y le quedó debiendo 37'.

Maturana, quien sostuvo que iba a recurrir a las cautelares por intermedio de la Corte de Apelaciones, agregó que 'Patricio me contó que había hecho anteriormente una denuncia porque al parecer don Pedro hacía correr dinero entre los funcionarios de la Conadi para que se subiera el precio de la venta de los fundos y así dejar un margen importante tanto para él como para los funcionarios', sostuvo.

El Austral intentó comunicarse con el fiscal nacional del organismo, Rodrigo Bustos, sin éxito. Desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena señalaron que 'por el momento no se referirán al tema'.

Hay que precisar que la Fiscalía abrió una investigación por sabotaje informático y fraude al fisco por millonaria compra de tierras en la Conadi, donde se indaga el pago de sobreprecios.

'De los antecedentes de la investigación se desprende que existe una concertación del grupo para cometer el delito'.