Luego de prestar declaración ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la compra de tierras para personas y comunidades indígenas de la Cámara de Diputados, Sergio Garrido, el actual jefe nacional de compra de tierras de la Conadi deberá prestar declaración en la Fiscalía por el caso Conadi.

La información que trascendió de fuentes policiales, indica que Sergio Garrido, desde antes de prestar su testimonio ante la comisión que preside el diputado radical socialdemócrata, Fernando Meza, estaba en las carpetas de la investigación que lidera el fiscal Miguel Ángel Velásquez, quien conforma la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac).

El miércoles recién pasado, Sergio Garrido aseguró en la Cámara Baja que en la Conadi existen 25 corredores informales, los que no solo operaban dividendo suculentas ganancias de la venta de los campos, sino que también ofreciendo coimas a funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para priorizar la compra de predios.

Garrido aseguró que vivió en carne propia los hechos denunciados al ser víctima de cohecho cuando en una oportunidad un comisionista le ofreció la suma de $100 millones a cambio de privilegios en el proceso de compra y venta.

Se trata de la segunda denuncia que queda al descubierto en la comisión, luego que el diputado Meza reveló un audio con una conversación entre dos corredores informales. En la grabación, Patricio Arévalo exige a Pedro Cornejo el pago total de una deuda por la compra venta de un terreno realizado en octubre del 2013, donde se le habría cancelado un total de $18 millones a una comunidad mapuche sin precisar el motivo y donde Cornejo afirma que le tuvo que pagar a 5 ó 6 funcionarios de la Conadi.

El actual encargado de tierras que se mantiene desde que asumió en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pasando por la administración de Sebastián Piñera y continuando en el periodo de la Nueva Mayoría, dijo que realizó la denuncia respectiva al Ministerio Público el 2012 y que quedó en manos del fiscal Cristian Crisosto.

Según fuentes ligadas al Ministerio Público, dicha causa se archivó provisionalmente con fecha 23 de agosto de ese año, previa consulta al fiscal regional de la época, Francisco Ljubetic.

Si bien se intentó obtener una versión oficial de la Fiscalía Regional, no fue posible una vez contactado el departamento de comunicaciones de la institución. Sin embargo, con la declaración de Garrido ante la Fiac, dependiendo de los antecedentes que aporte en su relato, la causa archivada por cohecho en 2012 podría reabrirse y posiblemente, agruparse a la investigación por sabotaje informático y fraude al Fisco.

Paralelo a ello, el diputado Fernando Meza continua con la investigación parlamentaria. Para el próximo miércoles 3 de septiembre, está citado a declarar el ex director nacional de la Conadi, Jorge Retamal, y el ex director sur de la institución, Germán Riquelme. Ambos ejercieron sus cargos en el periodo presidencial de Sebastián Piñera.

El Austral tomó contacto con ambos aludidos para obtener una versión, sin embargo, su respuesta fue negativa. Eso sí, Riquelme dijo escuetamente que está estudiando acciones legales, sin precisar nada más.

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó en la noche del martes 13 de mayo de este año, computadores y carpetas, obedeciendo una orden de la Fiscalía de Alta Complejidad, siendo este el primer hito, por presuntas irregularidades al interior de la Conadi.

La denuncia la hicieron las propias autoridades del actual Gobierno y posterior a ello, los mismos consejeros de Conadi pedían aclarar el caso ya que, según dijo en la época el consejero Andrés Matta Cuminao, 'hay funcionarios que les han pedido hasta una vaca'. Pedían hacer justicia 'caiga quién caiga'.

El domingo 20 de abril, este medio hizo público un informe de contraloría en que se detectaba el pago de sobreprecios en la adquisición de cinco predios de comunidades de Traiguén. Según el informe emanado con fecha 14 de enero de 2014, la Conadi ofreció $156 millones a tres particulares de la zona por cinco hijuelas que fueron tasadas por una consultora externa en más de $61 millones, siendo el avalúo fiscal de las tierras, de poco más de $16 millones.

'Si se determina perjuicio al Fisco por los posibles acuerdos de precios entre los vendedores y las comunidades indígenas para aumentar el valor de los terrenos en venta, denunciando a la justicia ordinaria si dicha situación, además, hubiera estado en conocimiento de funcionarios de la Conadi', dice el informe número 36/2013.

Es así como a fines de julio de 2014, el diputado Fernando Meza fue elegido para presidir la comisión de la Cámara de Diputados que investiga las presuntas irregularidades luego que el mismo parlamentario lo propusiera.

No fue hasta el día de la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por temas relacionados a La Araucanía, que el diputado Meza realizó la primera denuncia pública -según el mismo expresó a modo de ejemplo de las irregularidades que investiga la comisión- el pago de 19 millones 500 mil pesos a la empresa Cical Capacitación Limitada de parte de la Conadi por un almuerzo para 20 personas.

La otra denuncia, guarda relación con el audio sobre la conversación entre los comisionistas Arévalo y Cornejo - que el mismo Meza entregó a la Fiscalía Regional de La Araucanía- donde este último afirma haberle pagado a unos cinco o seis funcionarios de la entidad tras la venta de un terreno.

La disputa de estos corredores informales llegó incluso a tribunales cuando Patricio Arévalo (ya en libertad) fue formalizado por los delitos de secuestro y robo con violencia en contra de Pedro Cornejo. Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía.

Diego Ahumada

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