$16 mil millones en daños materiales
Esta semana, tanto el gremio de los agricultores como el de los camioneros han hecho pública una estimación de las pérdidas económicas que en los últimos 15 años han dejado los numerosos atentados de toda índole, cometidos por quienes se arrogan la representatividad del pueblo mapuche en su demanda de tierras y de mayores espacios de autonomía política. Mientras en la Sofo se calcula que los daños ascienden a $9 mil millones de pesos, desglosados en la destrucción de 39 casas, 31 galpones, 23 tractores y 12 máquinas cosechadoras; entre los propietarios del transporte de carga terrestre se proyectan otros $7 mil millones en perjuicios, producto de la destrucción total de 100 vehículos.
Se trata de cifras elocuentes. $16 mil millones desde 1999 a la fecha, además de las pérdidas no cuantificadas que en la inversión privada ha dejado la huella de una región caratulada como conflictiva y que, según muchos, ha terminado por alejar la concreción de iniciativas económicas que pudieron haber traído la generación de empleos directos e indirectos para la población. El guarismo es más alto aún si se consideran los ataques que ha sufrido la propiedad pública, como el reciente atentado al Inia Carillanca y el descarrilamiento de un tren que hubo en Collipulli.
Además de las siete personas muertas que ha dejado el conflicto mapuche desde sus inicios, y que sin duda no pueden dejar de conmover a la opinión pública como el peor resultado de la consagración del uso de la violencia como método político, los $16 mil millones ya catastrados como perjuicio económico son el reflejo de la falla sistemática del Estado de Chile en La Araucanía, tanto para generar las necesarias condiciones para alcanzar la paz social -lo que incluye responder a la demanda de tierras y los mecanismos de participación política de los mapuches-, como para desarticular a los grupos violentistas que si bien actúan en zonas distantes de las principales ciudades, mantienen atemorizada a una buena parte de la población rural.
La Región no se puede dar el lujo de continuar en esta senda de violencia que sólo le sirve precisamente a los desadaptados que cultivan la violencia.