El próximo 13 de septiembre, Cristian Levinao, Luis Marileo y Leonardo Quijón serán trasladados desde Victoria hasta el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol. Producto de ello, Gendarmería invirtió cerca de 380 millones de pesos para remodelar las instalaciones que son de su propiedad.
Esto, según consta en una serie de documentos que fueron ofertados por la propia institución en el portal www.mercadopublico.cl el pasado 18 de julio, en donde la empresa Altosur, con sede central en la ciudad de Chillán, se adjudicó una de las obras para el mejoramiento de las instalaciones, consistente en levantar un cerco perimetral para brindar mayor protección a los nuevos residentes, las cuales deben realizarse en un plazo máximo de 30 días.
Según pudo conocer este medio, además del levantamiento de un cerco perimetral, hay otros trabajos que ya van bien encaminados y dicen relación con la instalación de nuevas garitas y un pabellón especial para los nuevos internos.
En la actualidad el CET de Angol acoge a un total de 44 colonos, de los cuales 34 son hombres. A ellos se suman 10 mujeres, con quienes se reparten las tareas en el predio de 12 hectáreas que se construyó en el año 1996.
La determinación de enviarlos al CET de Angol se produjo luego que los comuneros mantuvieran una huelga de hambre que se extendió por 39 días, en donde tuvo que intervenir el ministro de justicia José Antonio Gómez.
Tras ese acuerdo, se señaló que en primera instancia el destino de los comuneros condenados iba ser el Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, pero ante la férrea oposición de su alcalde, Hugo Monsalves y todo el Concejo Municipal, se determinó echar pie atrás en el traslado y fijar como nueva residencia penitenciaria en CET de Angol.
De los comuneros que serán enviados a Angol destacan, Luis Marileo Cariqueo y Leonardo Quijón Pereira, quienes fueron condenados por la justicia a cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel por el robo con homicidio en contra del parcelero y ex candidato a concejal de Ercilla, Héctor Gallardo Aillapán, hecho ocurrido en septiembre de 2012.
Según se pudo acreditar en el juicio, ambos comuneros ingresaron la noche del 1 de septiembre a la parcela 22, del sector San Ramón de Ercilla, para robar algunas especies. Gallardo se percató de eso y acudió en auxilio de un familiar, recibiendo tres impactos de bala, uno de ellos en su cabeza, el cual le causó la muerte.
En el caso de Cristian Levinao, este también fue condenado en 2013 a 10 años de presidio efectivo por los delitos de robo con intimidación y ataque a parceleros en la comuna de Ercilla.
Al contrario de lo que ocurrió en la comuna de Victoria, en donde su alcalde y concejales se movilizaron con la finalidad de evitar el traslado al CET de esa comuna, su colega de Angol, Obdulio Valdebenito, no se mostró crítico con la medida adoptada por el Ministerio de Justicia.
Valdebenito sostuvo que como autoridad de la comuna debe ser respetuoso de las determinaciones que toma otro organismo, en este caso el Ministerio de Justicia.
'Como es una decisión que toma el Ministerio de Justicia, me imagino que tendrá sus argumentos y fundamentos para haber tomado esta decisión, nosotros simplemente no tenemos por qué oponernos a una decisión de esta naturaleza más aún cuando se trata de personas que van a cumplir parte de su condena', dijo la autoridad.
Consultado por el temor que señaló sentir la viuda del parcelero asesinado, quien dijo que las posibilidades de fuga eran inminentes, el edil de Angol dijo que tales miedos deben quedar atrás y confiar en las medidas adoptadas por la institución.
'La inversión es precisamente para poder evitar eso y dar tranquilidad a la población de Angol y a todas las personas que pudiesen sentir temor. Tenemos que confiar en las medidas son las que corresponden', precisó Valdebenito.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, al ser consultado por la inversión en el recinto, sostuvo que por los montos que se están invirtiendo deberían dar garantías.
'Me parece bien que se invierta en seguridad, esperamos que sea efectiva', señaló.
Eso sí, Paulsen no dejo pasar la oportunidad para señalar que oficiará a Gendarmería para saber si los traslados cumplían con los requisitos que se necesitan para estar en un CET.
'De ser correcta la información vamos a tratar de oficiar a Gendarmería para que nos digan si los imputados cumplen con los requisitos para su traslado', sostuvo.
Este medio intentó conocer la visión del director regional de Gendarmería, Luis López Cisterna, pero desde la institución se señaló que está con licencia médica.
'Como es una decisión del Ministerio de Justicia, me imagino que tendrá sus argumentos y fundamentos '
'Vamos a oficiar a Gendarmería para que nos diga si los imputados cumplen con los requisitos para su traslado'.
