Un intermediario informal de Conadi vinculado a la venta de un fundo en la zona costera y que hoy es investigado por la Fiscalía como autor del delito de secuestro, también figura en un documento como testigo de la comunidad mapuche que recibió el predio y que luego lo arrendó a un particular, sin ocuparlo.

Se trata de Patricio Arévalo Navarro, quien ya declaró ante el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velázquez, que el corredor de propiedades informal, Pedro Cornejo -investigado por cohecho- cobraba sobreprecios para obtener una comisión y que le pagaba a funcionarios de la Conadi.

El predio de 102 hectáreas vendido en $365 millones por el entonces propietario, José Manríquez Leal, es uno de los campos de La Araucanía cuya negociación es investigada por la Fiac a por presunto pago de coimas por parte de los 'corredores informales'.

Arévalo relata en su declaración que Pedro Cornejo junto a otra corredora, Dilma Peña, habrían participado en la negociación del fundo Butalón. José Manríquez aseguró en una entrevista a El Austral que pagó una comisión de 12 millones de pesos a los corredores.

El contrato de arriendo donde aparece Arévalo como testigo fue celebrado en Carahue con fecha 22 de julio de 2013 -documento al cual El Austral tuvo acceso- y fue suscrito por nueve miembros de la comunidad Manuel Calfunao de Allipén y un particular que lo utilizará para la siembra de trigo y avena. El arriendo venció el 30 de abril del 2014 y en él se pactó el pagó de $6 millones 500 mil pesos anuales por el uso de 52 hectáreas por un año.

El arriendo de predios adquiridos por las comunidades mapuches no es una práctica nueva. El presidente de la comisión de tierras de Conadi, el consejero nacional Andrés Matta Cuminao, dijo que respecto al arriendo de los predios existe un vacío legal que debe ser normado.

Cuminao afirma que presentó ante la Corporación una propuesta para que se interviniera el proceso de compra de tierras, a raíz de un estudio de la Universidad de La Frontera que concluía que solo el 20% de los predios adquiridos por el 20B (Ley Indígena) están ocupados por las comunidades.

'Aquí hay un tema que tiene que ver muchas veces con la habitabilidad porque a las comunidades se les compra el predio y no tienen donde vivir, no hay luz, no hay agua y con los recursos que ellos tienen no les alcanza. Entonces en la Conadi no hay un programa de habitabilidad para que las comunidad puedan adquirir esos recursos. Hoy día eso se hace por concurso', precisó Matta Cuminao.

Según el consejero nacional, existen varios casos en que finalmente, las comunidades al no contar con los recursos para habitar y explotar los campos, los terminan arrendando al mismo particular. 'Yo creo que desde todo sentido es irregular', enfatizó.

'Lo que tiene que ocurrir aquí es que la Conadi tiene que hacer un proceso de fiscalización y hacer en este contrato que se hace donde las comunidades se comprometen a que durante tantos periodos no van a poder desprenderse del predio, también se comprometan a ocuparlo porque esto no es solamente el negocio para algunos. Cuando es a través del 20B es parte del pago de la deuda histórica y aquí lo que se tiene que hacer es que las comunidades tienen que entender que no pueden estar arrendando los predios porque esos predios son de ellos', dijo el representante mapuche.

Andrés Matta agregó que existe un vacío legal ya que no existe forma de fiscalizar y que en el consejo 'estamos sumamente preocupados por este tema ya que no es un solo caso, es uno de muchos donde ni siquiera existe contrato de arriendo'.

El representante indígena oriundo de Vilcún, sostuvo que a raíz de lo que investigan la comisión de la Cámara de Diputados y el Ministerio Público, espera que se establezca un reglamento que norme el arriendo de los predios y que existan sanciones.

Por su parte, el también consejero nacional de Conadi, Marcial Colín, indicó que se trata de un tema complejo, ya que la política pública está enfocada sólo a la compra de tierras y no el apoyo directo a las comunidades. 'Por ejemplo Indap todavía tiene el viejo concepto de tratar como usuarios a los hermanos mapuches y no como comunidades indígenas'.

'Peor aún es el tema de la vivienda. Una cosa objetiva y lógica es cómo a la gente que se le compra tierra se va a instalar. Es una cuestión muy sencilla entonces los que critican deben entender eso, dónde se instala y cómo se instala la gente', dice el consejero.

Según Colín, las comunidades se ven en la necesidad de arrendar y no cree que la Manuel Calfunao es la única comunidad que haya decidido ofrecer su predio. 'Yo creo que las comunidades tienen el derecho de hacer sus propios negocios, el problema es cómo no está regulado de ninguna forma, entonces finalmente también terminan perdiendo, que eso es lo peor, no creo que sea un arriendo tan beneficioso para ellos', declara.

Por su parte, la consejera Ana Llao se limitó a manifestar que 'hay que esperar que la justicia opere, que haga una investigación súper objetiva, prolija ya que está en pleno proceso (…) al menos yo en mi calidad de consejera he venido denunciando estos hechos desde que asumí y yo quiero que se llegue a resultados caiga quien caiga, aquí no tenemos por qué tener miedo'.

En una declaración ante la Fiac, el corredor Patricio Arévalo señaló que él contactaba a las comunidades y que Pedro Cornejo, conectaba con los dueños de los predios, para luego entregar los antecedentes a la Conadi. Así comenzaba el procedimiento de compra de predios por los que se cobraron jugosas comisiones y que incluso, se habría pagado coimas a funcionarios públicos.

Para los consejeros resulta relevante un proceso fuerte de fiscalización al interior del Fondo de Tierras de Conadi, más aún cuando el intendente Francisco Huenchumilla aseveró en el programa El Informante de TVN que la compra de tierras es una vía relevante para solucionar el conflicto en La Araucanía y que se necesitarían mil millones de dólares para responder a las demandas de reivindicación de las comunidades.

'Una cosa objetiva y lógica es cómo a la gente que se le compra tierra se va a instalar'.

'Hay que esperar que la justicia opere, que haga una investigación súper objetiva, prolija'.