Liderados por el fiscal regional, Cristián Paredes, los persecutores de La Araucanía se reunieron con la comisión que analiza la Ley Antiterrorista, la misma que deberá exhibir sus resultados a mediados de septiembre a través de un informe dirigido al ministerio del Interior.
Los abogados regionales, con experiencia en la investigación de casos delictuales en que se ha invocado la normativa, dieron cuenta de un análisis práctico de la aplicación de la ley 18.314 y de las principales deficiencias para una mayor efectividad. Entre ellas, adaptar en las investigaciones de carácter terrorista, instrumentos legales como el agente encubierto y las entregas vigiladas.
'Hemos mencionado que hay una serie de medidas de investigación que pueden ser adaptadas en este tipo de delitos de investigación antiterrorista que la legislación no contempla. Particularmente hay una serie de instituciones que contempla la Ley de Drogas, la ley 20 mil, a propósito del agente encubierto, entregas vigiladas, etc. Sería deseable contar con ellas', afirmó el fiscal Paredes.
El abogado líder del ente persecutor en la Región precisó que 'se da la paradoja que en nuestro ordenamiento -por ejemplo- existe regulada la entrega vigilada a propósito de la investigación de los delitos de abigeato y no así en hechos tan graves como los delitos terroristas'.
Según la Ley de Drogas, las entregas vigiladas permiten individualizar a quienes tengan participación en los delitos y conocer sus planes.
En tanto, la figura del agente encubierto se describe en la Ley 20 mil como 'el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación'.
La Fiscalía de La Araucanía participó de la reunión liderada por el coordinador de la comisión del ministerio del Interior, Juan Pablo Hermosilla, con los dos abogados de la Fiscalía de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velázquez y Luis Arroyo, además del fiscal jefe de Temuco Alberto Chiffelle; el jefe de la Unidad Jurídica Felipe Mardones; y el jefe de la Unidad de Víctimas, Diego Bizama.
En la ocasión, la Fiscalía también dio a conocer los problemas que presentan en cuanto a la dotación de funcionarios y fiscales para hacerse cargo de las investigaciones y, a su vez, plantearon la necesidad de que se contemple en la nueva legislación antiterrorista mejores mecanismos para hacer más eficaz la protección a las víctimas y de los testigos que participan de los procesos.
'La realidad indica que quien participa asumiendo su responsabilidad como testigo y aportando los antecedentes a un juicio regularmente va a ser víctima de hostigamientos e incluso de ataques a su persona, su familia y sus bienes', precisó Cristián Paredes.
Otro de los tópicos apuntó a cómo la información que se provee del trabajo de inteligencia policial puede ser recogida por la Fiscalía. 'La información de inteligencia está revestida de secreto que sólo a solicitud del fiscal nacional para ciertas materias específicas se puede levantar. Lo que deseamos y que requerimos es que toda la información de inteligencia que es producida por las policías, pudiese ser vertida en el marco de un proceso penal', señaló el fiscal regional.
Desde las 10 de la mañana de ayer y hasta el mediodía, la comisión de expertos revisó cada uno de los puntos deficientes y recogió las necesidades de los fiscales de la Región sobre la Ley Antiterrorista.
El abogado Juan Pablo Hermosilla valoró la discusión en torno a los aspectos de tipificación de los delitos y procesales de la ley, así como también las reuniones que desarrolló la comisión desde el sábado en Temuco, en vista del proyecto que presentará el Gobierno a fines de septiembre para modernizar la normativa.
La comisión de carácter técnico convoca a académicos y, para la elaboración de su informe, ya se ha reunido con diversos actores como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); la ANI; las policías; el Fiscal y el Defensor nacional y ONG's, entre otras instituciones.
'Hemos tenido un sistema de trabajo en que hemos tratado de escuchar a la gente que tiene una opinión fundada sobre lo que está pasando con la Ley Antiterrorista desde distintos ángulos', explicó Hermosilla.
En La Araucanía, la comisió se reunió además con la Defensoría, abogados de víctimas de atentados y el intendente, Francisco Huenchumilla.
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'Hemos escuchado a la gente que tiene una opinión fundada sobre la Ley Antiterrorista'.
'Ha sido una reunión muy fructífera en la cual la comisión ha escuchado la visión de la Fiscalía'.
