'Estamos ante el mismo perro, pero con distinto collar'. Con esta analogía, el presidente de la Confederación de Colegios Particulares Subvencionados de La Araucanía (Conacep), Nelson Pinilla, describe la molestia que existe en el gremio respecto de las indicaciones que acogió el Gobierno e incorporó al proyecto de ley que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíble el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

Al respecto, el vicepresidente de Conacep Araucanía, Ricardo Barría, confirmó que luego de realizar distintas reuniones con los asociados en el país, 'estamos en condiciones de informar al Gobierno y al país, que los colegios particulares subvencionados, en su inmensa mayoría, así como está planteado el proyecto, no podrán transformarse en corporaciones ni fundaciones'.

Puntualmente en esta materia, los sostenedores de Conacep aluden que existe una división no zanjada con el Gobierno ni el Ejecutivo respecto del derecho de propiedad de los establecimientos, situación que en opinión de Barría, 'sólo deja dos caminos: cerrar el colegio o transformarse en particular pagado, escenario al que naturalmente sólo algunos colegios de la Región pueden optar'.

Barría criticó duramente el acuerdo al que llegó el Gobierno y la Iglesia Católica y que ofrece la posibilidad de que se pueda mantener el arriendo de inmuebles y terrenos de colegios entre entidades relacionadas, pero sin fines de lucro a un 11% del avalúo fiscal. 'Es muy feo que los curitas, entre comillas (como les llamo yo) hayan negociado a espaldas del resto un acuerdo que les acomodara a ellos patrimonialmente, porque la verdad es que detrás de sus colegios y los nuestros están los mismos papás', enfatizó.

Por su parte, el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, afirmó que si 'se lee bien, las indicaciones que está presentando el Ejecutivo favorecen a las instituciones sin fines de lucro y la verdad es que quienes están dentro de esa opción deberían considerar como muy razonables dichas indicaciones'.

Consultado el seremi de Educación, Marcelo Segura, respecto de si detrás de las indicaciones hubo o no una doblada de mano al Gobierno, éste explicó que 'no hay nada de eso'.

Agregó que 'lo que sí hay en estas indicaciones es una política del ministerio de llegar a los acuerdos más amplios posibles y en ese sentido lo que se está estableciendo es que la reforma tenga uno de los mayores consensos posibles en toda la clase política y también en todos los sectores educacionales que hoy están prestando servicios', planteó.

Dentro de las indicaciones que mandó el Gobierno se sigue exigiendo que para que un sostenedor impetre la subvención debe ser dueño del inmueble y no tener hipotecas.

En esta premisa se funda la división que existe entre los sostenedores y el Gobierno, ya que en el fondo lo que está en juego es el patrimonio del sostenedor, el cual está protegido en una sociedad de responsabilidad limitada.

'Si uno como sostenedor tiene un inmueble que vale, por ejemplo, mil millones de pesos y que se ha construido en 30 años de trabajo, ahora nos dicen que la opción es que el Estado lo compre utilizando el avalúo fiscal que se sabe que es mucho más bajo que lo que vale una casa', planteó Barría.

Añadió que la segunda opción 'que nos deja el Estado es entregarlo en comodato y cobrar un sueldo razonable, pero nadie ha definido límites. Ahora qué sueldo razonable va a tener un sostenedor de campo que apenas le alcanza para pagar los sueldos'.

El presidente de Conacep Araucanía, Nelson Pinilla, acotó que el mayor problema que representa el hecho de que el Estado compre el inmueble a un 11% del avalúo fiscal a un plazo de 25 años 'es la incertidumbre si proyectando la ley se va a poder cumplir con los compromisos bancarios adquiridos'.

'Es imposible no pensar que si nos transformamos en corporación o fundación sin fines de lucro y el día de mañana se produce un éxodo del alumnado al sistema público, cómo vamos a pagar dicho compromiso si el dinero sale de la propia subvención. Yo creo que los sostenedores van a tener que pensarlo mucho, ya que la incertidumbre y la posibilidad de quiebra en el tiempo es un hecho concreto y frente a eso estamos desprotegidos', acota Pinilla.

El sostenedor del Liceo Camilo Henríquez, Héctor Zambrano, pese a que cree que se avanzó bastante en algunos puntos como en lo referente al copago y la admisión, concuerda con sus pares en que 'con estas indicaciones sólo la Iglesia Católica se benefició de manera particular, mientras que nosotros seguimos teniendo los mismos problemas de propiedad'.

Consultado por el futuro del establecimiento, Zambrano dijo que 'esperaremos el resultado definitivo de la reforma y 'con ella en mano vamos a decidir qué haremos'.

'Esperaremos el resultado definitivo de la reforma y con ella en mano veremos qué hacemos'.

'Es muy feo que los curitas hayan negociado a espaldas del resto un acuerdo que les acomodara a ellos patrimonialmente'.

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