En horas de la madrugada de ayer fueron trasladados hasta el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol, los tres comuneros mapuche que realizaron a principios de este año una huelga de hambre en la Cárcel de Temuco, pidiendo ser llevados a otro penal de carácter abierto en la misma región de La Araucanía.
Se trata de Luis Marileo Cariqueo, Leonardo Quijón Pereira y Cristian Levinao, quienes tras su primer ayuno fueron trasladados hasta la cárcel de Victoria. En ese lugar permanecieron hasta que nuevamente realizaron una huelga de hambre en julio de este año, demandando el cumplimiento de los tratos pactados con Gendarmería, situación que finalmente, se cumplió en horas de la madrugada de ayer.
Según comentó el vocero de los tres presos mapuche, Fredy Marileo, 'acabamos de llegar de visitarlos. Ellos están muy contentos por el triunfo de las comunidades, además de la resistencia y de toda la gente que apoyó la huelga'.
El comunero agregó que los nuevos internos llegaron en buenas condiciones al CET de Angol, recinto en el cual Gendarmería invirtió cerca de 380 millones de pesos para remodelar las instalaciones, que son de su propiedad.
'Este es un triunfo, logramos doblarle la mano al Gobierno en este caso. Esta condena fue plenamente por motivos políticos', aseveró Marileo.
El portavoz mapuche además adelantó que los tres comuneros podrían en el futuro recibir visitas de forma diaria.
'La idea es que ellos tengan visitas todos los días en un horario más flexible', consignó Marileo, quien agregó que 'ahora queda la revisión de la Ley Antiterrorista, dentro de este mes se debería conocer eso. Tras ello se podría ver la posibilidad de una posible rebaja en la condena o que sus casos nuevamente sean revisados. Eso era parte del petitorio'.
Las críticas al traslado efectivo de los presos mapuche -dos de los cuales dos fueron condenados por el crimen del parcelero de Ercilla, Héctor Aillapán- no se hizo esperar.
Fue así como Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía, aseveró que 'mantenemos lo que hemos dicho siempre, nos parece muy mal que haya sucedido esto puesto que deja claro que hay ciudadanos de diferente categoría en nuestro país. Para cualquier ciudadano que está detenido y que quiere acceder a beneficios, primero debe tener una conducta intachable, cosa que aquí no ha sucedido. Además debe haber cumplido un tercio de la pena, lo que tampoco ha pasado'.
El dirigente de la agrupación agregó que 'esto dicta un pésimo precedente, este Gobierno no ha tenido los pantalones para ponerle coto a la violencia en La Araucanía'.
Apraiz agregó que 'no nos sorprende la decisión, hace tiempo que veníamos esperando que esto sucediera, es una muestra más de que las víctimas siguen sufriendo producto de estas situaciones. Se le da más atención a los victimarios que a las propias víctimas'.
Alejandro Martini, director ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía, señaló que 'hemos manifestado en todos los tonos que rechazamos absolutamente esta determinación, porque está totalmente fuera del margen de lo que la ley permite. Ellos recién están empezando a cumplir su condena para recibir beneficios'.
Martini agregó que 'me gustaría que las autoridades le vayan a explicar a la familia del parcelero asesinado en Ercilla por qué las personas condenadas por el crimen están gozando de beneficios a sólo un par de meses de cumplir condena'.
El director de los gremios productivos de la Región indicó que 'nos duele que en nuestra Región bandas armadas con entrenamiento paramilitar sean calificadas como delincuentes comunes o como efectos de problemas sociales en La Araucanía, siendo hechos similares al ataque terrorista de Santiago. Esto debilita a las instituciones y genera un clima de inseguridad en la Región'.
'Este Gobierno no ha tenido los pantalones para ponerle coto a la violencia en La Araucanía'.
'La justicia los condenó por asesinar a sangre fría a un parcelero. No deben tener estos beneficios'.
