Las denominadas 'fuerzas vivas' de Pucón se encuentran trabajando para reunir los dineros que deben pagar los pobladores para que se electrifique la población 'Obispo Valdés'. Se trata de 178 familias que carecen del aporte que les corresponde hacer, de modo que se realizan múltiples beneficios para conseguir el dinero.
El reciente atentado terrorista que afectó a un centro comercial en Santiago sorprendió al país en medio de un debate para introducir modificaciones a la Ley Antiterrorista. Este ataque logró que al fin nuestras autoridades reconozcan que en Chile hay terrorismo, pues la reacción del Gobierno, encabezado por la Presidenta de la República, fue llamar a una reunión de carácter urgente a las fuerzas políticas, donde la unanimidad de los presentes acordó entregar todo el respaldo para modificar este cuerpo legal. Sin embargo, tras esta medida nos dimos cuenta de que frente a la escalada de violencia que afecta a La Araucanía la situación es catalogada de otra forma por el Ejecutivo, es más, pareciera que somos ciudadanos de segunda categoría.
Si bien el acto terrorista perpetrado en la capital, es un ataque que debemos condenar todos los chilenos porque causó daños y sufrimiento a compatriotas inocentes, también hay que señalar que los ciudadanos de regiones, vemos con decepción la mirada centralista que tiene el Gobierno a la hora de calificar este tipo de ataques, pues habiendo sucedido atentados más graves y peores en la Región, que incluso han terminado con la vida de personas, las autoridades han rechazado aplicar esta ley.
Los sectores productivos de la región desde hace tiempo hicimos ver que ningún Gobierno puede renunciar al ejercicio de este tipo de leyes, ya que en casos como los que suceden en La Araucanía, las leyes normales no bastan para combatir la violencia. En este sentido, las cifras del Barómetro de Conflictos con connotación indígena son categóricas, ya que sólo en el primer semestre 2014 se han registrado 106 denuncias por actos violentos.
Frente a lo anterior, los camioneros esperamos que las autoridades políticas actúen con firmeza, pensando en el bien del país y que las modificaciones que se realicen a la Ley Antiterrorista estén al servicio de los ciudadanos y no de los violentistas. También, aprovechamos la oportunidad para transmitirle a las autoridades de los tres poderes del Estado que las leyes que se encuentren vigentes, siempre deben ser invocadas y aplicadas a quienes resulten responsables de este tipo de ataques, ya que mientras exista impunidad y triunfen los terroristas y delincuentes no podrá existir paz en nuestro país.
Los vecinos de Temuco están protestando cada vez con mayor fuerza ante el lamentable espectáculo que ofrece el cablerío aéreo de las diversas empresas de telecomunicaciones, parte del cual suele colgar en distintos sectores constituyendo un riesgo para la seguridad de los peatones.
Es efectivo que soterrar los mismos tiene un altísimo costo, habida consideración de que nunca hubo prohibiciones para continuar tendiéndolos en las alturas y convirtiéndose en un verdadero atentado en contra de la estética urbana. Sin embargo, puede haber soluciones para, al menos, disminuir en parte este feo panorama.
Los reclamos de los vecinos llevan ya muchos años y estas empresas nada han hecho para que estos tendidos ofrezcan un aspecto algo más razonable.
Hay algunas ciudades en que las telecomunicadoras han concordado con la autoridad municipal el retiro de todos aquellos cables fuera de servicio y que, pese a estar en desuso, siguen aumentando ese caudal que en algunas partes ya no deja ver el cielo.
Lo anterior es un avance, insuficiente, pero es lo que se puede exigir como solución inmediata y entendiendo que eso es de la exclusiva responsabilidad de estas empresas y deben responder por ello.
Está vigente un acuerdo a nivel nacional para proceder al retiro en las ciudades de Iquique, Copiapó, Antofagasta, La Serena, Valparaíso -se sacó 19 mil kilos en una primera etapa-, Concepción -empezó el trabajo hace poco- y Valdivia.
Asimismo ha habido acuerdos para hacerlo en Coquimbo, Chillán, Región Metropolitana y otras comunas. En ninguna de las informaciones públicas se hace mención a Temuco, donde el problema es creciente y se desconoce cualquier iniciativa al respecto.
La idea, en todos los casos señalados, es retirar el material en desuso y ordenar de la mejor forma el material vigente para darle a esas urbes un aspecto más amigable y entregarle más seguridad a quienes circulan por las veredas.
La autoridad debe preocuparse de avanzar lo más posible en este tema.