Hasta ayer eran 67 los internos de todo el país que portaban en sus tobillos el novedoso sistema telemático, que consta de un GPS para monitorear cada paso de que den aquellas personas que hayan sido condenadas y que cumplan con medidas alternativas como reclusión parcial diurna, nocturna y de fin de semana.
La lista la pasaron a engrosar dos reos más, de Temuco y Angol, quienes de forma voluntaria decidieron sumarse a este programa que entre otras cosas busca poder bajar el número de internos en las cárceles del país y la Región.
En palabras simples, lo que portan estas personas condenadas en distintos tribunales del país son unas modernas tobilleras, fabricadas en los Estados Unidos y distribuidas por la empresa Secure Alert, las cuales emiten señales a través del sistema GPS hasta personal de Gendarmería en Santiago, quienes vigilarán que las personas estén en los recintos donde informaron al tribunal que cumplirán sus medidas alternativas.
La seremi de Justicia, Claudia Lecerf, precisó que este nuevo dispositivo que debutó ayer en la Región, puede ser utilizado por aquellos internos condenados con reclusión parcial y que hayan sido condenados a penas inferiores a 3 años y un día de presidio.
'Pueden acceder a este beneficio las personas que han sido condenadas a la reclusión parcial y personas que tengan penas que no sean superiores a 3 años', dijo la seremi.
Todas aquellas personas, que por haber cometido un delito menor y que por lo baja de su condena puedan acceder a las penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva y de reclusión parcial domiciliaria, podrán optar a este sistema.
Claro que eso deberá estar bajo común acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público, quienes luego oficiarán al tribunal.
El paso siguiente es solicitar a Gendarmería un informe de factibilidad técnica para aplicar dicho sistema, el cual deberá ser entregado en un plazo máximo de 15 días al solicitante, el que luego deberá ser presentado al tribunal.
Al respecto, el director regional de Gendarmería, coronel Luis López Cisterna, sostuvo que 'ese informe es de carácter técnico y nosotros valoraremos los aspectos asociados a dicha medida'.
López Cisterna aclaró que la persona que quiera acogerse a este beneficio o sea solicitada por una de las partes (Defensoría y Fiscalía), y no cumpla con el más mínimo requisito, la entidad no dará el visto bueno a la aplicación del beneficio.
Según las autoridades, el dispositivo electrónico es infalible. Su nombre técnico es ReliAlert XC y consta de una sola pieza, que cuenta con una batería interna que es capaz de soportar 24 horas -aunque se aconseja cargar al menos 2 horas al día - y posee una comunicación hasta tridimensional.
De hecho, las personas que accedan voluntariamente a este dispositivo podrán establecer una conversación con los encargados de monitorear el sistema en Santiago. Consultadas las autoridades por la seguridad del aparato, estos señalaron que la tobillera posee pernos que no están en el mercado local, lo que hace casi imposible su destrucción.
Además, las personas incluso podrán hasta ducharse sin temor a que el sistema sufra algún desperfecto. Según reza en su manual, es capaz de resistir por 30 minutos a 1,5 metros de profundidad y en caso de existir algún desperfecto, este emite instantáneamente una señal sonora para advertir a los operadores.
Si el condenado pudiese destruir y/o intervenir el artefacto, este deberá responder por el delito de daños y en caso de sufrir algún desperfecto y el usuario no lo informa, el tribunal podrá dejar sin efecto la sustitución de la pena.
Consultada la Defensoría Penal Pública por la aplicación de este medida, fue bien recibida en la entidad.
A juicio del jefe de Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Mario Quezada, la adopción de esta tobillera puede ser beneficiosa para aquellas personas que cumplan condenas inferiores a tres años de presidio, puesto que estarían fuera del círculo carcelario, con todo lo que eso conlleva.
'Esta medida permite que las personas puedan cumplir las penas de reclusión en sus casas y no en centros de Gendarmería, en donde se producían problemas de hacinamiento y de contaminación criminógena, lo que significaba que no se cumplía con este objetivo de reinserción', sentenció Quezada.
Lorenzo Lovera
US$ 1.000
