Dos parlamentarios de la Nueva Mayoría de la Región se abstuvieron de tipificar el lucro como un delito calificando la medida como 'excesiva'. La opción de los diputados impidió que fuera aprobada la indicación que penaba con cárcel al sostenedor que no devolvieran los dineros utilizados con otros fines que no fueran los educacionales.

Se trata de los diputados Fuad Chahin (DC) y Joaquín Tuma (PPD), quienes junto a otros 6 parlamentarios oficialistas se abstuvieron de votar, por lo que no hubo el quórum necesario para aprobar la medida.

En el otro lado, tanto René Saffirio, como Mario Venegas, ambos DC, votaron a favor de la iniciativa.

Este martes la Cámara Baja votó en un 99% a favor, con apoyo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, Independientes y regionalistas la reforma a la educación propuesta por el Gobierno. El proyecto original del ministerio, según explicó el seremi de la cartera, Marcelo Segura, tiene el espíritu de garantizar los derechos de acceso y no discriminación de los niños y jóvenes a la educación.

Sin embargo, lo que se esperaba fuera una noticia positiva se transformó en una discusión política que empañó la celebración para el Gobierno.

Lo anterior, luego que diputados de la Nueva Mayoría, entre los cuales están dos de La Araucanía, se abstuvieran de penalizar el lucro con cárcel.

El diputado Fuad Chahin, uno de los que no se sumó a la iniciativa, que ingresó como una indicación de la diputada DC, Yasna Provoste, se defendió de las críticas señalando que 'solo me abstuve de un tema, que tiene buenos argumentos, tanto a favor como en contra, pero que no era un artículo patrocinado por el Gobierno... por cuanto la pena de cárcel por el no pago de la multa, me parece algo excesivo', explicó Chahin.

En esta misma línea estuvo, Joaquín Tuma, quien agregó que la legislación actual tiene figuras que pueden utilizarse en estos casos y que no lo convencieron los argumentos.

Todo lo contrario opinaron René Saffirio y Mario Venegas.

Según Saffirio, quien participó del diseño de la indicación, 'en distintos cuerpos legales (del proyecto original del Gobierno) se establecen limitaciones, prohibiciones, restricciones con sanciones que consisten en multas y en que resulta mucho más favorable para el infractor pagarla que no cometer la infracción. En el proyecto nuestro se establecía la obligación de reembolsar y devolver subvenciones que hubieren destinado a fines distintos y en caso de negarse a devolver lo destinado a otros fines, recién podía iniciarse una acción judicial para una sanción penal', explicó.

'Lo que desde mi punto de vista va a ocurrir, es que a algunos de los que destinen fondos de la subvención a otros fines van a preferir pagar la multa y con eso van a salvar su responsabilidad legal', sentenció René Saffirio.

Advirtió que el proyecto del Gobierno no evita el lucro. 'Cuando no hay sanciones que son compatibles con la magnitud de la infracción, por supuesto que queda una ventanita abierta para seguir lucrando. Es lo que pasa con las farmacias que siguen coludidas fijando precios y pagando multas' acusó Saffirio.

Por la opinión de Chahin y Tuma, el diputado Saffirio explicó que 'hay quienes asimilan esta figura a la malversación de caudales públicos, pero se equivocan porque ese delito solo puede ser cometido por un funcionario público y los sostenedores no son empleados públicos. Hay otros que sostienen que la figura penal es la estafa, pero todos conocemos lo difícil que resulta en un tribunal probar un delito de estafa, entonces el diputado Chahin, la verdad es que siempre estuvo con una posición distinta de la idea de aplicar una sanción penal a quienes precisamente destinaren fondos de las subvenciones para fines no educacionales', afirmó René Saffirio.

El diputado Venegas, en tanto, agregó que 'es necesario si queremos cumplir con poner fin al lucro, tipificarlo como delito, así como está es efectivamente sólo una falta', aseguró el parlamentario, quien además lamentó el resultado de la votación y que éste a su vez empañara la aprobación del proyecto de reforma educacional.

La indicación ahora puede ser repuesta en el Senado. Sin embargo, el legislador por Malleco, Jaime Quintana (PPD), dijo que 'no creo que vaya a concitar mayor atención en el debate del Senado porque es lateral en la discusión. No descarto que pueda tipificarse como delito el lucro, creo que hay buenos argumentos y los analizaremos en su tenor'.

Cabe señalar que todos los parlamentarios de RN de La Araucanía votaron en contra de la indicación.

'La pena de cárcel, por el no pago de una multa (a los sostenedores que usen mal los recursos) me parece algo excesivo'.

'Los que destinen fondos de la subvención a otros fines van a preferir pagar la multa para salvar su responsabilidad'.

El ministro en visita extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso y prisión preventiva, como autor, coautores, cómplices y encubridores a 18 ex funcionarios del Ejército y de Carabineros de Chile, acusados de los delitos de apremios ilegítimos en las personas de Gabriel Segundo Contreras Poza y Segundo Orlando López Araneda, perpetrados en la comuna de Puerto Saavedra, en el mes de octubre de 1973.

Se trata de los ex uniformados: Jorge Del Río Del Río, Juan Silva Rebeco, Héctor Moncada Sepúlveda, Roberto San Martín Pérez, Daniel Riquelme Reyes, Carlos Brunevald Huaiquilao y Miguel Rubio Diocaretz como coautores y a César Anziani Riquelme, como autor del delito de apremios ilegítimos en la persona de Segundo Orlando López Araneda y como cómplice del mismo delito en la persona de Gabriel Segundo Contreras Poza.

Asimismo, el magistrado sometió a proceso y prisión preventiva a Hernán Molina Vera, Rafael Recabal Bascuñán, José Garrido Bustos y Sebastián Muñoz Gangas como cómplices y a Aldo Castro Tapia, Luis Casanova Águila, Ernesto Ortega Saavedra, Enrique Merino Sagardía, Olegario Alba Martínez y Waldamiro Rebolledo Burgos como encubridores de los delitos de apremios ilegítimos en la misma causa rol número 27.530.

La investigación por delitos de lesa humanidad ocurridos a inicios de la dictadura militar, detalla 'que las personas detenidas, individualizadas precedentemente, fueron sometidas a interrogatorios y apremios ilegítimos al interior de la Tenencia de Carabineros de Puerto Saavedra o en el sector de las caballerizas, acciones que fueron dirigidas por el capitán de Ejército que comandaba la patrulla militar proveniente de Lautaro y en la que participaron, además, los otros oficiales de Ejército, algunos clases y conscriptos de confianza del capitán. Asimismo, en estas acciones tuvo participación activa de a lo menos un cabo de Carabineros y de carácter presencial el teniente de Carabineros de Puerto Saavedra y algunos carabineros de la Tenencia, siendo de conocimiento general por parte del resto de la dotación de Carabineros de Puerto Saavedra la naturaleza de las acciones que este grupo realizaba'.

La causa rol número 27.530, instruida por el ministro Mesa precisa 'que Segundo López , simpatizante del Partido Socialista para septiembre de 1973, se presentó en la Tenencia de Puerto Saavedra ante un requerimiento efectuado por la autoridad, en tanto Gabriel Contreras fue sacado de su domicilio.