na confusa situación entre el Ministerio Público y Carabineros de la Octava Comisaría quedó al descubierto ayer en Temuco, luego que el personal policial decidió retornar a sus padres a dos menores de 14 y 16 años que fueron trasladados a la unidad policial tras haber sido sorprendidos detonando un artefacto de ruido en el sector poniente, en un barrio residencial de la capital regional.

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas en la calle Las Nieves, ubicada en el sector Lomas de Mirasur, a metros del cuartel de la Octava Comisaría de Carabineros. Allí, un número indeterminado de jóvenes hizo detonar el artefacto provocando la preocupación en los vecinos.

Según señaló el comisario de la Octava Comisaría, el mayor Cristian Mansilla, 'la bomba corresponde a un artefacto de expansión forzada, hecha normalmente con una botella de plástico, ácido muriático y trozos de aluminio. Debido a la presión interior la botella explota y genera una explosión altamente ruidosa'.

Tras el hecho, Mansilla relató que dos menores de edad lograron ser capturados por la policía en las inmediaciones del lugar.

'Realizamos el procedimiento de rigor y después de informar del hecho al fiscal de turno, se dispuso que los jóvenes fueran entregados a sus padres bajo acta', indicó el comisario, quien agregó que producto del hecho 'no hubo ninguna persona lesionada ni tampoco se produjeron daños a terceros. El ruido igual llamó la atención de la gente ya que la explosión es fuerte, pero sólo generó conmoción pública de los vecinos del sector'.

Al ser consultado el Ministerio Público respecto de por qué los menores fueron regresados a sus padres, considerando que Carabineros hablaba de un delito flagrante, se entregaron versiones distintas.

El Ministerio Público, a través de la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía, dijo a este medio que el fiscal Juan Pablo Gerli se encontraba de turno a la hora de ocurrido el hecho y que al recibir un llamado de Carabineros sobre el procedimiento, el funcionario en ningún momento le comunicó que había dos personas en calidad de detenidas y que la información proporcionada fue confusa.

Desde la Fiscalía se precisó que Carabineros alteró el sitio del suceso trasladando la botella utilizada para confeccionar la bomba hasta la unidad policial y que en ningún momento se llamó al Laboratorio de Criminalística (Labocar) como indica el protocolo en este tipo de delitos.

Al respecto, el prefecto de Carabineros, coronel Oscar Oettinger, en tanto, sostuvo que 'en su calidad de menores, bajo la Ley de Responsabilidad Penal, el fiscal dispuso que los jóvenes detenidos fueran entregados a sus padres. En estos casos nosotros solamente informamos al fiscal, quien tiene que determinar si el hecho es constitutivo de delito'.

Consultado sobre presuntas irregularidades en el procedimiento y alteración en el sitio del suceso, el prefecto de Cautín dijo que 'todos los procedimientos los analizamos y normalmente tratamos de no cometer ningún error. Hay que ir analizando caso por caso y ver más en detalle si hubo algún error o no'.

Oettinger sí precisó que lo que quedó del artefacto casero fue remitido para su análisis en el Laboratorio de Criminalística.

'Los restos son remitidos para las pericias que realiza el Laboratorio de Criminalística para determinar exactamente el químico que se usó en la botella plástica y el metal que produjo la reacción', detalló el prefecto.

El 22 de febrero del 2011 ocurrió un hecho similar en la calle Los Establos frente al número 1508 en la villa Juan Pablo Segundo en Temuco, donde N.P.R., de 18 años, quedó lesionado luego de explotarle una botella con ácido muriático y papel aluminio.

En esa ocasión, el joven quedó detenido por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos, según dispuso el fiscal del Ministerio Público Jaime Pino y a diferencia del caso de Las Lomas, el joven pasó al Juzgado de Garantía.

En la audiencia el fiscal Alberto Chiffelle formalizó investigación en contra de N.P por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

El artículo en particular sanciona a quienes estén en posesión o tenencia de artefactos en base a corrosivos destinados al lanzamiento o activación. 'Nosotros no compartimos la versión del imputado. A nuestro parecer ese artefacto tenía un objetivo. El imputado se dirigía a algún lugar y vamos a tratar de demostrarlo en la investigación', explicó el fiscal. en esa ocasión.

Si bien aún está la discusión sobre el daño que podría provocar una bomba de ruido, el único caso cercano que se conoce en el país es de Alejandro Torres, de 26 años, quien fue formalizado por manipular una bomba de ruido que amputó el pie del hincha de Universidad de Chile Nicolás Correa en el partido de Copa Chile en que este equipo se enfrentaba con Magallanes, que se jugó en junio del 2014.

El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, confirmó que la Fiscalía de Temuco abrió una investigación por la denuncia que presentó el abogado temuquense, Sergio Díaz, por los delitos de allanamiento ilegal y robo contra un comerciante de Temuco.

Chiffelle precisó que la causa quedó en manos del fiscal Juan Pablo Salas y que se despachó una orden a la Unidad de Robos.

El persecutor penal sostuvo que el allanamiento realizado al domicilio de Diego Ortiz, ubicado en calle Serrano 630, en el sector San Antonio de Temuco, se hizo de acuerdo a una orden de entrada y registro solicitada al tribunal.

'De hecho consta en los antecedentes que a las 18 horas con 45 minutos del 16 de octubre, la fiscal Adelina Barriga comunicó a la Brigada Antinarcóticos que el juez de Garantía, Luis Olivares, habría autorizado para que dispusiera la entrada y registro al domicilio', afirmó.

Chiffelle precisó que esta es una investigación que nace a raíz de las tantas herramientas que contempla la ley 20.000, donde se indicaba que en este domicilio se mantenía una cantidad de droga, concretamente marihuana del tipo prensada, la que estaba siendo comercializada entre vecinos del sector.

El fiscal afirmó que la policía, 'en un informe que nos envía, dice que hacen vigilancia en este domicilio, constatan que los imputados viven en el domicilio, que hay entrada y salida de personas en ese inmueble, por eso solicitan la orden de entrada. También existe constancia que a las 19 horas con 15 minutos se cumple con la entrada y registro a esta casa. En el domicilio no había moradores y se procede con la incautación de especies que están en el acta, una cantidad no menor de droga, alrededor de 200 gramos, un televisor, un notebook, dos teléfonos celulares, una cédula de identidad, todo se incautó para ser revisado y porque son elementos que podrían servir para la comisión del delito y pueden servir para medios de prueba'.

El fiscal dijo que esta es una incautación autorizada por la Ley 20.000, donde todos estos objetos son revisados. 'La ley 20.000 permite la incautación de bienes, ya que se puede atribuir la adquisición de los bienes a la venta de droga'.

Hay que precisar que en el acta que está en poder del Ministerio Público no aparecen como elementos incautados el dinero en efectivo ni los dos kilos de carne que precisa en la denuncia el abogado Sergio Díaz.

Para el denunciante es muy extraño que la policía incaute diversas especies de un domicilio presumiendo que los comerciantes compraron los artículos vendiendo droga y que no haya ningún formalizado.