Cambios a la Ley Indígena
Actualmente el Congreso Nacional se encuentra analizando el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, en el que se incluye el de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi. En particular, el proyecto de ley respectivo contempla un aumento de más de un 70% en el gasto destinado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, razón por la cual conviene reflexionar sobre algunos puntos.
En primer lugar, el problema de pobreza en las comunidades mapuches se debe en gran medida a factores que afectan la productividad de las tierras entregadas, como son la falta de capital de trabajo y la falta de asistencia técnica.
La Ley Indígena 19.253 impide a los mapuches arrendar o dejar en garantía sus tierras para obtener créditos que les permitan trabajar las hectáreas recibidas cuando así lo deseen, así como tampoco disponer de ellas en ciertos casos.
Por lo anterior, es indispensable poder generar formas de acceso al crédito con garantía estatal para pequeños agricultores indígenas que deseen trabajar sus tierras en forma productiva.
Asimismo, resultaría conveniente estudiar cambios a esta ley que faciliten la venta de tierras indígenas dentro de los límites urbanos, cuando las comunidades propietarias así lo resuelvan, y permitan el arriendo libremente de tierras adquiridas en comunidad, con ciertas restricciones.
De otro modo, las tierras entregadas no generarán mayores cambios en la situación de pobreza en que viven estas comunidades.
Debido a la dificultad que experimenta Conadi cada vez más para comprar tierras en la Región, se deben estudiar mecanismos compensatorios alternativos (vivienda, educación, desarrollo productivo) para las comunidades que así lo acuerden, incorporando además a indígenas urbanos, todo ello en conformidad con lo señalado en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.
Es necesario que se tome conciencia que las políticas indígenas deben ser políticas de Estado y que es necesario desarrollar una estrategia, cuyo diseño provenga de la Región e incluya a la población mapuche y no mapuche, y que incorpore una legislación acorde a los nuevos desafíos internacionales en materia indígena, en favor del mejoramiento de la calidad de vida y la paz social de La Araucanía.