Actualmente el Congreso Nacional se encuentra analizando el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, en el que se incluye el de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi. En particular, el proyecto de ley respectivo contempla un aumento de más de un 70% en el gasto destinado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, razón por la cual conviene reflexionar sobre algunos puntos.

En primer lugar, el problema de pobreza en las comunidades mapuches se debe en gran medida a factores que afectan la productividad de las tierras entregadas, como son la falta de capital de trabajo y la falta de asistencia técnica.

La Ley Indígena 19.253 impide a los mapuches arrendar o dejar en garantía sus tierras para obtener créditos que les permitan trabajar las hectáreas recibidas cuando así lo deseen, así como tampoco disponer de ellas en ciertos casos.

Por lo anterior, es indispensable poder generar formas de acceso al crédito con garantía estatal para pequeños agricultores indígenas que deseen trabajar sus tierras en forma productiva.

Asimismo, resultaría conveniente estudiar cambios a esta ley que faciliten la venta de tierras indígenas dentro de los límites urbanos, cuando las comunidades propietarias así lo resuelvan, y permitan el arriendo libremente de tierras adquiridas en comunidad, con ciertas restricciones.

De otro modo, las tierras entregadas no generarán mayores cambios en la situación de pobreza en que viven estas comunidades.

Debido a la dificultad que experimenta Conadi cada vez más para comprar tierras en la Región, se deben estudiar mecanismos compensatorios alternativos (vivienda, educación, desarrollo productivo) para las comunidades que así lo acuerden, incorporando además a indígenas urbanos, todo ello en conformidad con lo señalado en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Es necesario que se tome conciencia que las políticas indígenas deben ser políticas de Estado y que es necesario desarrollar una estrategia, cuyo diseño provenga de la Región e incluya a la población mapuche y no mapuche, y que incorpore una legislación acorde a los nuevos desafíos internacionales en materia indígena, en favor del mejoramiento de la calidad de vida y la paz social de La Araucanía.

Por segundo año consecutivo El Austral ha impulsado la campaña 'No al Bullying', que nació en 2013 para llamar la atención sobre los crecientes casos de violencia entre estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, y de los cuales de manera regular hay habitual y tristemente suficiente evidencia gracias a las redes sociales y a Internet. Esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de la Universidad Santo Tomás, municipios de la Región y la empresa privada, ha buscado socializar en las comunidades educativas la importancia de una adecuada convivencia escolar, las señales a las que hay que atender para detectar el bullying, y las estrategias de contención y reparación para solucionar los conflictos entre niños y jóvenes.

Enmarcada en esta campaña, la conocida sicóloga británica Sylvia Langford, autora del libro 'Upps, formé un mamón' y con una vasta trayectoria en la atención a niños y jóvenes en su condición profesional, dictó una clarificadora charla acerca de la convivencia escolar en el Teatro Municipal de Temuco, ante decenas de padres y apoderados, profesores y estudiantes universitarios. En la exposición, dejó en claro que gran parte del problema que sufren hoy muchos niños y jóvenes diagnosticados con diversos tipos de trastornos es de responsabilidad de los adultos a cargo, los que no han sabido o no han podido criar a sus hijos, ya sea evadiendo o bien abusando de su rol de autoridad familiar.

Para mejorar la convivencia escolar y disminuir así los episodios de bullying asoma como relevante inculcar en los niños y jóvenes tres valores, según explicó la charlista: trabajo sistemático, esfuerzo y disciplina. Y por el lado de los adultos, que éstos logren transmitir tranquilidad, paciencia, claridad, cercanía, coherencia y sistematización.

Lo que ha quedado en evidencia es que tanto las comunidades educativas como las propias familias son responsables de mejorar la convivencia en los establecimientos educacionales mediante la formación de niños seguros de sí mismos que sepan desenvolverse en ámbitos con reglas conocidas. Por cierto que es una tarea monumental, pero imperiosa si existe la decisión de acabar con el bullying.