La histórica protesta que 750 camioneros protagonizaron el 17 de octubre de este año para exigir más seguridad en las rutas, tuvo repercusiones en materia judicial, ya que ahora el gremio enfrenta tres querellas que la Intendencia de La Araucanía presentó en los juzgados de Temuco, Angol y Collipulli, por el delito de desórdenes públicos.
Si bien en un comienzo se hablaba de acciones por disturbios solo en Malleco, el Gobierno Regional confirmó que existe una tercera querella presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco.
Las acciones judiciales se basan en los reportes de Carabineros, los que indican que en Collipulli los choferes realizaron cortes de tránsito esporádicos entre los kilómetros 573 y 574 de la Ruta 5, que en Angol un grupo de 70 máquinas se reunió en el cruce Huequén para luego instalarse en los tres primeros kilómetros de la Ruta 180 y que en Temuco ocuparon intermitentemente la carretera; hechos que, según el documento, representan el delito de desórdenes públicos.
El fiscal Roberto Garrido del Ministerio Público en Temuco, detalló que las pericias que la Policía de Investigaciones realiza por orden de las correspondientes Fiscalías, consisten en la identificación de los camiones, choferes y dueños de las máquinas involucradas en las manifestaciones en la Ruta 5, así como también el registro de declaraciones de los denunciantes.
'Los delitos están sancionados con hasta 540 días de reclusión menor en su grado mínimo. Probablemente la Fiscalía va a presentar requerimiento de procedimiento simplificado', sostuvo.
El presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, fue tajante en señalar que 'si a nosotros nos tocan un camionero vamos a actuar a nivel nacional'.
El vocero de los transportistas no cree que el diálogo del gremio con Intendencia se haya quebrado, pero sí considera que hubo errores de parte de la Gobernación. 'Yo creo que antes de haber presentado esta querella, deberían habernos llamado como gremio para, por último, comunicarnos que iba a existir esta querella', lamenta el dirigente.
Por eso, confía en que los organismos terminarán por darles la razón. 'Esperamos que el Ministerio Público haga su función, pero la haga bien. No hay ninguna denuncia por disturbios ni privados ni públicos. Aquí la cosa debería quedar en nada', asegura. Además, Villagrán dice estar tranquilo en torno a este caso. 'No tenemos de qué defendernos porque no hemos hecho nada', comentó.
Los parlamentarios están divididos en torno a los hechos. El diputado RN Diego Paulsen calificó el actuar del intendente Francisco Huenchumilla como 'desprolijo. Está bastante perdido en cómo tratar de solucionar el conflicto'.
En tanto el diputado Fuad Chahin (DC) defiende la causa presentada por la Intendencia, indicando que 'quienes actúan fuera del marco legal se exponen a que se interpongan acciones legales en su contra', aunque reconoce que son los organismos correspondientes los que terminarán si los involucrados han cometido un delito. 'Venga de donde venga un actuar delictual, el intendente debiera responder con el mismo criterio', opina.
Paulsen reclama que el intendente se equivocó al identificar a los verdaderos afectados. 'Los camioneros reclamaron por sus derechos mediante una manifestación pacífica y el intendente lo que hace es actuar de una manera reaccionaria, tratándolos como delincuentes, siendo que ellos son las víctimas', dice.
Chahin, por su parte, concuerda con Paulsen en que 'los camioneros están en su derecho de manifestarse, pero no bloqueando una carretera'.
El gremio de choferes de camiones se reunirá con la gobernadora Andrea Parra, en lo que será su tercera mesa de trabajo con los conductores. 'Vamos a conversar con ella y por supuesto que vamos a tocar el tema', adelantó Villagrán.
'(Huenchumilla) Está bastante perdido en cómo tratar de solucionar el conflicto'
