Un agricultor de Traiguén presentará a mediados de esta semana, una millonaria demanda en contra del Estado de Chile por indemnización de perjuicios por el robo de siete caballos de rodeo.

Se trata de Paul Levy, quien sufrió la pérdida de los finos ejemplares -cada uno de un valor mínimo de 60 millones de pesos- desde las pesebreras del criadero Las Toscas, de 280 hectáreas, ubicado a siete kilómetros de la comuna en Malleco.

La acción civil será presentada por el abogado particular Gaspar Calderón, quien explicó que 'la demanda es en contra del Estado por la responsabilidad que tiene en la anarquía que existe respecto de los bienes, la vida, la dignidad de los agricultores'.

Los montos que se exigirán superarían los $400 millones. Es la segunda demanda que se presenta este año contra el Estado en el marco del denominado conflicto mapuche, luego que la familia Seco-Fourcade desplegó una acción civil por $652 millones por el ataque incendiario a su casa del Fundo Santa Isabel en diciembre de 2012, ubicado en la comuna de Vilcún.

'Esto tiene que ver, además, con lo que hoy día se denomina como 'mega abigeato' que es conocido por quien lo ejecuta y por las razones que se ejecutan, todo el mundo sabe que esto tiene razones de carácter político, aquí se reúnen fondos para la causa mapuche y el Estado hace vista gorda', afirmó Calderón.

Levy explicó que los caballos robados son todos hijos de 'Piropero' y que se trata de ejemplares que están en 'training' los que pueden andar hasta 40 kilómetros diarios sin problemas y que estarían siendo usados para arriar animales en los últimos delitos de abigeato acaecidos en la zona.

'No me robaron ningún caballo del potrero en el que había 20 caballos y pasaron por entremedio, si a mí me robaron todos los caballos en training, los que estaban campando y corriendo, caballos corraleros, hijos del Piropero', precisó Levy.

El corralero acusa desprotección e inseguridad en la zona, además de impunidad ya que refiere que los animales, una vez que se les pierde la huella en comunidades mapuches, las policías no cuentan con las facultades para seguir indagando.

'Imagínese, me robaron los caballos desde la misma casa y llegamos con los Carabineros siguiendo a los caballos y no llega la orden de ir a buscarlos y ahí quedaron. Los caballos ahora andan robando, andan cargando animales con carros que llevan para los mataderos. Todos saben cómo son los robos y nadie hace nada', acusó el criador.

En este sentido, el abogado Gaspar Calderón agregó que 'esta demanda viene a poner una respuesta también a instancia que la Fiscalía y los investigadores cuando descubren que las huellas llegan hasta comunidades indígenas, algunas de ellas declaradas autónomas, ahí termina la investigación y las veces que han logrado establecer que los animales se encuentran dentro del predio, no han podido sacarlos, lo que da una muestra clara de incapacidad del Estado para poner orden en la zona', enfatizó.

La demanda expresa un daño emergente que es la pérdida que se produce cuando los animales son sustraídos y perjuicio por el derecho de la crianza.

'Obviamente que aquí hay un daño mayor que sólo el costo del caballo. Estamos hablando de animales inscritos, reproductores, caballos finos, corraleros', precisó Calderón.

Se intentó obtener una versión por parte de la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, excusándose de emitir declaraciones en esta edición.

'Esperemos que sean muchos los que demanden al Estado', así de claro fue el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz, al opinar respecto de la demanda que presentara el corralero Levy.

Para el líder de los gremios productivos regionales, los particulares están tomando vías alternativas de hacer justicia ya que no hay antecedentes claros que demuestren que existirán soluciones para las víctimas del conflicto.

'Cuando uno ve que el Estado en su conjunto no opera y que finalmente este clima de impunidad produce un desaliento en las personas es que se llega necesariamente a situaciones como las de este particular que demanda por falta de servicios a un Estado que no hace el esfuerzo por el cual se le pagan servicios mediante las contribuciones. Es absolutamente legítimo y necesario que se demande al Estado', manifestó Taladriz.

Por su parte, el presidente de la Sofo, Marcelo Zirotti, agregó sobre acción legal que 'está bien ya que los agricultores también tienen derechos y pueden demandar al Estado. El Estado es el que ha dejado de cumplir su deber como garante de la seguridad. De alguna forma tenemos que defendernos porque perdemos nuestro patrimonio y no hay justicia'.

Para el dirigente agrícola, no se ha cumplido el Estado de Derecho en la Región. 'Tiene que haber algún costo porque tu pierdes, en este caso el corralero perdió sus caballos, con los que practica un deporte como todos los chilenos, en este caso robaron sus animales. También hay muchos otros (agricultores) que han perdido bienes, han perdido cosechas, y el Estado no encuentra a nadie, no hace nada'.

Zirotti manifestó que si bien ve con buenos ojos el nombramiento de un fiscal preferente para investigar los delitos de abigeato en la zona, espera que las investigaciones policiales concluyan con resultados positivos.

Por último, el director ejecutivo de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Felipe Romero, sostuvo que 'el demandar al Estado es un camino que muchas víctimas van a empezar a seguir, y la idea es justamente eso, resarcirse de los perjuicios que les ha causado este conflicto ya que los únicos que han pagado efectivamente los costos son los agricultores y transportistas'.

'Esto tiene que ver, además, con lo que hoy día se denomina como 'mega-abigeato''.

'De alguna forma tenemos que defendernos porque perdemos nuestro patrimonio y no hay justicia'.

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