dahumadas@australtemuco.cl

Un nuevo episodio y una arista desconocida suma el caso Conadi. A la investigación de los delitos de fraude al fisco, sabotaje informático y cohecho; ayer el fiscal nacional de la Conadi, Rodrigo Bustos, acompañado por la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por tráfico de influencias y negociación incompatible.

El abogado de la entidad y la máxima autoridad provincial llegaron en horas de la tarde de ayer a la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), con sendas carpetas que en su interior contienen antecedentes para denunciar nuevas irregularidades al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

En entrevista a este medio, el fiscal Bustos había anunciado que en un estudio de las más de 1.000 carpetas con antecedentes, recuperadas desde las oficinas de la Conadi, aparecieron nuevos antecedentes los que guardaban relación con el pago de sobreprecios y licitaciones.

Y el anuncio se concretó. La información emanada ayer hace referencia a dos licitaciones y el pago de sobreprecios en la compra de un fundo en la comuna de Traiguén. El fiscal Bustos y la gobernadora Parra trasladaron los antecedentes para facilitarlos a la Fiscalía Regional.

Las autoridades solicitaron que en los 20 tomos de la investigación que lidera la Fiac, se agregue y escudriñe en el convenio del Área de Desarrollo Indígena (ADI) el que en 2013 contempló la suma de $70 millones, en los que aseguran hay una serie de contrataciones a honorarios que no están justificadas. El otro caso, también de ese año, está relacionado al pago de $24 millones posterior a la realización de un torneo de palín.

El último hecho, data del 14 de enero de 2013 cuando Conadi compró un fundo en Traiguén cuyo valor fue tasado por la entidad estatal en $1.114 millones. Sin embargo, se habría pagado un valor de $1.500 millones.

"Es la presentación de nuevos hechos que pudieran revestir caracteres de delito y que reflejan el modus operandis en materia de licitación y también en el proceso de compra de tierras", precisó el fiscal Bustos y agregó que "lo que nos llama tremendamente la atención hoy día es que estamos vinculando actividades con otros servicios públicos".

Por su parte, la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, precisó sobre lo relacionado a la ADI, que los antecedentes se conocen luego que el ex coordinador del área denunció el no pago de sueldos y otras situaciones irregulares.

"Nosotros empezamos a buscar la documentación que respaldara el convenio del año 2013 y no encontramos ninguna documentación y finalmente pusimos en alerta a la Conadi", explicó la gobernadora y añadió que "finalmente nos encontramos con tratos directos, contrataciones a honorarios, más del 80% del presupuesto para la ADI destinado al pago de honorarios; no encontramos productos del desarrollo de este proyecto", aseveró.

Todos antecedentes ya están en poder del fiscal de alta complejidad, Miguel Ángel Velásquez, quien el jueves recién pasado formalizó a un corredor de propiedades y un agrónomo por el presunto intento de pago de un soborno de $100 millones para facilitar la compra del fundo Nilpe de Galvarino, el mismo predio en que murió atropellado por un tractorista, el comunero mapuche José Quintriqueo, el 1 de octubre recién pasado.

Respecto del "caso ADI" el fiscal Bustos precisó que existen pagos principalmente de honorarios sin justificación desde el punto de vista técnico, con actos que no están documentados "y eso dice relación con irregularidades dentro de un proceso público" y precisó que el caso vincula a funcionarios de la ex Gobernación de Malleco y personas ajenas a los servicios públicos.

ADI

El lunes 8 de octubre de 2012, el Presidente Sebastián Piñera presentaba en una ceremonia en La Moneda el decreto supremo para crear el ADI de Ercilla. Dos años después el programa que se suponía buscaba abrir nuevas oportunidades a 1.082 familias mapuches, el que se presentaba como una de las posibles soluciones al conflicto, hoy es objeto de las graves acusaciones.

La gobernadora Parra señaló que las irregularidades nacen una vez que han detectado una serie de acciones que no están debidamente documentadas "gran parte de ellas no cumplen con el marco de la ley y por lo tanto es el fiscal el que tendrá que determinar responsabilidades".

En este sentido, aseguró que el convenio 2014 para la ADI quedó firmado desde la administración anterior y que un par de días antes de asumir el actual Gobierno, se retiraron los recursos de la Gobernación de Malleco y fueron traspasados al municipio de Ercilla.

"Por lo tanto, nosotros no tenemos mayores antecedentes respecto de cómo se ha desarrollado el convenio, yo sí le he manifestado a Conadi mi preocupación porque no es posible que ya llevemos dos años de inversión importante de recursos de todos los chilenos y mejoras en la calidad de vida y en el desarrollo de ese territorio, la verdad que en concreto, vemos muy poco", lamentó Parra.

Según precisó la gobernadora, la ADI Ercilla es la única con cargos que son remunerados en su directorio .

Diputados

El diputado PRSD, Fernando Meza, presidente de la comisión de la Cámara Baja que investiga presuntas irregularidades en el tema tierras en Conadi, valoró la presentación de los nuevos antecedentes al Ministerio Público.

"Estos antecedentes son muy importantes, nosotros ya tenemos acreditado que existen irregularidades en Conadi en el trienio 2011-2013 y esperamos conocer estos antecedentes para trabajar sobre ellos con los colegas de la comisión", sostuvo Meza.

El parlamentario informó que a la Cámara de Diputados, la Conadi, el Ministerio Público y ahora la Gobernación de Malleco, también se hizo parte de la investigación la Contraloría General de la República. Es por ello, que para la sesión de la comisión del 17 de diciembre, ya confirmó su presencia el contralor Ramiro Mendoza.

Por su parte, el diputado Evópoli, Felipe Kast, respecto de los antecedentes presentados, opinó que "es importante dejar que la justicia haga su trabajo y si es que hay algún culpable, sea sancionado con todo el rigor de la ley. Esperemos que estas acusaciones tengan asidero y que no pase como en la comisión en que hubo más bien, una utilización política", aseveró.