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Corredor dio detalles de cómo operaba sobreprecio en la compra de tierras

impacto. A través de un video facilitado al presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el corredor informal Patricio Arévalo contó su verdad.
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dahumadas@australtemuco.cl

En la última sesión testimonial de la comisión que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de predios para comunidades indígenas con fondos de la Conadi, el diputado radical socialdemócrata, Fernando Meza, sorprendió a los parlamentarios con un revelador video.

Luego de aclarar que el testimonio es voluntario, previa autorización de su abogado, Renato Maturana, el corredor informal Patricio Arévalo Navarro, en 14 minutos contó su verdad respecto a cómo funcionaba el sobreprecio en la compra de predios, el que involucraría a su ex colega, Pedro Cornejo Parraguez, y ex autoridades de Gobierno.

La relación entre ambos corredores informales se distanció luego de problemas en el reparto de supuestas comisiones resultantes de las ventas de predios, lo que terminó con una investigación en Fiscalía por un presunto secuestro de Cornejo a manos de Arévalo.

"Estoy imputado por motivo de un secuestro con robo con violencia, el cual no existe y se inventó para tapar otras cosas", afirmó en la grabación.

En su relato, el corredor asegura que lo ha perdido todo y que busca defender su honra. Cuenta que cuando conoció a Cornejo, éste le ofreció predios para vender y le aseguró que tenía contacto directo con las autoridades de mayor rango de la Conadi.

Asegura que así fue como compartió sus contactos con Cornejo, quien después mantuvo un trato directo con las comunidades y con los dueños de los predios.

Caso Pidenco

El primer caso al que hace referencia el testimonio, es a la compra del predio Pidenco Alto de Curacautín. Arévalo afirmó que Pedro Cornejo llegó a un acuerdo con el dueño del campo y la comunidad para concretar la venta.

El corredor comentó que su colega entregaba una carpeta con los antecedentes en la oficina de partes de Conadi, otra al funcionario Yury Coliqueo, una para el subdirector Sur, Germán Riquelme y otra para el entonces director nacional, Jorge Retamal.

"Es la forma como trabaja Pedro Cornejo con esta gente. Él trabaja para ellos porque él estaba con la autorización de ellos para buscar los campos y venderlos en la Conadi", afirmó en el video.

Arévalo agregó que Cornejo "siempre llegaba a un sobreprecio en el cual ellos fijaban un monto. Si el dueño pedía un monto se le aseguraba ese monto, pero siempre pedían una cantidad mayor" y denunció que "una vez que salía la venta se recibía la plata y Pedro Cornejo le pasaba la plata a don Jorge Retamal, el cual distribuía la plata para las personas que trabajan".

En ese negocio comenzaron los problemas entre los corredores. El declarante aseguró ante la comisión que Cornejo no le pagó el porcentaje de ganancia, cercano a la mitad de la venta del predio. Tras insistentes reclamos, contó que le cancelaron un abono de $8 millones.

Fundo Butalón

El segundo caso que sacó a la luz Arévalo, es la compra del fundo Butalón de Carahue, en el que asegura que participó la abogada Dilsa Peña y Pedro Cornejo Parraguez, quien se presentó como primo hermano del dueño del campo.

Relató que el modo de operar fue el mismo. Una vez con las carpetas completas, Cornejo habría enviado copias de la documentación a los mismos aludidos en la anterior negociación.

Los problemas se destaparían cuando la dirigenta de la comunidad, Marcelina Calfunao, informó a Arévalo que había sido demandada por once familias ya que la dueña del campo de 102 hectáreas, había cambiado los candados e impedido el ingreso al fundo.

Luego, se enteraría que la dueña era la esposa de José Manríquez Leal, quien denuncia que negoció el fundo con estado civil de separado.

"Cómo se le pasó al conservador, a la abogada de la Conadi, cómo pasó ante el notario una venta en la cual el señor se hace pasar por separado y no se revisa la documentación", reclamó Arévalo y agregó que "estoy convencido de que aquí se pagaron comisiones para que el campo se pudiera comprar".

El último caso que destapó el denunciante fue el fundo La Suerte de Padre Las Casas, el que indica que compró Conadi bajo el mismo modus operandis.

DESCARGOS

Tras la exhibición del video, se dio por terminado el trabajo testimonial de la comisión en el Congreso Nacional, restando ahora sólo la recopilación de las conclusiones y las propuestas para evitar a futuro posibles abusos con los recursos del Estado.

El presidente de la comisión, Fernando Meza, indicó que las declaraciones de Patricio Arévalo exceden las competencias del grupo parlamentario por lo que este viernes entregará el material a la Fiscalía Regional.

"Hemos decidido terminar con los testimonios y con las visitas de personas a la comisión investigadora (...) esta fue una visita del señor Arévalo aunque haya sido por el video que entregaré el viernes por la mañana como el último aporte que la comisión investigadora va a hacer a la Fiscalía de Alta Complejidad", adelantó el diputado radical.

Una visión crítica tuvo al respecto el diputado Evópoli, Felipe Kast, quien mostró su preocupación por la forma en que se dio a conocer el relato de Arévalo y acusó una utilización política.

Consultado sobre las imputaciones que pronuncia Arévalo en contra de su camarada de partido, Jorge Retamal, el parlamentario señaló que "espero que la justicia se encargue de llegar hasta las últimas consecuencias porque estoy convencido de que las imputaciones son absolutamente falsas y me parece gravísimo el que se hagan acusaciones al boleo sin ningún respaldo detrás".

CONTRALOR

En la sesión de ayer participó el contralor general de La República, Ramiro Mendoza, quien informó que la derogación de la resolución 878 en 2011 responde a un dictamen del organismo que le informa a Conadi que debe regularizar situación ya que cuenta con la calidad de decreto presidencial.

"Esta materia es materia de reglamento, es materia del Presidente de La República", explicó respecto de las conclusiones del dictamen el contralor.

La resolución exenta 878 reguló desde el 2003 al 2011 los procedimientos de compra de tierras de Conadi a comunidades por el artículo 20B de la Ley Indígena. Tras ser derogada, la entidad decidió operar bajo el decreto 395 que data del año 1993.