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José Miguel Vivanco sigue con atención las que denomina "amenazas" para los medios y la libertad de expresión en América Latina. Entre estas, cita leyes cada vez más restrictivas y la preocupante autocensura que estarían provocando en parte de la prensa. A través de un cuestionario desde Washington, el abogado miembro de HRW reclama de Chile responder a elementos deficitarios, como penas "suaves" de la Corte Suprema en DD.HH. y el exceso de población carcelaria, entre otros.

-En su sexto informe, el Comité de DD.HH. de la ONU evidencia que Chile tiene déficit como la media prescripción, la vigencia del Decreto Ley de Amnistía y la situación de los pueblos originarios, entre otros temas. ¿Cuál es su visión del panorama nacional en este aspecto?

- Me parece que en Chile hay áreas donde ha habido importantes progresos y otras donde todavía existen grandes desafíos pendientes. Por ejemplo, al asumir su segundo mandato, la Presidenta Bachelet se comprometió, acertadamente, a abordar la inequidad social y económica, a modificar la Ley Antiterrorista y a promover legislación que permita el aborto en casos en que exista riesgo para la vida o la salud de la mujer, inviabilidad del feto, o que el embarazo sea consecuencia de una violación. También se comprometió a terminar con el uso de la jurisdicción militar en casos de supuestos abusos cometidos por Carabineros. Estos compromisos son importantes, pero también existen temas que generan preocupación, como por ejemplo la imposición de penas demasiado suaves por parte de la Corte Suprema en casos de graves crímenes de derechos humanos, el exceso de población carcelaria, las denuncias de torturas y la impunidad en estos casos.

- Usted participó en la reciente asamblea de la SIP en Santiago, en la que representantes se quejaron de leyes que han endurecido la labor de la prensa en América Latina. ¿Cuáles cree usted que son los ejemplos más plausibles de este tipo de medidas?

- Sin duda, resulta muy preocupante el modelo impulsado por algunos Gobiernos de corte más autoritario, como Ecuador o Venezuela. No creen en la libertad de expresión ni en el periodismo independiente, y como parte de un esquema de cada vez mayor concentración de poder, han promovido fórmulas jurídicas, incluso penales, tan vagas que les permiten anular la crítica, censurar información, e influir en el contenido de lo que se publica.

- ¿Qué valor le otorga a las leyes de medios sancionadas en países como Venezuela o Ecuador, que han hecho que personas naturales e incluso editores y directores deban asistir regularmente a tribunales para enfrentarse a autoridades?

- Seguramente usted esté pensando en el reciente caso penal que inició Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, contra un columnista y directivos de la empresa dueña del periódico venezolano Tal Cual, incluyendo a Teodoro Petkoff, el editor del diario. Ese caso, en el que se acusa a estas personas de difamación por publicar información de claro interés público, es una demostración patente del abuso de poder que pueden ejercer gobernantes autoritarios. Pero tan escandaloso como el proceso penal en sí mismo es el impacto que este tipo de casos, y las leyes de medios han tenido en los medios independientes en estos países. Es extremadamente preocupante el incremento de la autocensura y debe encender todas las alarmas, que obviamente tiene diferentes niveles en cada país.

- El Presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó que la incorporación de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 2015 es para el país una "responsabilidad" en este tema. ¿Cómo se explica entonces la sanción de una ley que permite el trabajo infantil por cuenta propia desde los 10 años, siempre y cuando sea el mismo niño quien lo pida?

- La ley a la que se refiere, que convirtió a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños y niñas de tan solo 10 años, contraviene el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, según el cual Bolivia se comprometió a no permitir el empleo de menores de 14 años. Si asumir en el Consejo de Derechos Humanos efectivamente le genera más responsabilidades a Morales, modificar leyes como esta debería ser consecuencia lógica.