En los últimos días mucho se ha dicho y hablado en los medios de prensa respecto del establecimiento de una norma que penalice el "lucro" en la educación, utilizando dicha terminología y conceptos para expresar las distintas visiones sobre este tema, y la verdad es que dicha información así expresada y comunicada a la opinión pública no corresponde a la verdad e induce a error. Por esta razón estimo necesario, en mi condición de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, aclarar este aspecto de un modo preciso y que no deje lugar dudas o confusión alguna para el buen entendimiento y comprensión de la ciudadanía.

En efecto, lo que se busca con el establecimiento de una sanción penal a aquellos sostenedores de colegios que incumplan con la ley no es para penalizar el "lucro" como equivocadamente se dice, entendiendo por ello la legítima retribución o pago por el trabajo o dedicación al ejercicio legítimo de una actividad, pues ello está muy lejos de la intención y objetivo de quienes queremos instituir un castigo severo de naturaleza penal para quienes violen la ley. Lo que se busca y persigue es el proteger los aportes en dinero, las ayudas públicas y económicas que el Estado entrega a los sostenedores con el único y exclusivo fin de destinarlos a la educación de nuestros alumnos, o sea, el bien jurídico protegido son los dineros del Estado y el destino y objeto para los que fueron entregados, pero en caso alguno penalizar el lucro como erradamente se ha dicho y se está señalando en los medios de prensa.

Las subvenciones educacionales son un tipo de ayuda pública del Estado que tienen una finalidad concreta y objetiva: la educación de nuestros niños; por tanto, quienes la reciben deben ejecutar e implementar tal fin y tienen la obligación por ley de dar cabal cumplimiento al mandato legal a que se comprometen al recibir tales recursos. Si ellos se desvían de su objetivo y utilizan dichos dineros con fines diversos para los que no fueron entregados o son empleados para su beneficio personal, estarían malversando y defraudando recursos públicos del Estado.

Esa es la conducta que se reprocha, que amerita una severa sanción civil y penal, pues se está engañando a quien entrega los recursos para un fin predeterminado, o sea, la sociedad toda, los contribuyentes que con sus impuestos financian estas labores y ayudas públicas que el Estado entrega para fines determinados, en este caso para educación.

Mario Venegas,

de Educación de la Cámara de Diputados

Acabadas ya las luces de los 11 jóvenes que alcanzaron el máximo rendimiento en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), hay otra cifra, preocupante y reveladora, que refleja el real estado en que se encuentra la educación en La Araucanía: sólo 60 de cada 100 postulantes que dieron el test obtuvieron el puntaje mínimo necesario para aspirar a alguna carrera universitaria en el proceso de admisión 2015. Sumando los resultados de los colegios particulares pagados, particulares subvencionados y municipales, el promedio llega a unos exiguos 483 puntos, un indicador que aunque no mide todos los conocimientos y habilidades que adquirieron los jóvenes en su etapa escolar, sí representa pobres niveles de aprendizaje que colocan a La Araucanía por debajo de otras regiones del país.

Las cifras son aún más inquietantes al comparar los tres sistemas de financiamento que conviven en la Región (como en todo el país): mientras de los colegios particulares pagados sólo 16 jóvenes obtuvieron menos de 450 puntos (el mínimo para postular), en los municipales ese guarismo llegó a 1.782 y en los subvencionados a 1.873. Esta brecha es quizás uno de los mejores ejemplos que grafica los niveles de diferenciación que hay en los colegios. Están aquellos de alto costo económico al que pueden llegar pocas familias, y donde se garantiza determinado nivel de educación que abre las puertas para el futuro; y están aquellos de costo mediano y gratuito en los que el éxito se consigue no tanto por el sistema en sí, sino que más por la convergencia de factores que logran sacar lo mejor de cada alumno.

Aunque claramente en esta PSU hubo ejemplos de jóvenes de colegios municipales con alto puntaje, sería antojadizo y hasta aventurado sostener que el sistema está experimentando una mejoría. Esos rendimientos escapan al promedio y no dan cuenta de la brecha que se mantiene en el sistema.

El 40% de los jóvenes que no podrá postular a la universidad es la muestra viva de la necesidad de mejorar la educación, luego de un año de debate en que muchas veces el foco de lo importante parece haberse extraviado por posturas que más atendían cuestiones ideológicas que las centrales.