Un proyecto que permite, por primera vez en la historia de Chile, la elección directa de los intendentes firmó ayer la Presidenta Michelle Bachelet en la ciudad de Puerto Montt. Esta reforma constitucional, uno de los aspectos más relevantes de la agenda de descentralización del Gobierno, permitiría realizar elecciones populares de intendentes en 2017.

"Queremos que la elección popular, directa y soberana de alcaldes, parlamentarios y consejeros regionales, se extienda también a los intendentes. Por eso estamos proponiendo este proyecto que lo que tiene que hacer para que eso sea posible, es reformar la Constitución", manifestó la mandataria durante la firma de la iniciativa.

Bachelet enfatizó que éste es el primer paso en la agenda de descentralización del Gobierno y precisó que "es nuestro anhelo que a fines de este Gobierno Chile haya hecho avances contundentes para consolidar una mejor democracia en nuestras regiones, con más autonomía y participación, con políticas públicas que tengan el sello propio de cada territorio".

La Presidenta adelantó que el trabajo para avanzar en la agenda de descentralización continuará con el envío al Congreso de un conjunto de indicaciones para fortalecer el proyecto de regionalización que actualmente se discute.

"Si estamos firmando hoy día y enviando al Parlamento este proyecto de elección directa de intendentes, a más tardar el 16 de enero estaremos firmando la ley que implica las reformas para que haya traspaso de competencias y traspaso de servicios a los gobiernos regionales", sentenció la jefa de Estado.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, indicó que con la firma del proyecto de reforma constitucional para la elección del intendente "el Ejecutivo abordará las inequidades que afectan a nuestro país producto del centralismo que le aqueja, el que no sólo es un freno a su crecimiento y competitividad, sino además un generador importante de desigualdades".

"Por eso es que estamos comprometidos con la agenda descentralizadora, ya que a partir de ella vamos a empoderar a las regiones y crear una nueva arquitectura regional", aseveró Cifuentes, quien añadió que "para descentralizar el país se requiere que las regiones tengan autoridades empoderadas, que sean capaces de negociar".

Alcances del proyecto

El proyecto firmado ayer por la Presidenta permitirá la elección directa del intendente por la ciudadanía a través de sufragio universal. Su rol será el de presidente del Consejo Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional. El Gobierno pretende efectuar las primeras elecciones de intendentes en noviembre de 2017.

Para ser elegido intendente se requerirá de la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Por tanto, se contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Además, dado su carácter de autoridad electa, presidirá el Consejo Regional, correspondiéndole también la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional respectivo.

El mandato de los intendentes será de cuatro años, pudiendo postular sólo a la reelección inmediata. El Consejo Regional mantendrá su rol de ser el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador.

El intendente actualmente ejerce tareas como Ejecutivo del Gobierno Regional y como representante del Presidente de la República en la región respectiva. Estas funciones, propias del Gobierno Interior, serán ejercidas, luego de aprobarse la reforma constitucional, por una nueva autoridad que se denominará gobernador regional, quien será el representante del nivel central en el territorio.

El ministro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, aseguró que el Gobierno "seguirá impulsando decididamente el proceso de descentralización para que las máximas autoridades regionales sean elegidas democráticamente por los ciudadanos". "El desafío es simple: más poder para las regiones", sostuvo el secretario de Estado. El proyecto de elección de intendentes fue valorado por el senador PS por Los Ríos, Alfonso De Urresti, quien opinó que "no hay excusas para cumplir con esta reforma necesaria para el país".

Mabel González

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aceptó la renuncia presentada por la ministra de Salud, Helia Molina, pocas horas después de la publicación de las afirmaciones que hizo la ahora ex secretaria de Estado al diario "La Segunda" relacionadas con el aborto.

Así lo confirmó el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde. "A raíz de la controversia generada por las declaraciones de la ministra de Salud, Helia Molina, que ella ha lamentado públicamente, debemos informar que la ministra Molina ha presentado su renuncia a la Presidenta de la República, para evitar generar polémicas artificiales que puedan distraer al Gobierno de la significativa tarea de mejorar la salud de todas y todos", señaló el portavoz.

Añadió que la mandataria, junto con aceptar la dimisión, expresó su reconocimiento a la contribución realizada por la ahora ex secretaria de Estado y por su extensa trayectoria profesional.

"La Presidenta de la República ha aceptado la renuncia, y expresa su reconocimiento a la doctora Helia Molina por su enorme contribución a la gestión de Gobierno y por su compromiso de servicio público, expresado no solo durante estos meses sino a lo largo de una impecable trayectoria durante toda su vida profesional", indicó.

Por el momento, el cargo será asumido de manera interina por el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, "mientras la Presidenta designa a su reemplazante", precisó.

Desautorizada

La salida de quien se convirtió en la primera baja en el gabinete de la Presidenta Bachelet se produjo luego de la publicación de la entrevista concedida al vespertino. En ella, Molina afirmó que en "clínicas cuicas, familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas".

Las afirmaciones generaron inmediato rechazo en distintos sectores, entre ellos, la Asociación de Clínicas de Chile, entidad que consideró la acusación como "de extrema gravedad" y llamó a la ahora ex autoridad a entregar los antecedentes que conozca a los tribunales de justicia.

La primera señal que hizo prever el desenlace marcado por la dimisión de la ahora ex secretaria de Estado fue la rápida desautorización que Molina recibió de su propia cartera.

El Ministerio de Salud declaró oficialmente que las afirmaciones correspondían a una "opinión personal" de la entonces ministra y que "no representan el pensamiento del Gobierno de Chile".

En tanto, el ministro Elizalde no entregó antecedentes sobre el momento en el que se determinará el nombre de quien la suceda.

Dicho cambio podría coincidir con un largamente previsto cambio en el equipo de Gobierno de Bachelet, pese a que tanto el portavoz gubernamental como otras autoridades han insistido en que una determinación de esa naturaleza corresponde exclusivamente a la Presidenta de la República.