Una fiscalización a 327 organismos públicos comprobó que más de un tercio de las solicitudes (37,3%) no logran ingresar o no son respondidas. La labor, realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), perseguía detectar las barreras que impiden que la ciudadanía acceda a la información pública.

Realizado entre el 21 de julio y el 19 de agosto del año pasado, el proceso abarcó a 32 subsecretarías; 15 intendencias; 15 gobiernos regionales; 53 gobernaciones provinciales; 15 Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU); 29 servicios de salud; 57 hospitales autogestionados; 11 superintendencias y 100 servicios públicos.

La revisión arrojó un nivel de cumplimiento general de 70,4%, el que según las autoridades del CPLT se ubica por sobre el de los municipios. Los gobiernos locales, en la primera medición de este tipo realizada por el CPLT, registraron 54,26% de promedio.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, dijo respecto de las cifras que "nuestro propósito es que todas las solicitudes sean debidamente atendidas, porque ese es el mandato legal y por cuanto detrás de cada solicitud hay una persona ejerciendo un derecho fundamental que debe ser garantizado. La razón de ese porcentaje de no ingresadas o sin respuesta deriva de que algunos organismos no han adoptado todos los procedimientos, resguardos y controles que eviten esta falta de atención. Cada servicio ha sido informado de estas falencias para que sean corregidas".

la indagación

El CPLT utilizó "usuarios simulados para enviar 327 solicitudes de información a las instituciones a través de sus sitios electrónicos. De ese total, 275 fueron ingresadas y 52 no lograron ingresar.

En una segunda etapa, 205 de las 275 solicitudes (74,5%) obtuvieron respuesta por parte del organismo. A cada institución se le hicieron preguntas para evaluar el cumplimiento de la norma vigente y de las buenas prácticas.

En los resultados, el mayor puntaje promedio de cumplimiento lo obtuvieron las gobernaciones provinciales (88,07%), seguidas de gobiernos regionales (81,84% y las intendencias (69,94%).

En la parte baja de cumplimiento, los peores puntajes fueron para las superintendencias (60,92%), servicios públicos (65,18%) y servicios de salud, con 74,20%.

En el caso de las superintendencias, cinco obtuvieron un puntaje de cumplimiento menor a 70% (Educación Escolar, Servicios Sanitarios, Seguridad Social, Casinos de Juego y del Medio Ambiente).

Las barreras de entrada que más se repitieron, según el informe, fueron la inexistencia de banner de solicitud de información en sitios web o de sistema de ingreso de solicitudes en línea. Entre las barreras normativas, aparecieron la exigencia de registro obligatorio de campos con datos de domicilio postal, fono, región y RUT.

El mejor promedio de los organismos de la administración central por región estuvo en el Maule, con 87,35% de cumplimiento. La región con el puntaje promedio más bajo es Antofagasta (54,88%).

"Esta es una llamada de atención para los servicios. Cada entidad debe hacerse cargo de las observaciones como parte de un proceso de cambio cultural que apunta al alineamiento de sus propósitos generales de implementación de la política de transparencia con sus acciones y procedimientos operacionales", agregó Ferrada, quien adelantó que parte de los objetivos del Consejo para la Transparencia este año será, entre otros, aumentar la cobertura del portal de Transparencia del Estado.

A continuación, algunos de los resultados más relevantes del informe.