No cabe duda al afirmar que los movimientos estudiantiles del 2006 y 2011 han generado fisuras gigantescas en la sociedad chilena. Estos verdaderos agujeros han logrado poner en discusión el lugar de la educación en la sociedad.

Una de las cuestiones que este año llegará a la discusión universitaria local es la llamada democratización. En el caso de la Universidad de La Frontera ya existe una primera propuesta que en síntesis amplia la votación para todos los académicos independiente de su condición contractual. Esta propuesta -interesante para su discusión pública- presenta algunos problemas que deberán ser abordados por todas las instituciones que quieran atender a la falta de democracia en las instituciones universitarias.

Uno de los mayores conflictos que presentará esta discusión es que constituye muchas veces un cascarón vacío. Sí, así como suena. Para cualquier cientista social es evidente que discutir sobre quien dirige los destinos de una unidad no tiene sentido si ese "alguien" no podrá decidir sobre los recursos económicos de los cuales dispondrá y la forma en que estos serán administrados. Esto nos lleva a un problema mayor que dice relación con la falta de participación de las universidades en las discusiones sobre las políticas públicas de la cual es sólo objeto. El Consejo de Rectores, salvo los rectores de la U. de Chile, Pontificia Universidad Católica, dos o tres privadas de Santiago, no participan del espacio público tensivo donde se ha fraguado la discusión sobre la educación. El resto de universidades, sobre todo regionales, son pacientes a la espera de su medicina.

Un segundo problema es que es imprescindible que toda discusión y ampliación de la estructura electoral de las universidades considere tanto a estudiantes como a funcionarios. No es posible pensar una reestructuración sin considerar a quienes empujaron dichos cambios. Para mí es un problema moral. Al igual que en el caso anterior, todo análisis político básico indica que luego que cambien las estructuras electorales estas tendrán un ciclo de instalación y cristalización. Por tal razón, la inclusión de los otros grupos marginados se perpetuará a la espera de un nuevo ciclo de cambios.

Así entonces, la transformación debería ser triestamental y no meramente del segmento académico. Conformarse con lo mínimo es prueba de la mantención ampliada del statu quo. Así también, hay que discutir y transparentar el financiamiento de las universidades públicas en los nuevos escenarios que propone el Gobierno. Sólo de este modo los cambios tendrán un futuro claro. De otro modo serán tenue humo en la montaña.

Luis Nitrihual,

Ratificando las previsiones que habitualmente se hacen para el verano en La Araucanía, dos atentados sacudieron a Freire y Padre Las Casas en el primer día de 2015, y en los que además de las pérdidas económicas que significa la destrucción de maquinaria agrícola, sumó a un comunero mapuche herido mientras aparentemente participaba en la incursión de encapuchados en uno de los predios. Otra víctima fue una esforzada emprendedora, quien a pesar de vivir en una comunidad y de pertenecer a la etnia mapuche, sufrió el incendio de una excavadora y un cargador frontal de su propiedad, con pérdidas avaluadas en $300 millones.

Frente a estos hechos, el intendente Francisco Huenchumilla propuso la creación de un seguro estatal que cubra los daños económicos que arrojan los atentados, y que tienen como víctimas a agricultores, contratistas y empresarios del transporte terrestre. En sus palabras, este seguro debería actuar para que las víctimas recuperen lo perdido.

Esta idea del seguro ya ha sido profusamente manifestada por el gremio de los dueños de camiones, que hace tiempo vienen, sin éxito, pidiendo la implementación de un seguro que responda a quienes son víctimas de ataques en las carreteras y caminos de la Región. Otro antecedente cercano es el planteamiento de la bancada parlamentaria de Renovación Nacional, que ha propuesto la institucionalización de una pensión de gracia para las "personas afectadas por actos terroristas".

La proposición del intendente, que debe sortear aún la venia de La Moneda, viene a satisfacer un antiguo anhelo de los gremios productivos de La Araucanía, que han visto y sufrido los años de pasividad del Estado frente a un conflicto que los ha desangrado. Aunque es extraño que el Estado termine pagando un seguro por aquello que él mismo no puede garantizar (la seguridad interior), de todos modos es un paso adelante para que el rostro invisible de los atentados en La Araucanía tenga algún resarcimiento de la violencia rural de que es objeto.

Por cierto que habrán de definirse los detalles de un proyecto así, pero mientras el Estado no pueda garantizar la seguridad en la Región, iniciativas de este tipo tienen asidero.