Nueve días se cumplen hoy desde la detención e ingreso del comunero mapuche Guido Carihuentro Millaleo (46), tras ser herido en pleno ataque al fundo Arauco de Ercilla, ocurrido la madrugada del 1 de enero.

Carihuentro aún sigue internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena, conectado a un ventilador mecánico tras ser inducido a un coma.

Al momento de ingresar, el comunero herido al principal recinto hospitalario de la Región, a eso de las 4.50 de la madrugada del 1 de enero, lo hizo con un politraumatismo, múltiples lesiones faciales, cervicales y pectorales, lesión lateral en uno de sus pulmones y en la región ocular.

Hoy su estado sigue siendo crítico y según se ha señalado extraoficialmente por parte de su familia, habría perdido la visión de su ojo derecho producto del escopetazo recibido.

Hasta el hospital han llegado diariamente su esposa y sus tres hijos, de 12, 14 y 19 años, con quienes el técnico agrícola trabajaba un campo en la comunidad de Huilo (Freire).

recursos

En cuestión de horas, la defensa del comunero herido, representada por los abogados de la Defensoría Penal Pública, Marcelo Pizarro y Lucy Catalán, presentaron dos recursos de amparo en favor del hoy hospitalizado.

Las acciones judiciales respondieron a que la defensa estimó en su minuto ilegales las diligencias otorgadas por la jueza Fabiola Cancino y horas más tarde mostraron su rechazo por la orden de detención emanada por la jueza Caroline Guzmán, a solicitud del fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velásquez.

Al respecto, la defensora penal mapuche, Lucy Catalán, sostuvo que dichos escritos obedecen a que "por diligencias que había autorizado la jueza de Garantía de Pitrufquén, Fabiola Cancino, que dicen relación con la toma de muestras de nitrito-nitrato, exámenes corporales, de ADN, incautación de ropas, sin previa autorización ni consulta a él, como la ley lo establece".

Catalán luego agregó que "el mismo 2 de enero, la jueza Caroline Guzmán da al Ministerio Público orden de detención - que ya había sido denegada en el hospital el 1 de enero - y eso también constituye una ilegalidad para nosotros", sostuvo.

Finalmente, la defensora no descartó la posibilidad que la familia de Carihuentro inicie acciones legales en contra de Carabineros o particulares.

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La quinta demanda contra el Estado presentó ayer el abogado Gaspar Calderón en la Corte de Apelaciones de Temuco. Esta vez, el litigador lo hizo en representación del pequeño empresario, Alejo Vielma, quien sufrió la pérdida de tres camiones y una trilladora en su predio de 7 hectáreas, ubicado en el sector fundo Arauco, de Freire.

En la acción judicial, Calderón y su representado le solicitan al Estado una indemnización que alcanza los $330 millones de pesos, por concepto de pérdidas tras el ataque incendiario perpetrado la madrugada del jueves 1 de enero, donde un grupo de seis personas ingresó a los terrenos, intimidó a un trabajador (Víctor Vega Vega) y procedió a incendiar las máquinas.

A esto se suma una querella, donde Calderón invocó además la Ley Antiterrorista, ya que a su juicio "aquí entendemos que la prueba del hecho terrorista vinculado a la causa mapuche, e insisto, vinculada a la causa de los mapuches desquiciados, radicales o que no entienden mucho, tiene que ver con hechos que la Ley Antiterrorista menciona, tipifica y yo lo estoy llamando terrorismo".

Consultado el abogado sobre la calificación que ha realizado el Gobierno sobre los ataques ocurridos durante el primer día del año 2015, Calderón fue enfático en señalar que "si el Gobierno quiere engañarnos diciéndonos que son delitos comunes eso me parece no solo de mal gusto, sino que una irresponsabilidad, cerrar los ojos ante hechos concretos".

Tras el atentado sufrido la madrugada del 1 de enero de 2015, Alejo Vielma, fue recibido por el intendente Francisco Huenchumilla en su despacho. Allí, y al igual que Cecilia Jara Llancavil (también atacada la noche del 1 de enero en la comuna de Padre Las Casas), el delegado del Ejecutivo en la Región le manifestó su intención que ayudarlo para que sus faenas no se vean interrumpidas tras la quema.

Sobre aquello, su representante legal sostuvo que "se le ofrecieron algunos proyectos pero ese no es el tema. El tema es que la autoridad definitivamente haga valer su cargo y ejecute las acciones que tiene que ejecutar si éste es un problema de orden", sostuvo.

el atentado

Alejo Vielma no es oriundo de La Araucanía. Sus raíces están en la Octava Región (Chillán) pero hace unos 20 años que trabaja en la zona con sus máquinas.

Vielma había llegado a Freire hace tan solo seis meses. Dice que "nunca había tenido un problema con esas personas (mapuches), entiendo poco del problema pero yo no soy parte de él", dice con voz baja el empresario, aún dolido por el ataque del cual fue víctima.

Según el empresario, el tema contractual para él es aún más complejo ya que no contaba con seguros para sus máquinas afectadas, señalando que "las compañías de seguro no las quieren asegurar por todo lo que pasa en la zona".

Sobre lo ocurrido en sus tierras, Alejo Vielma precisó que "es como si se hubieran equivocado de sitio, de persona pero no sé qué pretenderá esta gente con eso y ahora lo único que lograron es causarle daño a una persona que no tiene que ver nada con el tema del conflicto".

Por lo mismo, Vielma ayer concurrió junto a Calderón al Tribunal de Pitrufquén para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables, por el incendio terrorista que sufrió el 1 de enero en su terreno de 7 hectáreas en Freire.

demandas

Con la demanda presentada ayer en la Corte de Apelaciones de Temuco, el abogado Gaspar Calderón acumula cinco de los mismos escritos en contra del Estado.

La primera demanda contra el Estado fue presentada el 27 de marzo del 2013, solicitando una indemnización de 471 millones de pesos. En ella, Calderón representó a Edgardo Fonseca, quien sufrió la pérdida total de un galpón donde guardaba maquinaria agrícola, un día después del atentado incendiario donde perdió la vida el matrimonio Luchsinger-Mackay.

El 6 de noviembre, un nuevo escrito, solicitando una indemnización por $652 millones fue ingresado por el abogado en respuesta al atentado incendiario ocurrido en el fundo Santa Isabel de Vilcún y que afectó a la familia Seco-Fourcade.

Veinte días después, Calderón volvió a la Corte para presentar una tercera demanda contra el Estado. En esa oportunidad lo hizo representando al agricultor Paul Levy, quien presentó una demanda por $362 millones, por el robo de 7 caballos corraleros desde el criadero Las Toscas de Traiguén.

La última acción judicial ingresada por el abogado particular temuquense ocurrió el 3 de diciembre de 2014. Allí Calderón volvió a la Corte de Apelaciones para interponer una nueva demanda contra el Estado, esa vez por un total de 650 millones de pesos. En esa oportunidad, la acción fue presentada en favor de Carmen Roa, viuda del parcelero Héctor Gallardo Aillapán, asesinado el 1 de septiembre de 2012 en Ercilla.

Considerando las cinco acciones presentadas por Gaspar Calderón, los montos solicitados a la Corte de Apelaciones alcanzan un total de $2 mil 465 millones por concepto de indemnización.