Por cinco votos contra cero, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió rechazar la solicitud de desafuero en contra del senador, Eugenio Tuma, a petición de su ex jefa de gabinete, Claudia López.

Según precisaron desde la Corte, las razones para rechazar lo solicitado por parte de los ministros se debieron a que no se presentó la querella oportunamente, en los términos del artículo 416 del Código Procesal Penal y, por otro lado, en cuanto al fondo, por estimarse que no se cumplen, en la especie, los requisitos del tipo penal esgrimidos por la solicitante.

La petición, se hizo efectiva el pasado 2 de diciembre y fue motivada según la solicitante ya que tras el allanamiento que sufrió la oficina parlamentaria del militante del PPD, este mencionó a López como la responsable de algunos desórdenes administrativos.

Eso motivó que la aludida decidiera interponer la petición de desafuero, con la idea de posteriormente presentar una querella en contra de Tuma Zedán.

reacciones

A través de un comunicado de prensa, el abogado del senador Tuma, José Martínez, junto con "valorar" lo resuelto por la Corte, agregó que "tengo la convicción que el senador ha obrado dentro del marco de la ley, como lo ha hecho durante toda su trayectoria política y de servicio público, tal como lo reconoce la comunidad en nuestra Región".

Por su parte, desde el entorno de Claudia López, señalaron que en los próximos días apelaran a lo dictaminado por los ministros de la Corte.

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"De acuerdo a los antecedentes que proporciona la denunciante, el senador Tuma financió la campaña parlamentaria del actual gobernador de Cautín, José Montalva, Romina Tuma y la actual consejera de la Conadi, Ana Llao".

Así de categórico es el documento del Juzgado de Garantía de Temuco entregado a la Fiscalía el pasado 27 de noviembre de 2014 y que otorgó al Ministerio Público y la PDI una orden para allanar la oficina parlamentaria del senador del PPD, Eugenio Tuma Zedán. El Austral tuvo acceso al oficio luego que se levantara el secreto en el caso.

En tres carillas, el juez Federico Eugenio Gutiérrez Salazar, ordenó la entrada y registro de dicha oficina por un lapso máximo de 10 días, dando poder a los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo a "la omisión de la notificación previa al encargado del inmueble y autoridad respectiva que ocupa el inmueble, por existir antecedentes, conforme al mérito de la investigación sustanciada, que hacen temer que ello pudiese frustrar el éxito de la diligencia".

Dicha diligencia se hizo efectiva a las 13.15 horas del viernes 28 de noviembre pasado. Una decena de funcionarios de la PDI, encabezados por los fiscales Arroyo y Chiffelle, incautando una gran cantidad de evidencias.

DATOS

Según consta en el documento de entrada y registro a la oficina parlamentaria, la Fiscalía hace presente que "de acuerdo a los antecedentes que proporciona la denunciante, el senador Tuma financió la campaña parlamentaria del actual gobernador de Cautín, José Montalva, la campaña parlamentaria de su hija Romina Tuma y la campaña de la consejera nacional de la Conadi, Ana Llao. Todas con dineros imputados a difusión parlamentaria del senador, los que eran reembolsados por el Congreso, para lo cual el denunciado habría presentado boletas ante el Departamento de Finanzas para justificar tales gastos".

Consultado el abogado del parlamentario, José Martínez Ríos, este declaró que "no existió financiamiento. Todo está debidamente respaldado en las actividades que se realizaron".

Martínez luego precisó que en el caso del gobernador Montalva "el contrato era bastante claro en cuanto a las obligaciones que tenía y que es un contrato por lo demás redactado por el propio Congreso respecto del cual se ciñe rigurosamente a lo que está en la letra del contrato".

Otro antecedente que están indagando los fiscales Arroyo y Chiffelle corresponde a eventuales contratos celebrados con terceras personas, caratulados como "asesores parlamentarios, los que serían socios comerciales del senador a quienes se habría pagado sumas entre $500.000 y $1.500.000, reembolsadas por el Senado, además de haberse pagado boletas por gastos particulares realizados por miembros de la familia del denunciado".

Otro hecho revelado en la denuncia dice relación con la existencia de correos electrónicos enviados por el Fiscal del Senador, Javier Norero, "a fin de corregirse algunas irregularidades en la celebración de un contrato de arrendamiento (sede de Nueva Imperial)".

Respecto de aquello, Martínez fue claro en señalar que "el propio senador Tuma denunció ante el Congreso".

Dentro de los antecedentes que la Fiscalía tiene en contra del senador y que están siendo investigados, existe un hecho que se enmarca en lo que antes era gastos por asesoría y que desde el 2012 corresponde a ítem personal.

En la carpeta que manejan los fiscales existen antecedentes de utilización de dineros que luego habrían sido reembolsados por el Senado y que en su minuto habrían sido utilizados en favor de la forestal Monte Raíces, donde el senador tiene participación junto a un amigo de la infancia.

Al respecto, el abogado del parlamentario del PPD y vice presidente del Senado, fue claro y tajante en decir que "eso no tiene ningún sustento ni asidero. No es así".

Martínez Ríos dijo que "estamos confiados en la investigación que está desarrollando el Ministerio Público" en contra del congresista de la República Eugenio Tuma Zedán.

Varios son los antecedentes que hasta el momento coteja la Fiscalía y la PDI en torno al caso. La gran cantidad de evidencia rescatada desde la sede parlamentaria es minuciosamente analizada en el Ministerio Público.

Dentro de esa variedad de antecedentes, el Ministerio Público tuvo acceso jornadas antes del allanamiento a dos archivadores con variada documentación, entre las que se incluyen fotocopias de boletas de honorarios; de cheques, recibos de dinero, copias de facturas, contratos de trabajo, informes de gastos, liquidaciones de remuneraciones, comprobantes de transferencias electrónicas de dinero, boletas, recibo de depósitos bancarios, correos electrónicos, entre otros, y que a juicio de la Fiscalía "permitirían justificar la existencia de un posible delito de fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal".

DILIGENCIAS

Hasta la fecha sólo ha prestado declaración la denunciante más otra serie de personas en calidad de testigos. Del mismo modo cabe consignar que, el senador Eugenio Tuma tampoco ha sido llamado a declarar a la Fiscalía.

El mismo día del allanamiento, el congresista sostuvo en su defensa que "oportunamente lo advertí a la Comisión de Auditoría del Senado, le pedí especialmente y no reflejaba ningún delito alguno, salvo el desorden que la propia encargada, doña Claudia López".