La mantención del régimen de libertad tarifaria regulada con tarificación eventual para los servicios de gas y servicios afines, aunque con un límite máximo de rentabilidad económica controlado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Ese es el "corazón" del proyecto que el Gobierno ingresó ayer a trámite legislativo en la Cámara Baja, y que modifica la ley de servicios de gas y disposiciones relacionadas.

Para el caso de Magallanes, se contempla un régimen de tarificación permanente.

De acuerdo al texto del Ejecutivo, la legislación actual es "imperfecta e incompleta" en función de cuatro deficiencias: inexistencia de una metodología y procedimiento para la fijación de las tarifas del servicio de gas y afines; necesidad de mejoras a la regulación del chequeo de rentabilidad en cuanto a su institucionalidad y a la metodología aplicable a su cálculo; insuficiencia de la norma que regula la tasa de costo anual de capital; y carencia de una instancia de resolución de controversias en materias tarifarias.

De esta forma, la propuesta mantiene el régimen de libertad tarifaria, pero considera un límite máximo de rentabilidad económica, el cual será controlado por la Comisión Nacional de Energía.

La iniciativa mantiene la estructura de rentabilidad máxima que permite la industria, equivalente a la Tasa de Costo de Capital (TCC), cuyo piso mínimo sigue en 6%, más un margen adicional, pero reduce dicho margen de 5% a 3%.

El mensaje presidencial plantea aplicar un régimen de fijación tarifaria en caso que una concesionaria exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida. En este sentido, el proyecto propone consultar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y contiene un mecanismo de compensación a los consumidores, en caso de registrarse excesos en la rentabilidad que fije la ley.

La iniciativa también propone solución de controversias independiente y técnica, con resolución vinculante.