Una jueza de Bolivia ordenó el encarcelamiento de un ex jefe de la policía antidrogas, de su hijo y de un ex ayudante por enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.

El general Oscar Nina, que llegó a ser comandante de la policía boliviana hasta 2011, fue recluido ayer en un penal de la ciudad oriental de Santa Cruz junto con su hijo, también oficial de la policía, y un ex edecán. La esposa de Nina y otra hija estarán bajo detención domiciliaria mientras sigue la investigación, informó la fiscal Ana Luisa Heredia.

El miércoles, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo que "hay serias sospechas" de que Nina estaba vinculado con el narcotráfico. "Se ha dado un buen paso y corresponde a la justicia acelerar la investigación", agregó.

Nina es el segundo ex jefe de la policía antidrogas encarcelado por vínculos con el narcotráfico. El ex general de policía René Sanabria fue condenado a 14 años de cárcel en Miami en 2011 por traficar cocaína a EE.UU.

Cuando Sanabria fue detenido por la agencia antidrogas de EE.UU., DEA, en Panamá, era jefe de inteligencia del Ministerio de Gobierno y Nina era comandante de la policía. Ambos habían comandado antes la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Nina fue destituido dos semanas después de la captura de Sanabria, quien delató a otros policías. Nina pasó a retiro.

Según la fiscal, las investigaciones comenzaron en 2011 cuando Nina dejó la comandancia de la policía. Agregó que Nina protegía a narcotraficantes que ingresaban a operar a Bolivia. "No pudo justificar los bienes inmuebles que posee con sus ingresos", dijo Heredia.

De acuerdo con la valoración inicial de la Fiscalía, el ex jefe tiene bienes por unos tres millones de dólares a nombre de su esposa y sus hijos. "Estamos haciendo el inventario y el avalúo", dijo Heredia.

Nina fue oficial de confianza del Presidente Evo Morales quien le encomendó reorganizar la fuerza antidrogas tras la expulsión del embajador estadounidense y de la DEA por sospechas de espionaje y confabulación contra del Gobierno.

La entrega por parte de la Fiscalía de una "lista negra" de 54 nombres presuntamente vinculados con el caso Petrobras levantó alarma esta semana entre los políticos brasileños.

El documento -remitido el martes por el fiscal general, Rodrigo Janot, al Tribunal Superior de Brasil- contendría los nombres de figuras políticas de todos los sectores políticos, desde el partido de la Presidenta Dilma Rousseff hasta el de su ex contendor en la elecciones de octubre pasado, Aécio Neves.

Aunque los antecedentes son secretos, la prensa local ha adelantado en los últimos días algunos antecedentes, y según esta primera filtraciones, más de una treintena son políticos y ex políticos.

Según recogió el diario El País de España, la nómina incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el titular del Senado, Renan Calheiros. Ambos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una colectividad aliada al Gobierno. "Espero que todo esto no sea una investigación política", sostuvo Cunha al ser consultado sobre este antecedente.

En la lista habría diputados, senadores, gobernadores de Estados y ex ministros. La mayoría pertenecería al Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la Presidenta Rousseff y el ex mandatario Lula Da Silva.

Pero también habría miembros del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), tienda opositora al Gobierno y al que pertenece Aécio Neves.

Los involucrados están acusados por la Fiscalía de lucrar con un sistema corrupto en el seno de Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil y la mayor compañía de ese país.

Se estima que este esquema de corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa desvió, entre 2004 y 2012, unos 10.000 millones de reales (US$ 3.500 millones, aproximadamente).

Mientras, ayer se dio inicio a una investigación parlamentaria por el caso, jornada en la que hubo un ambiente de tensión, con gritos y peleas entre diputados.

Varios legisladores protestaron contra la decisión del presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Hugo Motta -del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)- de designar a encargados de comandar las investigaciones sin consulta previa a sus pares.

Según los críticos de la decisión, la medida se destina a restar poder al diputado Luiz Sergio, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), designado como miembro informante de la CPI. Motta, por su parte, aseguró que la decisión de repartir entre varios partidos la misión de analizar las denuncias contra Petrobras se destina a "otorgar legitimidad" a los trabajos del grupo.

La investigación parlamentaria fue solicitada por el Ministerio Público y se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y por el cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero. En un intento de reducir sus condenas, Costa y Yousseff firmaron un acuerdo de delación mediante el cual suministraron al Ministerio Público informaciones sobre la red de corrupción.