El establecimiento de penas de cárcel que van desde cinco años y un día a 10 años, con el fin de disuadir de forma más efectiva la participación en la concertación de precios, es la principal característica del proyecto de ley que reformará el Sistema de Defensa de la Libre Competencia. La iniciativa, firmada ayer por la Presidenta Bachelet, crea un tipo penal que elevará las sanciones a la colusión de las empresas.

La propuesta agrega que las multas máximas puedan llegar al 30% de las ventas correspondientes al periodo durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido e instaura sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

nuevas facultades

El proyecto refuerza a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con facultades y herramientas para realizar de mejor forma su trabajo. Entre estas destacan la realización de estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información de particulares e instituciones públicas. También establece sanciones a quienes dificulten las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta o de forma extemporánea, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan solo parcialmente a las solicitudes de información, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar. El proyecto otorga dedicación exclusiva a los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La mandataria destacó que "sancionar como corresponde los casos de colusión es un acto de justicia, de transparencia y de protección a nuestra economía y a nuestros consumidores", aunque enfatizó que "la gran mayoría de las empresas desarrolla sus prácticas competitivas dentro del marco de la legalidad y de la buena fe, y no vamos a permitir que la conducta de unos pocos empañe el quehacer de nuestra actividad empresarial, que es fundamental para el crecimiento económico".

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, subrayó que con este proyecto "estamos avanzando en una dirección donde se fortalece la institucional, que adicionalmente genera reglas claras para el mercado y también es importante que hoy existe un apoyo transversal para avanzar en estas materias hoy en Chile". La autoridad agregó que espera una rápida tramitación del proyecto en el Congreso.

La pena de cárcel que promueve esta propuesta, sin embargo, fue relativizada por el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca.

"No tengo nada en contra, en principio, de que existan sanciones de cárcel, pero si eso impide que la persecución de los carteles sea lo eficaz que ha sido, podría ser incluso contraproducente", opinó Menchaca, aunque reconoció que espera conocer el proyecto para dar ampliar su visión.

Según Menchaca, la creación del TDLC, la despenalización de infracciones y multas han hecho mucho más exitosa la persecución de prácticas anti libre competencia.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, dijo que la importancia del proyecto radica en que "desincentiva este tipo de prácticas, y por tanto, hay que evaluar en su mérito todas las sanciones y todo lo que se propone". Respecto de si la inclusión de una sanción penal en el proyecto se debe a que el rol de los empresarios no "estuvo a la altura" en escándalos como el caso Penta, el timonel de la CPC puntualizó que "siempre todas las legislaciones van buscando cómo avanzar para inhibir conductas. El día de mañana va a pasar otra cosa y vemos qué pasa en todos los ámbitos de la vida". Santa Cruz agregó que es necesario potenciar la FNE.

Mauricio Mondaca