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Como un retorno a las acciones violentistas en los sectores rurales calificaron los líderes de la Multigremial, Sofo y Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, el enfrentamiento ocurrido ayer en el sector de General López, comuna de Vilcún, y que terminó con tres personas lesionadas.

Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, fue enfático en recalcar que "ya lo había señalado a raíz de la quema de las 5 máquinas del domingo pasado, que habíamos vivido un periodo de tranquilidad aparente que se quebró con ese ataque y ahora se está viendo un recrudecimiento de la actividad. Pensamos que ese había sido un hecho aislado, sin embargo, vemos que está dentro de la planificación que esta gente tiene para comenzar de nuevo con actos de esta naturaleza".

Apraiz agregó que "lo de hoy (ayer) en General López es repudiable completamente, ya que hay incluso gente herida, agricultores, comuneros y Carabineros, lo que significa que ante una situación de una toma de un predio, al parecer los agricultores se están organizado para defender lo que es de ellos. El problema es que en este escenario sabemos cómo está empezando este tema, pero no sabemos cómo va a parar".

Una opinión similar es la que tiene la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, María Angélica Tepper, respecto de los sucesos ocurridos ayer.

"No se puede andar dando falsas expectativas, el predio donde ocurrió el enfrentamiento no se vende, uno de los dueños fue claro en decir que nunca ha estado en venta y nunca se va a vender", aseveró.

La dirigente agregó que "fue la usurpación de un predio donde un grupo llegó muy temprano y mencionó que este predio sería comprado por la Conadi para entregárselo a una comunidad. Lo grave es que mencionaron el nombre del señor intendente, del gobernador, de la alcaldesa de Vilcún y del subdirector de la Conadi. No sé si eso es efectivo, eso es lo que la gente le mencionó a los dueños del predio".

Marcelo Zirotti, presidente de la Sofo, afirmó que "aquí vemos que se produjo un hecho que se venía prediciendo desde hace tiempo, sólo faltaba saber cuándo iba a ocurrir", apuntó Zirotti, quien agregó que "este enfrentamiento nos llena de preocupación, como productores vemos que hoy se toman los campos, mostrando una carta de la Conadi señalando supuestamente que el campo se vende, donde el productor y el propietario han dicho que no es así".

PREOCUPACIÓN

El senador RN Alberto Espina quiso sumarse a las voces de condena, señalando que "esto es el resultado de la absoluta inoperancia del Gobierno de La Araucanía (...) Es hora que tome la iniciativa de impulsar un acuerdo por la paz de la naturaleza del que nosotros propusimos".

Al respecto, el senador José García Ruminot (RN), sostuvo que "se hace imperioso adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevos hechos de violencia que hagan más difícil la convivencia y el normal desarrollo de las actividades diarias".

Agregó que "los hechos son tan graves y tan violentos que ameritan una acción resuelta y decidida de la autoridad encargada de la seguridad pública; es urgente evitar males mayores".

En tanto, Mario González, seremi de Gobierno, fue el encargado de dar la vocería por el Gobierno Regional, señalando que "hacemos un llamado a la calma, a aceptar y cumplir con los procesos que significan la compra de un determinado terreno para las comunidades. Hay que recurrir al diálogo y evitar las exacerbaciones de los ánimos, de uno y otro lado. Esto se pudo haber solucionado de otra forma".

El seremi agregó que "el llamado es también a las comunidades a entender que el Gobierno está desarrollando todas sus habilidades para resolver el problema de tierras, que la Conadi hoy tiene un presupuesto mayor para ello, hoy nos estamos demorando en la aplicabilidad la mitad de lo que nos demorábamos hace 4 años, por lo tanto vamos a cumplir con la demanda de las comunidades, pero a través de un proceso ordenado, donde la consulta a los agricultores de si están disponibles para vender o no un determinado fundo, también forma parte".

El Austral intentó conseguir la posición del intendente Huenchumilla y del gobernador de Cautín, sin éxito.

Representantes de 13 familias de pequeños y medianos agricultores y contratistas forestales y de la construcción, todos víctimas de la violencia en La Araucanía, presentaron ayer una inédita demanda contra el Estado de Chile, por más de $6.500 millones, en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los demandantes acusan el reiterado robo de animales, la quema de maquinaria, destrucción de sus plantaciones, amenazas, agresiones y usurpación de propiedad privada entre 2012 y 2015.

Patrocinados por el abogado Jorge Reyes, los demandantes acusaron "falta de servicio", asegurando que muchos de los hechos de violencia que los afectaron aún están impunes e incluso algunos de ellos ocurrieron en presencia de la fuerza policial, sin que se interviniera para evitar los daños.

"En la mayoría de los casos, es posible verificar la ocurrencia de delitos en flagrancia, en los cuales la policía no protegió a estas familias y, al contrario, fue testigo de delitos como la usurpación de propiedad privada, abigeato, robos, entre otros delitos", aseveró Reyes, quien aclaró que en todos estos casos ha habido un actuar negligente de parte del Estado en la medida en que no ha cumplido su deber de resguardar el orden público y prevenir la comisión de delitos.

SNA

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, precisó que la SNA ha querido "acompañar y manifestar su público apoyo a estas familias que valientemente han decidido demandar al Estado por una falta de servicio que no sólo los ha afectado a ellos, sino a otras decenas de familias víctimas de delitos que hasta ahora permanecen impunes. Lamentablemente, nuestras autoridades no han sido capaces de ejercer el Estado de Derecho en la región de La Araucanía, donde parece prevalecer una legislación distinta a la del resto del país; donde hay zonas donde Carabineros no entra o derechamente permite que chilenos sean víctimas de múltiples delitos".