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El tercer ataque incendiario en menos de una semana se registró en Inspector Fernández, comuna de Victoria. Un grupo de cinco encapuchados, amenazó al guardia, lo amarró de pies y manos y procedió a quemar dos camiones aljibe, dos camiones compactos y dos máquinas (una excavadora y una retroexcavadora) en el campamento de la empresa constructora El Bosque, ubicado en el sector de Rucamilla.

A las 23:45 horas del día jueves, el sonido de un vehículo que avanzaba por el ripio alertó al cuidador del recinto. Cuando salió a investigar al menos cinco desconocidos lo abordaron. Le preguntaban insistentemente si había más personas resguardando el lugar y tras amarrarlo lo abandonaron a una orilla del camino. Le quitaron su teléfono celular y uno de los encapuchados armados se quedó vigilándolo.

El resto procedió a arrojar acelerantes al interior de las cabinas de los vehículos para posteriormente prenderles fuego. La acción delictual no habría demorado más de 15 minutos y en el lugar abandonaron una decena de panfletos -muchos de ellos escritos en hojas arrancadas de un cuaderno del propio guardia- y con un spray rojo hicieron rayados.

Las consignas apuntaban a la libertad de los "presos políticos mapuche", exigían el retiro de las empresas forestales y daban cuenta de la cantidad de días (27) que suman Claudio Huentecol, Luis Marileo, Cristian Levinao y Miguel Toro, internos de la Cárcel de Angol que exigen la revisión de sus medidas cautelares a través de una huelga de hambre.

El atentado dejó a tres víctimas y pérdidas por más de $350 millones. La primera Roberto Torres, pequeño empresario transportista de Lautaro que perdió un camión compacto. La segunda, Patricio Cifuentes, propietario del otro camión y la retroexcavadora, maquinaria que trabajaba en el reemplazo del puente Colo. Por último, Carlos Gutiérrez Olguín, propietario y gerente de la constructora El Bosque, cuyo perjuicio fue la excavadora y los dos camiones aljibe.

La empresa trabaja en la pavimentación de los primeros 13 kilómetros de la Ruta Interlagos la que abarca desde Inspector Fernández hasta las Termas de Tolhuaca, proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Gutiérrez informó que los trabajos se iniciaron en diciembre de 2014 con fecha de término mayo de 2016. Las faenas a la fecha registran un 40% de avance y no habían recibido amenazas.

"Lo peor son los ánimos. Las personas ya tienen temor, ya tienen miedo. Nosotros en octubre de 2013 sufrimos un atentado similar con mayor cantidad de maquinaria quemada en la Región del Biobío en el sector de Tirúa y tuvimos la misma disposición que ahora. Primero no se te acercan las autoridades a conversar, yo no he tenido la palabra del señor intendente (Francisco Huenchumilla) para decirme 'oiga qué pasó, cómo está, cómo están sus trabajadores'. Detrás de uno hay muchos trabajadores, muchas familias que sufren por esto", afirmó.

En este sentido, la víctima del último atentado que registra una historia de más de 15 años de violencia en la Región, exigió mayor seguridad. "Lo que nosotros queremos es hacer un llamado de atención a la autoridad. Ya no son hechos aislados, son hechos reiterativos. Más que el resguardo policial necesitamos que se instaure el Estado de Derecho y se proteja a cada persona, a cada actividad económica", reclamó el empresario.

Otro de los afectados fue el jefe de obras de la empresa, David Poveda. En la mañana de ayer, el trabajador debió dar contención a los trabajadores que llegaron a cumplir sus labores diarias desconociendo el ataque ocurrido horas antes. "Estamos todos afectados por lo que paso", aseguró.

Fumándose un cigarro, nervioso y con sus ojos llenos de lágrimas, miraba incrédulo uno de los camiones calcinados el conductor, Guillermo Ortiz. "Se siente la máquina. Estamos expuestos en cualquier momento a esto. Hay miedo lógico, nunca me había tocado una experiencia tan fuerte, el camión era de la empresa. Son vándalos, nada más".

Según datos que aportó la Multigremial de La Araucanía, tras el atentado alrededor de 45 trabajadores -35 directos y 10 indirectos- temporalmente no proseguirán en las faenas en Inspector Fernández.

Investigación

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la Bipe y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para desarrollar las diligencias con miras a dar con el paradero de los atacantes. En tanto, la fiscal Claudia Turra se constituyó en el lugar y precisó que el predio no contaba con protección policial.

"Una persona fue intimidada que es el cuidador del lugar. Fue intimidada con armas de fuego, maniatada mientras otros sujetos procedían a quemar los vehículos (…) se pudo determinar que por lo menos hay rayados y panfletos que dan cuenta o que exigen la libertad a los presos políticos mapuches", confirmó la abogada.

El cuidador fue derivado a un recinto asistencial para ser examinado. La Fiscalía decretó las medidas de protección correspondiente.

CChC

El vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Temuco, Sergio Avendaño, condenó el atentado ya que Carlos Gutiérrez es uno de los socios de la entidad. El directivo aseguró que el derecho al trabajo, a la generación de empleo y al desarrollo de una zona se ven vulnerados.

A esto se suma que el organismo manifestó su apoyo a los subcontratistas pequeños que vieron su capital de trabajo afectado con el atentado. "Con este tipo de actos sólo se genera angustia y la percepción de que estamos desprotegidos ante la ley (…) nos resulta incomprensible que con esto se afecte a contratistas que realizan trabajos para el MOP que van en beneficio directo de familias locales y pequeños agricultores que tienen muy pocos recursos", sostuvo Avendaño.

Gobierno

El intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, rechazó el uso de la violencia como método de presión. "Yo reitero lo que hemos dicho siempre, de que yo reconozco que tenemos un conflicto político social, pero he dicho que el camino no es la violencia, sino que el camino es la vía democrática. Por lo tanto, como autoridad, yo condeno el uso de la violencia y pienso que la metodología adoptada por algunos sectores respecto de la violencia política no es el camino para solucionar las legítimas demandas del mundo mapuche".

Por su parte, la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, señaló que "más que preocuparnos, nos interesa ocuparnos del tema porque estamos desarrollando un trabajo intenso en conjunto con inteligencia de las policías para poder enfrentar estos hechos".

Parlamentarios

El senador Alberto Espina (RN) responsabilizó al Gobierno por los hechos de violencia que han escalado en la última semana en la Región. "La responsabilidad política directa es del Gobierno porque tiene en sus manos hace aproximadamente 8 meses una propuesta por la paz que podría intentar implementarla, que es la que nosotros le hicimos entrega y no ha dado ninguna respuesta", reclamó.

En tanto, el diputado Diego Paulsen, agregó que "nuevamente estamos ante hechos de connotación terrorista en la Región que lo único que buscan es generar daño".

Por último, el diputado Germán Becker (RN) manifestó que "ya basta de atentados todas las noches, basta de un intendente que sólo puso el tema en la palestra pero que no se involucra en las soluciones".

"Condeno el uso de la violencia y pienso que la metodología adoptada por algunos sectores respecto de la violencia política no es el camino para solucionar las legítimas demandas del mundo mapuche".

intendente de La Araucanía