Estado y violencia
Con enorme preocupación estamos siendo testigos, una vez más, de hechos de preocupante violencia en nuestra región. Esta vez, con ocasión de la ocupación de un predio por parte de algunos comuneros mapuches, y la reacción de sus propietarios y otros agricultores con el fin de desalojarlos, y los heridos en medio de esta lamentable situación.
Parece increíble que después de varios años y sucesivos gobiernos, el Estado no pareciera hacerse cargo de la gravedad de cuanto está ocurriendo entre nosotros con motivo de la violencia rural, y menos ofrecer respuestas que puedan ayudarnos a caminar hacia la solución de la deuda histórica con el pueblo mapuche. En la realidad, y en concreto, lo que tenemos es una política de restitución de tierras que en el tiempo se ha venido deslegitimando, fruto de dudosas prácticas ya denunciadas, en donde el tema de la corrupción no ha estado ausente, y en que además se ha terminado beneficiando a quienes no correspondía.
La situación en que nos encontramos tiene a la base un Estado que en su momento, mediante el uso de la violencia, despojó a un pueblo de sus tierras derechos ancestrales. Hoy día, es ese mismo Estado quien por la inexplicable demora en buscar y ofrecer soluciones de fondo de temas de los cuales es el responsable, tiene a una Región muy complicada.
Ante lo que consideran un abandono, desprotección y falta de oportuna justicia, comienzan a organizar su propia defensa, lo que también puede derivar en situaciones impredecibles. Por otra parte, el Estado aún no ofrece a los actuales propietarios una estrategia a futuro que les permita claridad respecto de su situación, asegure legítimos derechos, vivir y trabajar tranquilos, y el imperio de la justicia. Preocupa también el que aún no asuma su deber de compensar a las víctimas.
Ante la ausencia aún de respuestas concretas del nivel central sobre los temas de fondo, el Gobierno Regional está impulsando una fuerte inversión en ámbitos de infraestructura, conectividad, educación, agua y electricidad, emprendimientos turísticos, y otros proyectos que pongan el piso esencial para acciones futuras mayores. Pero paralelamente se requiere, en diálogo y consulta con las comunidades, figuren, entre otras, formas de compensación que no se agotan en la tierra; una nueva ley que flexibilice la gestión de los predios de las comunidades; capital, recursos, urbanización, vivienda, que las hagan habitables y productivas; reconocimiento constitucional; representación política, y las formas de hacer realidad la interculturalidad en todos los ámbitos de la vida de la Región. Son caminos para construir la paz.
Héctor Vargas,