Ocupaciones de predios
Ratificando la sensación que habían dejado los últimos hechos de violencia rural en la Región, el Barómetro del Conflicto que elabora la Multigremial de La Araucanía evidenció que los atentados que antaño eran casi exclusivos en Malleco se han ido trasladando sostenidamente hasta la provincia de Cautín, expandiendo la situación de intranquilidad que se ha apoderado de los campos y que en algunos casos, como en Chihuaihue, han terminado provocando la migración de los pocos agricultores que quedaban. Según el estudio, en el período de enero a marzo de este año las denuncias presentadas por actos violentistas en Cautín pasaron de los 8 casos de 2014 a 25 en igual período de este año; y más específico aún, es en esta provincia donde se ha concentrado la mayoría de las usurpaciones de predios, afectando particularmente a las comunas de Freire, Loncoche y Gorbea.
Si bien el Barómetro da cuenta de la preeminencia de los incendios de bosques, máquinas y camiones -lo que ha sido la tónica del largo conflicto que ha minado las esperanzas de la Región-, son precisamente las tomas de predios agrícolas las que se han dejado sentir con fuerza estos últimos meses en las comunas de Cautín, llevando el conflicto derivado de la reivindicación territorial y de mayor participación política de los mapuches hacia nuevos derroteros que pretenden cuestionar la propiedad de los fundos reclamados. A pesar de esto que parece ser una tendencia, la Corporación Nacional Indígena (Conadi), el organismo llamado a gestionar la compra de predios para las comunidades mapuches, no se ha mostrado ante la opinión pública con la suficiente fuerza para condenar estos hechos ni advertir que la ocupación no es la vía, pues de acuerdo a lo que anteriormente se advirtió desde ahí mismo, los grupos involucrados en hechos de violencia no debieran contar con lo que se denomina como "aplicabilidad" para ser priorizados en las adquisiciones de tierras.
Las tomas de predios no pueden constituirse en el camino de la reivindicación de tierras, a menos que se desconozca el imperio del Estado de Derecho y que lo que se busque es obligar a actuar a los organismos de Gobierno bajo la fuerza de los hechos consumados. La autoridad debe enviar una señal clara acerca de la inconveniencia de este tipo de acciones.