Diversas reacciones causó en el mundo empresarial y político, así como también en quienes han vivido algún episodio de violencia en el marco del conflicto territorial, la compra por parte de Conadi en $11.274 millones, de los predios de la Sociedad Agrícola Ancali, propiedad del empresario Carlos Heller.

La Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) a través de su presidente, Marcelo Zirotti, golpeó la mesa con firmeza y criticó al Gobierno por comprar a un alto valor un predio bajo lo que considera "medidas de presión".

Hay que precisar que la negociación beneficia a la comunidad Fermín Manquilef de Freire, la misma que el 19 de julio de 2014 se tomó la losa del aeropuerto de La Araucanía para evitar su inauguración, exigiendo medidas compensatorias por la mega obra ubicada a 20 kilómetros al sur de Temuco.

"Nosotros creemos que es un pésimo mensaje ya que se le sigue entregando territorio o suelo a las comunidades violentas (…) Nosotros vemos cómo hoy día son perjudicadas otras comunidades que no son violentas y que han actuado como corresponde, vemos cómo son pasadas a llevar por una decisión política de comprar un predio en una situación de presión", enfatizó Zirotti.

Tras la información dada a conocer por El Austral, la empresa familiar con sede en Los Ángeles, Agrícola Ancali, a través de una declaración pública explicó que "tras múltiples exigencias de las comunidades indígenas, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena realizó una petición en 2014, y comenzó un proceso de negociación que concluyó con su venta a finales de abril".

La empresa aclaró que la venta contempló un grupo de predios que conforman los fundos San Juan, Santa Teresa y Santa Carolina, los que comprenden alrededor de 1.650 hectáreas.

"Este proceso se realizó apegado estrictamente a las normas por las cuales se rige Conadi en estos casos según sus atribulaciones y la compra del terreno está de acuerdo al valor promedio de mercado", afirmó la compañía.

Agrícola Ancali informó que funciona en Freire y posee más de 3.500 animales dedicados a la producción lechera y 33 trabajadores a su cuidado.

Zirotti agregó que la compra es una señal equívoca para las comunidades que han esperado por años y que se encuentran en el listado de priorización creado por el Gobierno en 2010.

"Vemos cómo el Estado actúa cobardemente, el Estado no se hace responsable. Ese suelo tiene un valor de adquisición porque actúa bajo una presión lo cual la está haciendo esta comunidad y prefiere pagar lo que sea por un terreno para sacarse esta presión", disparó el dirigente gremial.

Los dardos del presidente de la Sofo también apuntaron al empresario Heller. Enfáticamente Zirotti aclaró que "agricultor se nace, no se hace" y en este sentido, junto con tildarlo de "comerciante" agregó que "nosotros estamos viendo a un agricultor que se hace, él vino a la Región, compró un predio y hoy día vio una mejor oferta y lo vendió".

La Sofo se mostró preocupada por la negociación ya que a su juicio, puede marcar un precedente negativo que promueva la especulación de parte de particulares que puedan ver con buenos ojos la compra de un predio en la Región para luego venderlo al Estado a un alto precio en el marco de las reivindicaciones territoriales indígenas.

En concepto de uno de los directores del gremio agrícola ganadero, René Araneda, la compra de tierras está agotada y se debe buscar otra fórmula para compensar a las comunidades.

"Yo creo que en general las mismas familias mapuches están diciendo en las encuestas de la fundación Aitué y de otras instituciones, que la alternativa no es sólo la tierra porque el camino de la tierra ya está sobre compensado en la Región, por lo tanto la gente quiere otro tipo de compensaciones por su pobreza y por la falta de oportunidades que es principalmente la educación", aseguró Araneda.

Se intentó obtener una reacción por parte del intendente regional, Francisco Huenchumilla, y el gobernador de Cautín, José Montalva, quienes optaron por no referirse indicando que es una situación de Conadi, manteniendo el hermetismo de las autoridades políticas del Gobierno.

política

El ex intendente de La Araucanía, Andrés Molina, señaló que durante la administración del Presidente Sebastián Piñera se pagó un promedio de 2,8 millones de pesos la hectárea, cifra con la cual critica las decisiones de la actual administración. Respecto de un eventual precio de mercado que se estaría pagando por la hectárea del terreno de Ancali, el militante de Evópoli afirmó que para la ley del mercado se necesita oferta y demanda y que en ese sentido "yo entiendo que la demanda que hoy día existe en la Región es prácticamente de un solo comprador, que es la Conadi".

"Hoy día yo espero que se investigue y que se llegue a fondo en estos precios que se están pagando que me parece que hay que revisar", afirmó Molina junto con emplazar al diputado radical Fernando Meza -quien presidió la comisión de la Cámara Baja encargada de investigar eventuales irregularidades en la compra de tierra durante la administración anterior- a explicar la compra en cuestión.

Para el aludido parlamentario, la cifra pagada por el predio es "poco comprensible" y debiera estar muy bien justificada.

"Yo creo que aquí merecemos una explicación por parte de los altos directivos, en este caso la dirección nacional de Conadi, para que entendamos el por qué se tuvo que pagar $11 mil millones por un predio que puede que los valga, pero ¿era necesario este predio precisamente? El drama de la tierra en La Araucanía es finito, se va a terminar la tierra y vamos a seguir teniendo necesidad. Hay que cerrar este círculo", comentó Meza.

Por su parte, el diputado José Manuel Edwards (RN) adelantó que informará de esta situación a Contraloría para que sea el órgano investigador quien esclarezca la compra.

"Se ha generado un manto de dudas además, porque la firma de esta compra-venta fue entre cuatro paredes en la Dirección Nacional, siendo que el conducto regular de compra es desde la dirección regional. Por eso, voy a solicitar a Contraloría que se investigue este negocio y se exija que el director nacional de Conadi muestre la resolución de la negociación. Se debe aclarar a la ciudadanía cómo se decidió cuánto se pagaría y a quién se le entregarían las tierras", recalcó el Rojo.

Agrupaciones

En la provincia de Malleco la noticia generó opinión en los agricultores de la zona quienes a través de su presidente, Nicolás Donzé, criticaron la compra a comunidades que catalogan de violentas.

"Lo que da rabia es que con recursos del Estado se esté premiando a violentistas dentro de la Región. Lo otro es con todo el acontecer económico que tiene Chile, que está en una baja, en una depresión donde hay mucha gente que necesita ayuda, casas, donde hay quienes necesitan resurgimiento económico, poder emprender trabajo, se le regale a violentistas importantes sumas de dinero", aseguró Donzé.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru) Alejo Apraiz, criticó a las autoridades.

"El mismo intendente, el ministro del Interior, el subsecretario Aleuy en su momento dijeron que eso no iba a suceder más en circunstancia que la Conadi al parecer hace oídos sordos de lo que dicen las autoridades y hace todo lo contrario", declaró Apraiz.

Conadi

Al cierre de esta edición, desde Conadi señalaron que la compra del predio se realizó bajo los márgenes que le ley establece y que se pagó un precio justo según lo determinado por la tasación. Según el organismo, el pago responde a la buena calidad de los terrenos calificados como "altamente productivos".

La institución aclaró que la compra responde a una reivindicación territorial de origen cultural que se inició hace más de 10 años y que se fundamenta en el título de merced 2.903 del año 1923 en el caso de la comunidad Fermín Manquilef. También aclararon que durante este periodo recibió tierras la comunidad Francisco Lemuñir, la que cuenta con título de merced del mismo año.

Por último, la Conadi aclaró que estas comunidades no han participado en actos de violencia, catalogando sus manifestaciones de pacíficas y normales dentro de una democracia por lo que descartaron de plano la catalogación. Asimismo, afirmaron que la Fermín Manquilef se encuentra con aplicabilidad desde el 2009 y dentro de las comunidades en plan de compra desde el año 2008 bajo el pacto Re-Conocer del Gobierno de la época.