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La verdad de las cosas es que dan ganas de tomar una pistola y hacer justicia uno", dice con resignación Carmen Roa, la viuda del parcelero Héctor Gallardo Aillapán al enterarse del nuevo acuerdo al que llegaron el Gobierno y los cuatro comuneros que estaban en huelga de hambre de la cárcel de Angol.

Desde un domicilio bajo reserva - tras abandonar por seguridad la casa que por años compartió junto a su marido e hijos en Ercilla- la viuda del parcelero asesinado en 2012 por un grupo de comuneros, calificó como una burla el acuerdo firmado el viernes en la Intendencia y que terminó con huelga de los comuneros.

El documento le otorga a Luis Marileo, uno de los condenados a 10 años por el homicidio de Gallardo, el beneficio de ser trasladado desde el penal de la capital de Malleco hasta un Centro de Estudios y Trabajo (CET) de Gendarmería.

El homicidio registrado el 1 de septiembre de 2012 es un episodio traumático para la víctima.

"No es tan solo una burla para mí sino para el Ministerio de Justicia porque realmente no tienen ningún valor. Revocan las sentencias y hacen lo que quieren. El asesino de mi marido hace lo que quiere con la justicia y ellos se dejan manipular de la forma que él lo desea", alegó la viuda.

El viernes recién pasado, en la Intendencia Regional en Temuco los familiares de los huelguistas; la seremi de Justicia, Claudia Lecerf; el director regional de Gendarmería, Luis López; y el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao (quien actuó como garante) firmaron un convenio que puso fin a 46 días de huelga de hambre.

"En ningún momento el Gobierno ha pensado en todo lo que nos ha tocado vivir. Todo lo favorable ha sido para ellos, en ningún momento se han hecho sentir de una u otra forma para apoyarnos", lamentó Roa.

Luis Marileo y Cristián Levinao (condenado por incendio y daños), serán trasladados en menos de 20 días al CET de Angol. En tanto, los comuneros Claudio Huentecol (robo con intimidación) y Miguel Toro (usurpación) en caso de ser condenados serán trasladados de inmediato al CET.

sin autoridad

"La autoridad es nula. Se dejan manipular por cualquier actitud que ellos tomen en las cárceles. Más que las explicaciones necesito decisiones concretas. Que se cumplan las penas que fueron otorgadas y que no se les dé facilidades a ellos. No se robaron una gallina ni tampoco asaltaron una casa, fue un asesinato, hubo una muerte pero pudieron ser más", enfatizó la viuda.

Por su parte, el abogado de la familia Gallardo-Roa, Gaspar Calderón, alegó que el Gobierno ha sido incapaz de tomar las riendas de la seguridad en la Región. "No es nada extraño puesto que lo que hemos visto en los últimos días en las noticias, es que la actividad política se encuentra muy cercana al crimen, por lo tanto no me extraña", disparó indignado.

La viuda y sus hijos demandaron al Estado por $650 millones. "Esto significa que a futuro, entonces cualquier delincuente traficante de drogas, violadores, estafadores pueden entrar en tratos con el Gobierno y hacer arreglos respecto del cumplimiento de las penas", remató el abogado.

Gremios

En tanto, el vicepresidente de la Multigremial de La Araucanía, Gastón Caminondo, criticó duramente al Gobierno por el convenio. "Es una vergüenza", dijo el representante de los ocho gremios productivos, e ironizó señalando que "hay que hacerle un llamado señalando al resto de la población penitenciaria que hoy día tienen el camino claro para lograr sus objetivos. Es impresentable".

Par el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru), Alejo Apraiz opinó que "el Gobierno lo único que hace es dar muestras de debilidad ante las presiones de algunos sectores. Queremos que en esta Región al igual que en otras se respete el Estado de Derecho".