El reportaje que El Austral publicó el pasado domingo armó un debate entre el Concejo Municipal y las autoridades regionales, respecto a qué fin se le puede dar a la situación que se vive en el vertedero Boyeco.

Más allá del impacto medioambiental que implica este recinto, está el drama social y la necesidad de los que dependen de la recolección de basura en el lugar para subsistir.

El concejal Ricardo Celis indicó que el problema ya se conocía y que está en manos de un proceso investigativo de parte de autoridades medioambientales. "Lo que tenemos acá es develar un hecho social que tiene que ver con un cumplimiento de parte del municipio de Temuco respecto a la resolución", indicó el edil.

Aludiendo a la queja de que la situación ha recibido poca atención de las autoridades, Celis dice que no se vislumbra una solución pronta a la situación. "Estamos a un año y medio del cierre del vertedero Boyeco y no hemos conocido ningún proyecto de modo formal respecto a alternativas de solución. Ningún proyecto va a requerir menos de 2 ó 3 años para su estudio. Aquí hay una tremenda improvisación de parte del municipio de Temuco", reclamó y frente a esto aseguró que "el 31 de diciembre de 2016 vamos a estar exactamente igual al día de hoy".

Pero otros concejales indican que acercamientos hacia las comunidades sí han existido, pero que existen impedimentos para la entrega de ayuda. Así lo consigna, por ejemplo, el edil Juan Aceitón. "Hay un sindicato, un gremio que yo mismo los insté a que se organizaran para poder obtener mejoras, y ellos efectivamente ponen en riesgo su salud, pero el tema también es que es lucrativo el negocio (de la recolección)", indicó el concejal.

Si bien indica que los recolectores de la zona "trabajan porque ellos quieren, no porque alguien los obligue a trabajar", no niega que este es un problema que afecta a la salud de los habitantes cercanos, por lo que asegura que "municipio y Gobierno Regional debieran preocuparse de los aledaños".

Una opinión similar a la de Aceitón tiene su compañero concejal Roberto Neira, quien indicó que los protagonistas de este drama social no quieren recibir ayuda ni abandonar el lugar. "Se nos dijo desde la empresa y desde Aseo y Ornato que algunas de estas personas eran bastante violentas en su actuar cuando uno trata de acercarse", afirma.

Para Neira, una de las soluciones es restringir el acceso al lugar, algo que, bajo su perspectiva, depende de la empresa concesionaria, aunque también se puede generar otras instancias. "Quizás el municipio a través de la Dideco y Aseo y Ornato debería establecer algún modo de acción que permita la erradicación a estas personas dentro del vertedero mientras lo tengamos vigente, y creo que el municipio tiene las herramientas para hacerlo", expresó el concejal.

Seremis

El secretario regional ministerial (seremi) de Gobierno, Mario González, dijo sentirse muy conmovido por este caso, e indicó que crearán una mesa de trabajo con las familias que viven este problema socioeconómico, bajo la premisa de que "hay una deuda social con este tipo de situación, con estas familias, con estas personas", comentó González.

En esta instancia, el seremi dijo que se deben tratar dos temas: la salud de los habitantes del sector y los recolectores; y nuevas fuentes de trabajo para ellos, temas que fueron planteados por la presidenta del Comité de Recolectores y Recicladores de Boyeco. "Personalmente me voy a encargar de poder llamar a la dirigenta (Millanao) y generar una mesa de trabajo, porque estamos contra el tiempo", indicó, aunque reclama que el ente comunal también debe ser parte de este diálogo. "El municipio tiene una responsabilidad. Sin duda sería importante que en esta mesa que vamos a desarrollar también esté presente el municipio, porque también tiene mucho que decir", opinó el secretario regional ministerial de Gobierno.

Alejandro Blamey, jefe regional de la cartera de Desarrollo Social, comentó que el mejorar las condiciones de vida de estas personas "es una tarea que tienen que hacer los involucrados, en este caso es el municipio de Temuco, el concesionario y los trabajadores".

El seremi dijo que es importante revisar si la población afectada está incluida dentro del subsistema de seguridades y oportunidades, correspondientes al Ingreso Ético Familiar, "y si no lo están, hay que ver cómo pueden incorporarse", aseguró, además de revisar su Ficha de Protección Social (FPS).

El seremi de Medio Ambiente, Marco Pichunmán, declinó hablar con El Austral por el tema, mientras no finalice el proceso sancionatorio contra la Municipalidad.

En efecto, el jefe de Oficina de la Macrozona Sur de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Eduardo Rodríguez Sepúlveda, dijo que "en el proceso de investigación da cuenta que efectivamente había inclumplimientos con los gases que emanan en este tipo de instalaciones, vimos cierta afectación al estero Cruzaco, y una serie de otros incumplimientos".

Alcalde Becker

Para el alcalde de Temuco, Miguel Becker, el cierre definitivo del vertedero, proyectado para el 16 de diciembre de 2016, es un factor que mejoraría en gran parte la calidad de vida de los habitantes del sector, aunque rebate acerca de la cantidad de personas que residen y trabajan en el lugar.

Cabe destacar que en la publicación de El Austral, dirigentes del lugar mencionaron que son 200 personas las que recolectan desechos en el lugar.

"La mayoría de las personas, no todas, no viven en el vertedero, viven en zonas aledañas", indicó el jefe comunal. Y respecto al acceso al lugar, aseguró que sí se han hecho intervenciones para evitarlo, pero sin éxito. "Son personas que están ahí por su propia voluntad y no están avaladas ni nada por la Municipalidad. También les pedí que salieran de ahí, por eso hicimos cierres perimetrales ahí, pero los rompen y pueden ingresar", precisó el alcalde.

En lo concreto, el jefe comunal indica que a la gente involucrada en esta situación se le pueden otorgar oportunidades laborales. "Buscaremos una forma de que al momento de que se cierre el vertedero tengan alguna alternativa laboral distinta, probablemente reciclando antes del vertedero", indicó Becker.

El alcalde además indicó que previo a cualquier ayuda que se pueda coordinar, se debe obtener una cifra oficial de habitantes y trabajadores en el lugar. "Seguramente habrá que catastrarlas un poco antes (del cierre de Boyeco), porque sino van a ser dos mil en vez de 200, y ver en qué forma nosotros vamos a tratar de colaborar", contó.

En cuanto al ingreso de algunas personas a la base de datos de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), confirmó que ese trámite efectivamente fue realizado, pero indicó que con ello no se soluciona el gran problema. "Nosotros no somos una agencia de empleo, somos Oficina Municipal Intermediación Laboral, que en el fondo capta las empresas que requieren mano de obra", explicó la autoridad comunal.