Toda ciudad oculta, entre sus pliegues urbanos y periféricos, una infinidad de lunares que prefiere soslayar, como una cárcel que por la fuerza de la costumbre se resiste a irse del centro, calles de tierra a pocos kilómetros del corazón cívico o comercial, campamentos en los que la pobreza es carne viva, o escuelas en las que se detuvo el tiempo. Sea por comodidad, sea por conveniencia, estos sitios muchas veces terminan invisibilizándose ante los ojos ciudadanos y el accionar de las autoridades. Y es que para una ciudad parece ser más fácil la capacidad del olvido que admitir las vergüenzas del pasado y presente.

Es lo que ha ocurrido con el paso de los años con el velado drama de los recolectores de basura en el vertedero de Boyeco, expuesto en la edición dominical de El Austral. Allí, entre cerros de desechos de todo tipo y acompañados de jotes y jaurías de perros vagos con los que compiten por lo que encuentran, se ha instalado un modo de vida ajeno a cualquier tipo de formalidad, seguridad y salubridad; y que se asentó por culpa de la pobreza y la inacción de autoridades que al parecer han preferido hacer la vista gorda.

Decenas de personas -más de 200, de acuerdo al relato de los mismos recolectores- acuden día y noche al lugar en que Temuco envía lo que no quiere para recoger las piezas que puedan ser reutilizadas, dando vida a un precario sistema de reciclaje que ha encontrado los canales por los cuales moverse. Quienes han llegado ahí lo han hecho porque la sociedad no les ha dado un espacio o, en lo que debería ser una vergüenza para la capital regional, porque quienes vivían de la agricultura en el mismo sector, hace poco más de dos décadas vieron como los cauces de agua se fueron contaminando por los residuos que comenzaron a llegar en 1990.

Esta realidad debería movilizar a las autoridades. La instalación de un vertedero arrojó una serie de externalidades negativas que se han preferido evadir, pero que ya es tiempo de afrontar; y cualquier discurso que establezca responsabilidades en los propios recolectores no hará más que seguir perpetuando la gran vergüenza sanitaria de Temuco.

En los meses recientes, la opinión pública ha conocido y discutido ampliamente la última iniciativa estructural del Gobierno, el proyecto de Reforma Laboral, que nuestro gremio de la construcción ha analizado en detalle.

Estimamos que este proyecto incluye dos medidas que generarán impactos negativos, tanto transversalmente a los distintos sectores productivos como a la economía en general. Estas medidas son la "ampliación de la negociación colectiva a trabajadores por obra o faena" y la "Titularidad Sindical".

Con respecto a la ampliación de la negociación colectiva a trabajadores por obra, sabemos que esto no es compatible con la realidad de la actividad de la construcción, en particular por la breve duración de las obras (transitoriedad), característica que ha determinado el tipo de relación contractual prevaleciente en el sector y justificado la existencia de un régimen laboral especial para la construcción.

Por otra parte, el proyecto no considera que la realidad de los trabajadores de la construcción es que negocian permanentemente en cada inicio de obra sus condiciones laborales y salariales, por lo que en el período 2004-2014 las remuneraciones en el sector aumentaron 55% versus el 33% del promedio nacional, y que la construcción suele ser su mejor oportunidad de desarrollo, debido a su escaso nivel educacional.

Asimismo, creemos que esta medida perjudicará tanto a las empresas como a los trabajadores, porque afectará a microempresas y pymes de la construcción, que emplean el 81,1% de los trabajadores del sector.

Sobre la titularidad sindical, el principal impacto negativo que implica es la restricción a los trabajadores de su posibilidad de negociar individualmente, ya que sólo tendrán derecho a negociar a través de una organización sindical.

Por tanto, planteamos que se mantenga el régimen actual de excepción que rige para la construcción, en donde los trabajadores por obra o faena transitoria no pueden negociar colectivamente, debido precisamente a la naturaleza transitoria de las obras de construcción. De la misma manera, en el caso de contratos por obra o faena, proponemos que se acote el fuero de dirigentes o delegados sindicales a la duración del contrato, evitándose así abusos cuando concluye una obra y no existen posibilidades de proporcionarles más trabajo.

Adicionalmente, creemos fundamental la creación de una nueva institucionalidad laboral, ya que la Dirección del Trabajo debe cumplir a cabalidad su rol fiscalizador y, en paralelo, proponemos que se cree una entidad técnica de mediación y arbitraje laboral, independiente de los gobiernos, que dirima las discrepancias.

Esperamos que el Congreso y el Gobierno acojan nuestras propuestas.

Henri Jaspard,

Chilena de la Construcción Temuco