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Un total de 50 familias - incluidos socios históricos de la comunidad Fermín Manquilef de Freire y algunos de ellos fundadores de la comunidad, gestores de los primeros pasos que se dieron a fines de los 90 para conseguir la añorada aplicabilidad- quedaron excluidos de la adjudicación de compra del fundo "San Juan Norte", avaluado en $11 mil millones, que hizo la Conadi en beneficio de dicha comunidad.

Se trata de 25 familias, socias de la Comunidad Fermín Manquilef y pertenecientes al Comité de Desarrollo Rural Mapuche Nehuen Rucahue, a las que se suman otras 25, las que si bien no pertenecen a este comité sí son miembros de la comunidad.

Estas familias, el año pasado, antes que Conadi concretara la compra del predio en cuestión de propiedad de Carlos Heller, colindante al aeropuerto regional en Freire, enviaron innumerables cartas al director de la Conadi, Alberto Pizarro, al intendente y hasta a la Presidenta de la República exponiéndoles su situación. Cartas que nunca tuvieron respuesta aducen los afectados.

En dichas cartas, explica la presidenta del Comité de Desarrollo Rural Mapuche Nehuen Rucahue, Maritza Poblete, se le comunicó a la autoridad "que estábamos siendo humillados, discriminados y agredidos por la actual presidenta de la comunidad, Luz María Huincaleo, quien nos dejó fuera de la lista de beneficiados, ya que nosotros desde un comienzo no quisimos ser partícipes de las tomas al aeropuerto ni tampoco participar de irrupciones a fundos vecinos".

DE CONOCIMIENTO

La división que existe en esta comunidad provocó que hoy queden estas familias con título de merced y derechos legalmente validados fuera del acuerdo que hizo Conadi con la directiva de la comunidad Fermín Manquilef y que beneficia a sólo 100 familias con la entrega del fundo "San Juan Norte".

Situación que para la dirigenta Maritza Poblete "es inconcebible e injusta". "Por eso estamos exigiendo a la Conadi que se paralice el proceso de compra, ya que está viciado y carece de total transparencia. Además presentaremos un recurso de protección y pediremos a Contraloría que investigue. Aquí se requiere hacer una auditoría interna a la comunidad".

La Conadi está en conocimiento de dicho escenario de división y así queda en evidencia en el documento de compromiso de apoyo y asesoría en proceso conforme al artículo 20 letra a) de la ley 19.253 (subsidio adquisición de tierras) que la entidad le envió a estas familias con fecha 29 de abril de este año.

En este oficio que firma el funcionario de apoyo profesional al Gabinete de Tierras, Froilán Garrido y el fiscal de la Conadi, Juan Pablo Pino, la corporación advierte que está en conocimiento que la compra de fundos "San Juan Norte" y "San Juan Sur" a favor de las comunidades Fermín Manquilef y Francisco Lemuñir, "implicó que no todas las familias integrantes de dichas comunidades se vieran beneficiadas con la compra de tales predios".

En el documento la Conadi advierte a los comuneros -no incluidos en la adjudicación de compra- "que los procesos de adjudicación y beneficios son autónomos de cada comunidad, de tal manera que la Conadi no puede intervenir en decisiones autónomas de cada comunidad".

Este documento en donde la Conadi en compensación a las familias excluidas ofrece asesoría para postular al subsidio de tierras está firmado por 33 miembros de la comunidad Fermín Manquilef.

Al respecto, la dirigente Maritza Poblete dijo que "el documento se firmó, pero no es garantía de restitución de derechos. Además es un compromiso de asesoría de subsidio, lo que no significa que uno salga necesariamente beneficiado. Además en estos concursos no le tocan más de 3 hectáreas por familia, en circunstancia que estas 100 familias tendrán derecho a más hectáreas ".

RESPONSABILIDAD

La dirigente Poblete considera que la Conadi y la actual directiva de la comunidad comparten culpas. "Aquí la Conadi y la directiva no pueden venir a lavarse las manos. La Conadi es culpable de permitir esa situación de injusticia y no es menor, porque hablamos de políticas públicas".

La dirigente añade que como socios de la comunidad estuvieron en el primer listado cuando la comunidad logró su aplicabilidad por el año 2008 y después hubo modificaciones internas a la lista de parte de la directiva de la comunidad.

"La gente se fue reemplazando por aquellas que acompañaban a la comunidad a sus actos violentistas: tomas del aeropuerto, atentados y corte de ruta. También se nos discriminó por esta doble dualidad de ser parte del comité de desarrollo rural y miembros de la comunidad. Al final son la familias guerreras las que hoy aparecen como beneficiadas de la entrega de tierras", contó Poblete.

DESMIENTE

La presidenta de la comunidad, Luz María Huincaleo, que hoy cumple funciones de asesora del MOP como asistente social, desmiente las acusaciones de discriminación y amenazas hacia estos socios de la comunidad.

"Fueron ellos quienes no llegaron a la firma notarial. Ellos pensaban que por estar en esa lista de aplicabilidad le iban a dar tierra automáticamente y eso no es así. Además la Conadi nos dio 100 cupos solamente y hubo que filtrar, pero a varios de sus hijos se les dio", postuló la dirigente.

Respecto del clima de división interna al interior de la comunidad, Huincaleo asegura que "fueron ellos quienes se aislaron y no asistían a las asambleas y tengo documentación que lo respalda", acotó Huincaleo, quien de paso denuncia "una utilización de parte de la derecha para criminalizar la compra del fundo y nos sentimos estigmatizados por las acusaciones de violentistas".

El gobernador de Cautín, José Montalva, aclaró que la compra del predio por parte de la Conadi "se ha ajustado estrictamente al procedimiento legal".

Atendiendo a las acusaciones, se intentó obtener una declaración de parte del subdirector sur de Conadi, Ernesto Paillán, pero no fue posible al cierre de esta edición.