Vecinos rechazan planta que elimina toneladas de desechos hospitalarios
Disonante y paradojal. Eso es para los pequeños agricultores frutícolas y apicultores de Gorbea y Loncoche la puesta en marcha blanca de una planta incineradora de residuos hospitalarios instalada en el sector Quesquechán, una zona eminentemente agrícola.
Hoy, la planta (perteneciente a la Empresa Ingemedical) es para los habitantes del sector ser un vecino "indeseable" porque, a su juicio, pone en riesgo su sustento, ya que el 60% de la producción local va dirigido al mercado extranjero cada temporada, la cual debe ajustarse a estrictas normas internacionales.
De pie junto a la ruta 5 Sur, a metros de la pasarela Quesquechán, un grupo de habitantes y dirigentes del sector se reunió ayer para volver a explicar los alcances de su rechazo a la incineradora, las suspicacias que en ellos despierta la presencia de esta planta y para dejar en claro que no se detendrán hasta que el caso sea revisado y su parecer sea considerado por las autoridades, al punto que mañana o pasado su próximo paso será presentar una denuncia-reclamo al Tribunal Medioambiental.
De acuerdo a los antecedentes que fueron expuestos por los propios vecinos al Consejo Regional (Core) de La Araucanía, en el contexto de una sesión especial de las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente celebrada hace poco en la zona, la planta en cuestión ya está en marcha blanca y, en teoría, ésta incinerará alrededor de 220 kilos diarios de residuos hospitalarios de al menos tres centros de salud pública y una clínica, por lo cual no tuvo la necesidad de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental para su aprobación.
Sin embargo, uno de los fundadores de la cooperativa LoncoFrut y productor de arándanos de Quesquechán, Alex Ceballos, estima que ya en este punto el proyecto despierta suspicacias debido a que, en el papel, se retirará 600 kilos diarios de ceniza, lo que no se condice con el volumen a incinerar.
A esto, agrega, que los vecinos que colindan con la planta aseguran que las primeras incineraciones han ocurrido de noche y el material que ingresa al sector vendría en camiones, que por volumen no les cuadra.
"Tememos por la muerte de nuestros emprendimientos. Aquí estamos hablando de unos 200 pequeños productores entre la Sexta Faja (Gorbea) y Collimallín (Loncoche) que producen frutos de exportación. Hablamos del orden de 1.800 toneladas por temporada y de un rubro que genera más de 2 mil empleos", acota Nelson Troncoso, productor local.
PARADOJAL
Europa, Asia y Estados Unidos son los mercados a los que apunta el 60% de los frutos cultivados por los pequeños productores. Para lograr esta exportación, quienes participan del rubro han sido apoyados por instituciones del Agro y de Gobierno, y se han sometido a normas de producción para ajustarse a los estándares internacionales, es por ello que no entienden cómo llega al sector una planta de esta naturaleza que - a su parecer - podría generar contaminación de los frutales y echar por tierra el trabajo hecho hasta ahora.
"En lo personal no entiendo cómo en algún punto del proceso de aprobación de esta planta no se dieron cuenta que estaban rodeados de productores frutícolas, si esta zona es monitoreada por el SAG a través de GPS y además tiene trampas en los huertos para evitar la presencia de plagas", acota Nelson Troncoso. A lo que la productora de frambuesas Nelly Jara, agrega: "Y para peor, a menos de 500 metros de la incineradora hay un huerto de manzanas y yo estoy a mil metros con mis frambuesas, un producto delicado que no puede ser lavado en caso de contaminación".
A juicio de los productores lo paradojal es que servicios como el SAG, Corfo, Sercotec, Seremi de Agricultura y Salud han trabajado con ellos para que puedan responder a las normas de exportación, y eso podría perderse de enfrentar una eventual contaminación.
"Para todos los productos agrícolas hay una trazabilidad y con esto la trazabilidad se va a las pailas. Estamos ante una amenaza. Es indudable que esto va a contaminar, va a estigmatizar un sector y un rubro. ¿Cree que desde el extranjero se van a arriesgar con nosotros si saben de la cercanía de esta incineradora de residuos hospitalarios? (...) No podemos convivir con esta planta", declara Alex Ceballos.
El volumen de la infraestructura levantada en el sector es otro elementos que despierta dudas en los vecinos, entre los cuales está el profesor y director de la escuela del sector, Hernando Esparza, cuyos alumnos al estar a menos de mil metros lineales de la empresa podrían verse perjudicados.
Por su parte, Héctor Aburto Huentemilla, representante de la comunidad indígena de Quesquechán, quien reside a 1.500 metros de la planta, define esta situación como una falta de respeto.
"Nosotros, como comunidades, estamos amparados por el artículo 169 de la OIT y aquí no fuimos consultados. Aquí debió hacerse una consulta antes. Entonces esto nos parece simplemente una falta de respeto", precisó.
A la espera de sostener una reunión con el alcalde de Gorbea, Juan Esteban Meza (que ayer fue imposible de ubicar telefónicamente), quien se habría comprometido a agendar una conversación con ellos hace 15 días, y a quien responsabilizan por aprobar este proyecto, los productores frutícolas no pierden la esperanza de cambiar la situación, al punto que si no son escuchados protagonizarán movilizaciones.
SUPERINTENDENCIA
Desde la Superintendencia de Medio Ambiente, el jefe de la macrozona sur, Eduardo Rodríguez, explica que ante este tipo de instalaciones su competencia está en fiscalizar la norma de emisión. "En este caso, la empresa debe presentar un plan de monitoreo y nosotros somos responsables de aprobarlo o no".
Respecto de la instalación misma, Rodríguez agrega que no han recibido denuncia alguna que les lleve a iniciar una investigación.
"De haber una denuncia - explica - tendremos que iniciar la investigación del caso según corresponda".