Una solicitud de investigación presentó en la Contraloría Regional una decena de integrantes de la comunidad Fermín Manquilef de Freire, los que acusan ser marginados "por pacíficos" de los beneficios de la compra del fundo San Juan Norte, por el que Conadi pagó más de $11 mil millones. Plantean que la compra debe ser paralizada si no son incluidos.
Se trata de una facción de 30 familias que se desmarcan de las 100 de la comunidad Fermín Manquilef lideradas por la dirigente Luz María Huincaleo, a la que acusan de discriminarlos y dejarlos fuera de las 1.200 hectáreas productivas por negarse a participar de acciones violentas.
El escrito pide ser incorporado a la denuncia que ingresó el diputado José Manuel Edwards (RN) el pasado 15 de mayo, cuando reveló un informe de colindancia que no recomendaba la compra del fundo, propiedad de la Sociedad Agrícola Ancali, la que es controlada por la familia del empresario Carlos Heller.
En el documento dirigido al contralor regional, Ricardo Betancourt, se adjuntan cuatro antecedentes: una carta con fecha 26 de noviembre de 2014 con cargo a la OIRS de la Intendencia Regional, donde los comuneros manifiestan su preocupación por los problemas internos de la comunidad. Un documento similar enviado al director nacional de Conadi con fecha 5 de diciembre de 2014; una fotocopia de una carta recepcionada en Conadi con fecha 7 de agosto de 2013 donde la Sociedad Ancali señala que los predios de su propiedad no están disponibles para venta y un documento de compromiso de asesorías y apoyo para todas las familias que no fueron beneficiadas por las compras de los fundos San Juan Norte y San Juan Sur, en el proceso de subsidios reglado por el artículo 20 letra A.
"Nos dijeron que podían reemplazar este daño con un 20-A que todos sabemos que es un concurso para este grupo de personas que no es lo suficiente y no es lo que corresponde tampoco. Con subsidios, es una postulación y nosotros no queremos eso (…) jamás nos vamos a arrepentir de no participar de actos violentos, nunca porque creemos que no es la vía correcta; es hacer daño en nuestro propio territorio", apuntó la dirigente denunciante, Maritza Poblete, junto con agregar que "estamos aquí en Contraloría entregando estos documentos para que exista una investigación de todos estos procesos para ver la posibilidad de incorporarnos o paralizar y ver de qué manera van a quedar estas familias afectadas".
Otra de las "marginadas", es Edith Oliva Manquilef, quien agregó "se espera que se haga justicia por todos nuestros vecinos que es gente realmente que necesita las tierras para trabajar; jóvenes que prácticamente según ellos ya tienen sus tierras y no saben ni tomar una pala. Aquí hay gente trabajadora que está quedando fuera, gente que necesita el terreno, necesita sus tierras", afirmó.
Parlamentario
El diputado Edwards acompañó a los denunciantes, prestándoles apoyo con su equipo jurídico. "Este es un ejemplo brutal de cómo la política de tierras hoy día está incentivando la violencia. Una comunidad que se divide, parte de la comunidad realiza actos violentos como tomarse el aeropuerto; otra parte busca la vía pacífica ¿cuál es el resultado? Quienes se toman el aeropuerto y hacen actos violentos, reciben 18 millones de dólares de premio en tierras y quienes no hacen actos violentos porque prefieren el diálogo, prefieren la paz, se quedan sin pan ni pedazo y más encima se les relega; esto es inaceptable", enfatizó el parlamentario de oposición.
Según el legislador, las familias tienen el mismo derecho al título de merced (2.903 de 1923) y la aplicabilidad obtenida el año 2009 tras presentar su demanda de restitución territorial en 2006.
Desde la Conadi no quisieron referirse al tema y tras insistentes llamados no fue posible contactar a la dirigente Luz María Huincaleo a quien aluden directamente los comuneros.
Comisión
La semana pasada la bancada de diputados de RN, anunció en exclusiva a través de este medio que solicitará una comisión investigadora por presuntas irregularidades al interior de la administración actual de Conadi. El diputado Edwards fue el único que se restó por considerar que no es el momento. Consultado si sumaría su voto, señaló "tenemos que ver qué va pasando con Contraloría. Es muy probable que sí, pero quiero ver qué pasa en Contraloría". Para crear la comisión, los diputados Jorge Rathgeb, Germán Becker, René Manuel García y Diego Paulsen, necesitan el apoyo de 40 parlamentarios por lo que esperan el voto a favor de representantes de la oposición.
30
familias aseguran que fueron marginadas del proceso de compra por la actual dirigencia de la comunidad Fermín Manquilef.
