El pasado 21 de mayo fue la cuenta pública y por segundo año consecutivo se omitió a nuestra Región haciendo parecer como que no existiera y no hubiera ningún problema. Ojalá esto último fuera cierto, sin embargo, todos sabemos que no es así.

Nos guste o no somos la región más pobre del país, ese solo hecho ya nos debería poner en el centro de la atención. Lo malo es que junto a esto acarreamos un problema aún peor y ese es el de la violencia y la extrema pobreza que se vive en muchas comunidades indígenas. Por este motivo, preocupa mucho que la Presidenta no haya hecho mención alguna a estos dos puntos en su discurso, invisibilizando el problema más grave que vive el país en la actualidad.

Frente a esta situación los afectados se hacen preguntas cómo: ¿Cuándo se va a hacer respetar el Estado de derecho?, ¿por qué no puedo estar en mi campo de manera segura y saber que si algo pasa los culpables serán enjuiciados? Y por el otro lado ¿Cuándo voy a tener las mismas oportunidades que la gente que vive en la ciudad?, ¿por qué mis hijos tienen una peor educación?, ¿cuándo voy a poder emprender como el resto de los chilenos?, ¿por qué me discriminan por el solo hecho de ser mapuche?

Son demasiadas preguntas sin respuesta que la Presidenta no abordó en su último mensaje. Es impresionante que en el comienzo de su discurso ella dijera de manera textual: "El mandato que recibí fue claro: conducir las transformaciones que nos permitieran ser una sociedad menos desigual, más cohesionada en paz y con desarrollo, al servicio de cada hombre y mujer de la patria". Si analizamos cada parte de esa declaración y lo llevamos a nivel de La Araucanía nos encontramos con lo siguiente: "una sociedad menos desigual", no se ha avanzado en nada concreto durante el último año, es más, según datos del INE en la Región se perdieron 14.120 empleos en un año, siendo la que más plazas laborales perdió (más que la Metropolitana); "más cohesionada en paz y con desarrollo", la paz se hace cada vez más lejana y el desarrollo se ve estancado porque muchos no quieren invertir producto de la violencia en la zona; "al servicio de cada hombre y mujer de la patria", para estar al servicio de la gente y entender sus problemas lo primero es ir a visitarla y conversar con ellos. Sin embargo, en más de un año sólo ha venido de vacaciones y en una visita express al volcán Villarrica después de la erupción, estando muy lejos de abordar los temas que realmente aquejan a nuestros habitantes.

Ante estos hechos, todo indica que de seguir por esta senda se nos vienen 4 años perdidos para La Araucanía.

Pablo Sabugo,

Hace aproximadamente un año, cuando el nuevo Aeropuerto de La Araucanía estaba a punto de entrar en funcionamiento después de varios años en que estuvo sumido en la incertidumbre por la oposición de las comunidades mapuches vecinas, un último capítulo vino a coronar la zigzagueante historia, dejando en jaque al organismo aeronáutico y a la autoridad política de la Región. La recordada toma de la losa del terminal aéreo, pocos días antes de que llegara el primer vuelo a la pista ubicada en la comuna de Freire, obligó al Gobierno a rápidas reuniones con los demandantes de las cuales nunca se tuvo una información precisa, a pesar de los requerimientos de la prensa.

La presión de la comunidad protagonista de la toma bajó y el aeropuerto logró entrar en operaciones.

Pero la historia no terminó ahí. Este año se conoció que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) autorizó la compra más grande de tierras en su historia, presupuestando gastar más de 11 mil millones de pesos de un fundo propiedad de la familia Heller, y que se destinará a la misma comunidad que se tomó el aeropuerto; a pesar de las numerosas advertencias emanadas desde el nivel central respecto de que no se entregarían tierras a las comunidades que hayan participado en actos de violencia. Para justificar tal adquisición, desde Conadi se aportó un curioso argumento que apuntó a relativizar el carácter violento de la ocupación de la losa. Es decir, según la visión de la corporación, habrían unos actos más violentos que otros, lo que parece entrar en conflicto con la condicionante absoluta que determinó el Gobierno.

Esta contradicción en las esferas del Poder Ejecutivo, además de sentar un peligroso precedente para los métodos de reivindicación de las demandas territoriales, ha dejado un gran perjudicado: una comunidad mapuche del mismo sector del aeropuerto que se negó a participar en la toma de la losa y que prefirió el camino del diálogo. Se trata de un centenar de familias de trabajo que ahora ha iniciado la reclamación administrativa, en la Contraloría, para revertir la decisión de la Conadi.

La poca claridad de las negociaciones del año pasado ha derivado en este complejo escenario, además de la incapacidad de Conadi para prever el impacto de decisiones marcadas por la contradicción.