El abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, pidió que sean citados a declarar como imputados el ex ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, el ex director del SII, Michel Jorratt, y el recaudador de la campaña de Bachelet Giorgio Martelli, en la causa penta-SQM.

El requerimiento fue presentado por el profesional a la Fiscalía Nacional como uno de los querellantes en esa causa, que persigue delitos tributarios relacionados con entrega irregular de fondos para el financiamiento de campañas políticas. La solicitud, ingresada el lunes, tiene como fundamento los nuevos antecedentes conocidos luego de la entrevista que Jorratt dio a revista Qué Pasa, en la que afirmó haber recibido presiones desde Interior.

"Solicitamos el 25 de mayo las declaraciones de los señores Peñailillo, Jorratt y Palma por las declaraciones expresadas por Jorratt y las informaciones sobre los pasajes a Nueva York de Rodrigo Peñailillo", dijo el abogado.

declaración de martelli

Martelli declaró ayer por siete horas y media en las oficinas de la Fiscalía Nacional, lugar donde ayer prestó su primera declaración en calidad de imputado en la investigación por presuntos delitos tributarios relacionados a financiamientos irregulares de campañas políticas. Igual que el miércoles, el geógrafo evitó el contacto con la prensa e ingresó antes de las 7 horas a pie por la entrada principal del edificio.

Dos horas después llegaron sus abogados Cristián Arias y Claudio Pavlic.

Martelli se retiró rápido por la parte trasera en una camioneta de color verde que ayer también lo trasladó hasta la Fiscalía.

El operador fue citado para aclarar su vínculo con la campaña presidencial de la Nueva Mayoría y su relación con la firma SQM y sus filiales a través de la emisión de 23 facturas que sumarían cerca de $ 246 millones.

Esos documentos habrían sido utilizados supuestamente como aportes a campañas electorales contra documentos tributarios por trabajos que no se habrían realizado.

los vínculos

La empresa de Martelli, Asesorías y Negocios SpA habría realizado pagos a más de 20 colaboradores del comando de Bachelet y habría financiado pasajes aéreos para que Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior y ex hombre de confianza de la Presidenta Bachelet, viajara a Nueva York antes de que la entonces ex mandataria cerrara su periodo en ONU Mujeres.

La empresa del operador político también costeó el primer mes de arriendo de la sede de campaña de calle Tegualda.

Durante esta jornada la Fiscalía retomaría el interrogatorio a Martelli, que podría arrojar información para solicitar nuevas formalizaciones en la causa.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo ayer que los nuevos antecedentes que vincularían a Giorgio Martelli con la campaña de presuntos Michelle Bachelet, a través de préstamos de dinero, "se encuentra en el marco de una investigación del Ministerio Público y nosotros no nos vamos a dedicar a comentar cada uno de los hechos que ocurran en el marco de esa investigación".

Según T13, la firma de Martelli, Asesorías y Negocios (AyN) le prestó $ 48 millones la Sociedad de Marketing, Asesorías y Eventos (SOMAE), creada en 2013 para administrar el comando presidencial de Bachelet. Las transacciones habrían comenzado a fines de mayo de 2013 y finalizaron en diciembre del mismo año, durante el periodo electoral.

El dinero habría sido devuelto por SOMAE a AyN en siete pagos.

El titular de la Segegob aseguró que "estos mismos hechos probablemente están siendo objeto hoy (ayer) día de investigación por parte del Ministerio Público".

Pasajes La Fiscalía indaga la supuesta compra de pasajes de AyN a Peñailillo para viajar a Nueva York.

Préstamos AyN le habría prestado al menos $ 48 millones a la firma SOMAE, que administró la campaña de Bachelet.

Gastos La empresa de Martelli también le habría pagado un celular al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñaililo.

Comparecencia El operador político compareció ayer por segunda jornada consecutiva ante el fiscal Sabas Chahuán.

Mauricio Mondaca

Carabineros dio de baja al funcionario que lanzó el chorro de agua al estudiante de Letras de la Universidad Católica, Rodrigo Avilés (28) durante la movilización del 21 de mayo en Valparaíso, asumiendo la responsabilidad del miembro de la institución en los hechos.

El general Ricardo Cartagena, jefe de la Zona de Control, Orden Público e Intervención, reconoció los hechos e informó que se había dado de baja al carabinero, sin dar a conocer su identidad.

Cartagena señaló que en un principio sólo habían analizado "las imágenes que nos habían entregado las personas más las imágenes nuestras" pero que "al haber revisado nuevas imágenes pudimos determinar con certeza" la responsabilidad del funcionario que lanzó el chorro.

Se trata de imágenes que fueron publicadas por TVN y que fueron captadas por un dron del canal.

En un principio Carabineros descartó la participación de los funcionarios que dispersaban la manifestación en la caída del estudiante, que producto del impacto se golpeó la cabeza resultando con un TEC grave que lo mantiene hospitalizado. Esto a pesar de que testigos del incidente aseguraban que habían sido los carabineros los responsables.

El viernes pasado la institución emitió un comunicado en el que aseguraron que funcionarios de Fuerzas Especiales llegaron hasta un local comercial en Valparaíso que estaba siendo saqueado para dispersar a la turba. El documento afirmaba que los funcionarios encontraron a Avilés en el suelo semiconsciente y que lo habían auxiliado.

Sin embargo, las imágenes muestran que cuando el carro le lanza el chorro al joven éste sale disparado violentamente de espalda hacia el muro que encerraba a los manifestantes.

"El pitonero de ese carro no cumplió con el protocolo establecido para dispersión de muchedumbre. La obligación del pitonero era haber informado a sumario que efectivamente tiró agua a la altura del cuerpo y eso no está permitido", dijo el general.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmó que la investigación "no va a quedar hasta ahí" y que hay que "determinar si hay otras responsabilidades que pudieran tener que ver con la decisión de la situación causante del hecho".

El secretario de Estado rechazó aseverar que haya existido un ocultamiento de antecedentes por parte de Carabineros.