Luego de dos guerras mundiales y sus 60 millones de muertos, pareciera que el odio y la violencia vuelven a extenderse en el planeta, al punto que el Papa Francisco ha afirmado que "vivimos una tercera guerra, pero por partes". Todo ello a pesar que la historia milenaria demuestra que todo fanatismo ideológico, fundamentalismo religioso, desprecio por la vida y dignidad de las personas, sometimientos, imposiciones denigrantes y la aniquilación del que es diverso, piensa o se comporta en un modo diferente, sólo ha traído a la humanidad crueldad y grandes dolores con consecuencias indescriptibles. Afortunadamente, es el amor que nos abre a la esperanza.

No quisiéramos algunos de estos ingredientes en nuestra Araucanía. Algunos extremos tienden a pensar que la solución al conflicto mapuche pasa por un Estado fuertemente represivo, que ante acciones reivindicativas por la deuda histórica con este pueblo, imponga orden y seguridad mediante el uso de la fuerza y la aplicación de la Ley Antiterrorista a todo evento; otros extremos, que lo ideal es que mediante la violencia y destrucción indiscriminada de bienes de producción y patrimonio, se logre que los no mapuches hagan abandono de territorios indígenas ancestrales, posibilitando así una suerte de futuro Estado propio.

La inmensa mayoría, sin embargo, está consciente que cualquier respuesta, junto con asegurar el Estado de Derecho, pasa por una solución pacífica, de mucha escucha y diálogo mutuo, que permita conocer profundamente a los otros, para comprenderlos y ponerse en el lugar de ellos. Urge desde las autoridades, el pueblo mapuche, la sociedad organizada y ciudadanía en general, eliminar prejuicios, construir confianzas, ofreciendo señales claras con gestos concretos. Transparentar intenciones respecto de lo que anhela para superar el tema, como de lo que cada uno está dispuesto a aportar, y también a ceder por una causa superior como es el bien común de toda la Región y sus habitantes, y que es superior a todo interés personal o de colectivos, por legítimo que sea. Toda política pública que sea percibida como una imposición, discriminación o menoscabo arbitrario por cualquier sector, corre el riesgo de no llegar a puerto.

El espíritu ha de estar animado por una filosofía política incluyente, caracterizado por los valores de la esencial interculturalidad; de enorme respeto y aprecio por lo que el otro es -también de los migrantes que hoy llegan de otras latitudes-, en la construcción de una Región en que nadie sobre, en que todos son necesarios para su progreso, en que para todos esté la posibilidad de una vida digna en justicia y equidad, en donde cada uno desde su propia identidad, cultura, idiosincrasia y religiosidad y recursos, está llamado a enriquecer desde su valiosa diversidad esta hermosa Araucanía, que pertenece a cuantos la habitan, y que por ello sueñan, sufren, trabajan y luchan por ella.

Héctor Vargas,

Caló hondo en la opinión pública el relato que a través de El Austral dio la agricultora Cecilia Pérez Gambero, una de las tantas víctimas de la política del amedrentamiento que están llevando a cabo grupos minoritarios que dicen representar la causa mapuche, y que a través de las amenazas y acciones abiertamente delictivas han logrado ahuyentar a los propietarios de fundos y pequeñas parcelas agrícolas en distintas comunas de la Región. Esta agricultora, ya aburrida del hostigamiento permanente y de la nula capacidad del Ministerio Público y del Gobierno para garantizar su seguridad en un terreno que es de su propiedad -y que debiese ser uno de los pilares de toda sociedad democrática-, optó por abandonar su predio Santa Delia en Ercilla, a unos ocho kilómetros de Collipulli, y trasladar su residencia a Temuco, hasta donde el miedo la ha perseguido incluso para preferir mantener su nuevo domicilio bajo reserva.

Esta política del amedrentamiento ya rindió anteriormente sus frutos en el poblado de Chiguaihue, también en Ercilla, donde el persistente método de las amenazas y atentados incendiarios terminó por desalojar a pequeños parceleros de sus propiedades. El Ejecutivo y la Fiscalía fueron sólo testigos de esto en su momento, incapaces de imponer el orden en una tierra donde acabó primando la ley del más fuerte.

Pero tan inquietante como el hostigamiento que por largo tiempo vivió Cecilia Pérez en su predio fue la reacción, ausente, de los órganos del Estado que debiesen estar para regular las relaciones entre las personas, brindar seguridad a la mayoría y perseguir a quienes delinquen.

La agricultora desalojada de su propiedad contó que el fiscal que la entrevistó le propuso brindarle atención sicológica, en lugar de priorizar la recuperación de su tierra; mientras que las autoridades gubernamentales siguieron el camino que han venido demostrando hace tiempo: dejar que las cosas pasen, como si una mano divina pudiera devolverle su tierra y su tranquilidad a Cecilia Pérez. Y en este dejar que las cosas pasen, eventualmente vendrá luego la compra del terreno por parte de Conadi, para quien la violencia es un concepto relativo, como lo refrendó al autorizar la entrega de un fundo a quienes se tomaron el aeropuerto el año pasado.

¿Cuántos nuevos casos como el de Cecilia Pérez se seguirán presentando?