Estudio advierte que promesa de
Investigación. El centro de estudios Libertad y Desarrollo establece que se ha agudizado la violencia en La Araucanía y acusa que la política de entrega de tierras "sólo reproduce la violencia", sin lograr progreso y desarrollo, en un contexto de paz social.
El último tema público del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), denominado "La Araucanía: agudización de la violencia y Estado de Derecho en jaque", el cual será subido a su sitio web la próxima semana, concluye que la política de entrega de tierras que lleva adelante la Conadi no cumple su cometido y que en la actualidad configura un escenario en donde la promesa de "tierra por paz" o "tierra por desarrollo", sigue como una tarea pendiente, pese a que este Gobierno duplicó el presupuesto para tales efectos.
Por lo mismo, el estudio, que se basa en un catastro de violencia indígena 2014-2015 que la entidad investigadora actualiza semana a semana a partir de la revisión de la prensa (El Austral de La Araucanía y El Mercurio), postula que el desafío es cambiar la actual política de entrega de tierras.
CAMBIO DE ENFOQUE
Y para ello, propone un enfoque orientado al desarrollo productivo y así evitar que dicho instrumento siga "reproduciendo la violencia", erosionando el Estado de Derecho" y "aumentando la sensación de vulnerabilidad y temor imperante entre los ciudadanos de la Región", quienes más encima, enfatiza el estudio, "deben sumar la falta de conducción de la crisis por parte del Ejecutivo".
"El desafío pasa entonces por abordar el desarrollo indígena desde un enfoque de capacidades y no de meras transferencias como es la entrega de tierras, instrumento que sólo tiende a reproducir la violencia, como se constata a la fecha", acota el estudio a modo de corolario.
Al respecto, Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política en LyD, indica que "se debiera cambiar el enfoque de la política indígena a un enfoque orientado a las transferencias y más centrado en las capacidades, pero vemos que el gobierno actual hace todo lo contrario, porque, prácticamente, duplicó el presupuesto de la entrega de tierras y eso incentiva a que más comuniades se empiecen a tomar los terrenos".
El investigador de LyD agrega que el estudio además de concluir que "la política de tierras ha constituido un incentivo perverso, provoca que más grupos exaltados entren en la dinámica de tomarse terrenos mediante mecanismos ilegales".
Ahora bien, a juicio de Ramírez, si uno contrasta lo anterior con los indicadores sociales de los pueblos indígenas, "no hay relación alguna entre el aumento del presupuesto para el ítem de entrega de tierras y la disminución de la pobreza, que es en el fondo, lo que se busca".
De hecho, y para corroborar dicha postura, el estudio sostiene que en el periodo 2009 -2013, según datos de la última encuesta Casen, disminuyó la pobreza y la pobreza extrema, "sin que el presupuesto de entrega de tierras haya sufrido expansiones definitivas" (ver gráfico).
Así, sostiene la investigación, la mejora en los indicadores sociales, "más que explicarse por el efecto de entrega de tierras, podría relacionarse con la disminución de la desocupación laboral (ver gráfico), puesto que el ingreso promedio del trabajo del hogar indígena pasó de $379.499 a $482.998 entre 2009 y 2013".
Asimismo, el investigador aclara que el objetivo del estudio es sensibilizar a la ciudadanía y al gobierno, pues "existe la presunción que el gobierno está ausente en la Región y que tiene un enfoque de política pública que es errado y que está dando prueba que no se sostiene en el tiempo: aquí tiene que haber un cambio en la hoja de ruta y en la toma de decisiones en materia de política indígena", concluye Ramírez.
AGUDIZACIÓN VIOLENCIA
"La agudización de los actos de violencia en la Región de La Araucanía no cesa". El estudio parte con dicha premisa, la cual verifica recopilando y contrastando los hechos de violencia entre los primeros meses del año pasado y el mismo periodo de este año.
Efectivamente, al pasar revista estadística al catastro de violencia indígena 2014 -2015, las cifras dan cuenta de un incremento. (ver gráfico).
"Desde enero de 2014 a la fecha se han producido más de 45 tomas de terreno, sin considerar que muchas veces éstas se ven acompañadas por robos y actos incendiarios (se contabilizan 60 en los últimos 15 meses) que también devienen en actos de violencia extrema, que desde enero de 2014 suman 98 episodios, de los cuales sólo 38 se han producido en lo que transcurre de 2015", detalla el estudio.
Al margen de las cifras, en el análisis que hace LyD también queda en evidencia la intensificación de la violencia.
"Resulta preocupante que las tomas de terreno u expresiones de violencia extrema, definidos como aquellos en donde se genera una vulneración de la propiedad material, física y/o daño moral a las personas a través del amedrentamiento, también han incrementado su frecuencia", concluye.
Lo anterior, a juicio de LyD, termina "debilitando" y "erosionando" el Estado de Derecho y para ello recomienda incluir en futuras "políticas públicas o intentos de fórmulas conducentes a grandes acuerdos de paz social en la zona: el respeto irrestricto al Estado de Derecho y la proscripción de toda forma de violencia".
En este contexto, LyD estima que lo más grave es el "volver al estado de naturaleza", haciendo alusión con ello a la autodefensa de los terrenos al margen de las fuerzas de orden.
Dicha situación, que LyD describe como la "auto-tutela de las víctimas", a raíz del "debilitamiento del Estado de Derecho y la pérdida de confianza y eficacia en las actuaciones de los órganos estatales", a su entender, puede llegar a implicar incluso "la anarquía".
ENTREGA DE TIERRAS
La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo A.G) y la Multigremial coinciden en todos los puntos del estudio de LyD y sus respectivas vocerías acotan que dicho escenario es algo en lo que han estado insistiendo desde hace mucho rato.
Así lo puntualiza el vicepresidente de la Sofo, Gastón Caminondo. "Desde que se hizo la Ley Indígena, ésta ha sido un rotundo y completo fracaso. La política de entrega de tierras hoy día es el germen de la violencia y no sólo para con agricultores, sino que entre comunidades", dice.
Según Caminondo la entrega de tierras en la práctica no significó una reparación real y con el tiempo sólo agravó la situación.
"Si alguien pretendió que con la entrega de tierras iban a salir de la pobreza no resultó. Hicieron su casa en un predio que compró Conadi, pero siguen siendo pobres con un terreno que aparentemente es de ellos, pero que legalmente no pueden disponer para nada", puntualiza Caminondo.
La presidenta de la Multigremial, Angélica Tepper, concuerda en que "la política de entrega de tierras ha fallado y sólo engendra más violencia. Aquí lo que se necesita es acotar el tema de entrega de tierras y que los recursos se destinaran para productividad o ver otra manera de zanjar esto, pero no con entrega de tierras".
"EN JAQUE"
Al ser consultado si concuerda con que el Estado de Derecho está en "jaque" en la Región, tal como lo consigna el estudio, Caminondo considera que "sí existe, pero sólo en el papel, ya que hay sectores en donde no se aplica por desidia y falta de corage del Estado chileno representado por el actual gobierno".
La auto-tutela de las víctimas a que hace alusión el estudio, en opinión de Caminondo, se produce "por la desesperación de la gente, ya que ve que nadie actúa y esto ocurre producto de los privilegios que tienen los terroristas y delincuentes, quienes por el sólo hecho de tener apellido mapuche tienen claro que son intocables".
CONTRAPUNTO
El presidente de Enama, Hugo Alcamán, establece un contrapunto respecto del estudio y dice que "la violencia simbólica es más dañina que la física".
"La violencia simbólica es mucho peor. Por ejemplo, no se hace distinción entre la violencia por reivindicación y la delincuencia, en circunstancia que Chile está lleno de delincuencia. También hay violencia simbólica en el racismo, discriminación y no consideración de nuestros derechos. Además los que más reclaman son los que no están dispuestos a conversar. Desde hace dos años que venimos invitando a la Multigremial, a la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural y a Paz en la Araucanía", plantea Alcamán.
Respecto de la entrega de tierras precisa que "esta discusión viene desde que nos quitaron el territorio. Si hablamos de Estado de Derecho hay que respetar la Ley Indígena, porque es ley. Además el convenio 169 dice que tenemos una visión diferente, entonces, ¿por qué quieren obligarnos a una visión occidental del tratamiento de la tierra?, los pueblos originarios tenemos otra manera de tratar el planeta", esgrime Alcamán.