Molestia, indignación y rechazo es lo que sienten parte de las Multigremiales de La Araucanía que hicieron eco tras los testimonios dados a conocer por El Austral de seis agricultores de Bajo Malleco, en Collipulli, donde acusan a comunidades indígenas de forzarlos a dejar sus predios bajo hostigamiento, pues temen por sus vidas.
En el artículo, los denunciantes enfatizaron que los terrenos, de 300 hectáreas en la antigua ruta Angol-Collipulli, ya han sido ocupados por integrantes de dos comunidades mapuche mediante usurpación y amenazas.
Nula respuesta
Valeria Ceroni, vocera de la agrupación, "Mujeres por La Paz en La Araucanía", se refirió a este tema precisando que, "es inaceptable que no exista reacción de las autoridades y que haya una ausencia total de la gobernadora de la provincia y de la autoridad en general ya que ellos están obligados a hacerse presentes, acercarse a las víctimas y buscar soluciones. No puede ser que estas cosas sigan ocurriendo. No estamos hablando de forestales ni latifundistas, hablamos de que esto es transversal, aquí están siendo atacados y amenazados, pequeños y medianos parceleros, mapuches y no mapuche. No es comprensible la ausencia de la autoridad".
La vocera indicó que, "no nos explicamos qué está pasando con las autoridades. En La Araucanía llevamos muchos años de estas situaciones violentas, y no comprendemos qué ocurre ¿Por qué esta nula respuesta?, ¿por qué nos abandonan?, ¿por qué somos invisibles? Y es incomprensible que una autoridad local de esa provincia no se haga presente, no dé soluciones y no atienda a las víctimas. La verdad no sabemos si es miedo a reacciones o represalias de estos grupos más radicales".
Al consultarle sobre qué es lo que deberían hacer las autoridades, la vocera de la agrupación fue enfática. "Ellos tienen que ponerse los pantalones y asumir sus obligaciones. Ellos están obligados a defender el Estado de Derecho, a impedir y detener estos actos violentos y hacerse cargo de las víctimas, es su obligación y están haciendo abandono total de sus deberes".
Similar opinión tiene Gloria Naveillán, secretaria ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Victoria y Malleco, afirmando que, "creo que la realidad que están viviendo los pequeños parceleros de la zona de Collipulli es terrible donde el Estado chileno se ha puesto una venda en los ojos".
"Me parece que la gobernadora ha tratado de hacer un esfuerzo por solucionar este tema y no ha tenido respuesta de instancias superiores. Creo que el Estado ha fallado en su conjunto, y si bien hay algunos personeros de Gobierno han intentado hacer algo, no han logrado nada y se han encontrado con un muro", afirmó Naveillán.
Además criticó a la Conadi señalando que con la compra de tierras, "no ha sido una solución y ha sido un fracaso estrepitoso. Creo que la Conadi, de alguna manera, ha incentivado con la compra de tierras a la violencia en la zona. Creo que de repente se presta para pensar qué tipo de acuerdos internos tienen las comunidades violentas con Conadi, ¿Cómo puede ser que en el artículo la comunidad diga que Conadi está dispuesta a comprar esas tierras?, ¿Cómo puede ser que Conadi le esté pidiendo a los parceleros comprar tierras que saben que están siendo solicitadas por comunidades violentas?", indicó.
En tanto, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, dijo que este problema ya viene de hace mucho tiempo. "Lo que está pasando en esa zona es lo mismo que venía pasando hace un tiempo atrás como el Chigüaihue, gente que vivía ahí y que no es de la etnia fueron desplazados de sus lugares, y hoy en día no tienen dónde vivir".
Quien también se sumó a esta molestia fue el diputado RN Jorge Rathgeb, precisando que, "las propias comunidades indígenas han señalado que la gobernadora debería renunciar. No lo digo yo, sino que ellos lo han dicho ya que ella ha interrumpido el diálogo con las comunidades y los agricultores, que no se ha aparecido más, e incluso han pedido audiencia en la Gobernación a la espera de respuestas porque ha perdido contacto con ellos", señaló.
El parlamentario aboga que la solución al conflicto se basa en el diálogo".
Protección
En tanto, desde la Fiscalía, consultados sobre el tema señalaron que, "estamos en condiciones de decirle que se contactará a las víctimas para coordinar las medidas de protección y las órdenes de desalojo del predio en cuestión. Independiente de lo anterior, ya se ordenaron medidas de protección primarias al predio de la víctima".
Por su parte, la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, tras tratar de obtener su versión por segundo día consecutivo sobre el problema en Malleco, escuetamente afirmó que "no me voy a referir al tema".
Finalmente, se intentó obtener una versión del director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, sin obtener respuesta.
Claudio Núñez
