Con la llegada hoy de la Selección Peruana de Fútbol a Temuco, comenzará ya formalmente la condición de la capital regional como ciudad sede de la Copa América 2015, un evento por el cual las autoridades municipales lucharon denodadamente en su momento para que las autoridades del fútbol nacional y sudamericano aceptaran la candidatura. En esa iniciativa participaron activamente otros organismos públicos, universidades locales y representantes del turismo y del comercio, todos convencidos de las amplias oportunidades de visualización internacional que se obtendrán con el torneo y de un notable incremento de los turistas extranjeros que a la fecha ya se estima en 18 mil.

Por esto es que resulta tan extemporánea y además oportunista la reiterada amenaza de una comunidad mapuche en particular, la que frustrada por no haber conseguido hasta ahora sus propósitos para recibir tierras, ha lanzado una inquietante advertencia al normal desenvolvimiento del torneo futbolístico en Temuco. Ante este escenario, el propio intendente Francisco Huenchumilla ha afirmado que no se pueden confundir los objetivos de un grupo de interés con el respeto a la ley, y que "habrá tiempo para seguir luchando por cada una de las cosas que la gente quiere", garantizando además que la Copa América se desarrollará sin inconvenientes en La Araucanía.

Por cierto que la amenaza se ha sustentado en el errático andar de los organismos del Estado, que a lo largo de los años, e independientemente de quién esté administrando el gobierno, han oscilado entre firmes sentencias acerca de la imposibilidad de acceder a tierras si se practica la violencia, acusaciones de adquisiciones irregulares por parte de Conadi, y la millonaria compra de un fundo para quienes hace menos de un año se tomaron el aeropuerto.

Sin objetar el legítimo y saludable derecho a expresarse para quienes demanden algo del Estado, no debe confundirse aquello con amenazas a la integridad de las personas. Éstas no tienen cabida en una sociedad democrática, y en el caso particular de Temuco, arriesgan con ensombrecer la condición de sede de la Copa América que enorgullece a los temuquenses y al resto de La Araucanía.

El Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2015, en específico en educación superior, anunció la meta de: "… alcanzar la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período, a partir de 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes".

Este anuncio despierta múltiples incertidumbres. Entre éstas, en primer lugar, el 60% de gratuidad en 2016, a la luz de las condiciones actuales, no permite asegurar que llegará al 60% de la población vulnerable ya que sólo se aplicará en instituciones del Cruch o CFT/IP sin fines de lucro y acreditados. Cabe mencionar que una gran proporción del 60% más vulnerable estudia en instituciones acreditadas con fines de lucro. Es posible augurar que en ese escenario serán sectores menos vulnerables que capturen parte importante de esos recursos.

En segundo lugar, ¿cómo clarificar si los estudiantes beneficiados están o estarán matriculados en carreras técnicas (3 años), profesionales (4 años) o universitarias (5 años) y si son estudiantes antiguos o nuevos ¿Convivirán alumnos con gratuidad con alumnos con crédito?

En tercer lugar, una de las certezas es que esta meta ocasionará un efecto discriminador a favor de las universidades del Estado que presentan muy deteriorada su matrícula en pregrado.

En cuarto lugar, ¿cómo evitar que sean afectados los estudiantes vulnerables que estudian o elijan estudiar en centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, aún cuando estos establecimientos estén acreditados y no cumplan los requisitos adicionales que nada tienen que ver con la calidad?

En quinto lugar, ¿qué pasará con los 5 CFT y 1 IP vinculados a Universidades Estatales, establecidos como S.A. y sólo uno acreditado? A modo de reflexión, la cuestionada reforma educacional nos dejó la certeza que el Gobierno presenta una fuerte animadversión al rol de los privados y ahora muestra la clara discriminación, no hacia la calidad sino a la propiedad.

Nabor Carrillo Estefa,