La Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco) emitió una declaración pública de apoyo luego que el Ministerio Público anunció formalizar cargos a un funcionario de la institución y a dos empresarios por los delitos de cohecho y soborno, en el marco de las siete aristas que involucra la investigación en contra de la corporación.

Se trata de Pablo Painemilla Ancán, miembro de la Anfuco, quien el próximo 8 de julio deberá enfrentar una audiencia de formalización de cargos por una licitación eventualmente ilícita de un torneo nacional de palín que se realizó en Padre Las Casas durante el año 2013 por $25 millones.

La declaración que contempla cinco puntos, la asociación hace público su apoyo y confianza en el procedimiento y hace hincapié en la presunción de inocencia del funcionario que se desempeñaba en el departamento de Cultura y Educación del organismo.

"Esta Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi prestará todo su apoyo y acompañará a nuestro colega Pablo Painemilla durante todo el tiempo que dure la investigación y mientras un Tribunal de la República no diga lo contrario", dice el escrito.

En la misma fecha y por el mismo caso, se formalizará a los empresarios Eduardo Lavados y Juan Painecura.

Investigación

La Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) indaga la licitación "logística y alimentación para encuentros de palín" la que se describe a través del sitio mercadopúblico.cl como "proveer servicio de logística y alimentación, para la ejecución de los encuentros comunales, regionales, interregionales de palín que se llevará a cabo este año 2013".

Según las fechas que se consignan en la página, el concurso se abrió el día 25 de septiembre del 2013 y se cerró el día 1 de octubre del mismo año, es decir, estuvo una semana abierto. La licitación se adjudicó seis días después.

El torneo tuvo sus instancias finales al término de 2013 en Padre Las Casas y se habría desarrollado las primeras etapas antes que se licitara el servicio según los hechos denunciados que figuran entre el cúmulo de antecedentes entregados por la actual administración de Conadi a Fiscalía.

Los antecedentes que dan cuenta que la Conadi ha destinado más de $20 mil millones para comprarle tierras a las comunidades aledañas al Aeropuerto de La Araucanía en Freire, no cayeron muy bien en la Multigremial y en la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru) de La Araucanía.

Ambas entidades criticaron la asignación de recursos para adquirir 2.756 hectáreas dirigidas a comunidades que han catalogado de violentas, ya que éstas han protagonizado una serie de protestas para el cumplimiento de sus demandas.

Gremios y Avvru

La presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, no escondió su disconformidad con la política de tierras cuando se beneficia a comunidades que cataloga de violentas, instando a que se respete a las comunidades que llevan más años esperando sus terrenos por la vía pacífica y bajo la institucionalidad.

En este sentido, también destacó los efectos que trae la compra de tierras a la economía de la Región. "Cada vez que se genera violencia en la Región a los inversionista tú los vez en retirada y eso es lo que está pasando. Ahora los agricultores de acá siguen porque tienen una conexión con la tierras, les gusta la tierra pero también muchos han vendido e invertido en otra Región por eso es que nosotros como Multigremial hablamos que nuestra Región se sigue empobreciendo y se siguen perdiendo puestos de trabajo", afirmó Tepper.

Por otro lado, el presidente de la Avvru, Alejo Apraiz, fue enfático en decir que "no puede haber compras a comunidades para dejarlas tranquilas".

En concepto de la Avvru, las compras responden a compensaciones por la construcción del nuevo Aeropuerto de La Araucanía. "Entiendo que hay un compromiso del intendente (Francisco Huenchumilla) para que dejaran inaugurar el aeropuerto, no sé cuál es el compromiso pero a raíz de eso es que se ha ido comprando a comunidades aledañas al aeropuerto que no estaban dentro del listado de las prioridades", alegó Apraiz.

Gobernación

En tanto, el gobernador de Cautín, José Montalva, advirtió que las compras se están efectuando en cumplimiento con la Ley Indígena y en línea con los compromisos asumidos por el Estado con los pueblos originarios.

"Estas comunidades si bien están al lado del aeropuerto son comunidades que tienen aplicabilidad y que cumplen con todos los requisitos para que se les compre tierra y en ese sentido el compromiso del Gobierno es avanzar, entre otras cosas, en materia indígena en la compra de tierras", declaró Montalva junto con agregar que "si están al lado del aeropuerto o no, nos es importante a la hora de establecer si tienen aplicabilidad".

Ayún Mapu

El presidente de la organización territorial Ayún Mapu, Iván Reyes, criticó duramente a la Multigremial acusándola de hacer usufructo de los campos.

"Yo el mensaje que envío específicamente a la Multigremial es que es bueno ser ignorante pero yo creo que es mejor investigar e informarse antes de dar opiniones, porque lo que dicen es falso y mal intencionado. Ellos son parte responsable del problema que tenemos en La Araucanía porque son los propietarios de las tierras que les robaron a las comunidades", dijo Reyes.

DANZA DE MILLONES

Se trata de recursos para la adquisición de predios por el artículo 20 letra b de la Ley Indígena entre las comunas de Freire, Villarrica, Cunco y Vilcún, cuyos principales beneficiados son las cinco comunidades que integran a la organización territorial Ayún Mapu más la comunidad Fermín Manquilef.

Hay que precisar que tres de estas compras se han concretado restituyendo tierras a la propia Manquilef, la Francisco Lemuñir y la José Catrín por un total de 1.789 hectáreas pagando $15.484 millones.

Por su parte, las comunidades José Aillañir y caciques Federico Alcamán y Juan Huenchual tienen en acuerdo sus demandas restando sólo que la comunidad entregue el acta de acuerdo para así adquirir las restantes 906 hectáreas con una inversión de $5.324 millones. La comunidad Antonio Cotaro, sigue en negociaciones.

Dos conocidas familias han participado en las últimas compras de predios. La primera es la familia Heller que participa de la Agrícola Ancali, dueña del predio San Juan, el que vendió a Conadi por $14.613 millones para la comunidad Fermín Manquilef y Francisco Lemuñir. Por su parte, la comunidad José Catrín recibió 150 hectáreas del fundo San Pedro de Villarrica, propiedad de la familia Longueira.

2.756

hectáreas, gran parte de ellas ya compradas para comunidades de Freire, ha comprometido Conadi.