carolina.nahuelpi@australtemuco.cl
La confirmación de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, respecto a que las universidades privadas que no forman parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) serán excluidas de la gratuidad del 2016, no fue bien recibida por parte de las autoridades universitarias de las casas de estudios privadas de la Región.
El pasado 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachellet anunció que "a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva". Esta medida fue confirmada por la ministra de la cartera en una reciente reunión con representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech.
A raíz de esta confirmación el tema vuelve a provocar distintas reacciones en las autoridades universitarias de las casas de estudios privadas, quienes ven con preocupación la exclusión de los estudiantes más vulnerables de sus planteles.
Gonzalo Vargas, rector de Inacap y único vocero del tema, aseguró "nosotros discrepamos del criterio que estableció el ministerio. Consideramos que es una discriminación arbitraria hacia los estudiantes que, en definitiva, deberían ser los beneficiarios de las políticas del Estado".
La autoridad universitaria, además, sostuvo que dos tercios del 60% de estudiantes más vulnerables del país corresponden a jóvenes de casas de estudios privadas.
"Los que cursan en universidades del Cruch y en centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro sólo corresponden a un tercio del total de estudiantes más vulnerables. Lo que estimamos, además, es que a lo menos el 60% de nuestros estudiantes proviene de los tres primeros quintiles", afirmó.
Este tratamiento desigual de los jóvenes más vulnerables, según Vargas, se profundiza en las regiones que menos oportunidades tienen, como La Araucanía.
Al igual que en Inacap, la voz autorizada del tema en la Universidad Santo Tomás es el rector nacional, Jaime Vatter, quien afirmó que "creemos en el principio de igualdad ante la ley y, sin duda, esta situación representa una discriminación para nuestros alumnos, que nos parece inexplicable".
Además, Vatter estableció que "nos parece injusto que alumnos de nuestra universidad no puedan acceder a la gratuidad por el solo hecho de que ésta, al crearse con posterioridad a 1981, no pertenece al Cruch. La regulación para las universidades privadas que pertenecen al Consejo y las que no, es la misma, por lo que esto no parece un argumento válido".
Una dura crítica a esta medida es la que también hizo Miguel Mellado, director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, quien aseguró que con esta decisión "se deja fuera de la gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables del país. Entonces, no sé con qué criterio puede decir el Gobierno que la igualdad de oportunidades es para todos los chilenos".
En este sentido, Mellado sostuvo que las políticas de este Gobierno apuntan a las instituciones y no a las personas. "Lo mismo pasa con la educación básica: quieren comprar los colegios en vez de fortalecer la educación. Aquí en vez de beneficiar al 60% de los estudiantes vulnerables, los excluyen porque no estudian en una universidad del Cruch", asegura.
RAZONES
En la reunión con la Confech, la ministra Delpiano explicó que la decisión de sólo incluir a planteles del Cruch responde a que no existe claridad de la regulación en el caso de las universidades privadas y a que el crecimiento económico no ha sido el esperado.
Esta respuesta es, a juicio de Vargas, insatisfactoria. "El tema de fondo es cómo asignas los recursos disponibles. Además, la claridad regulatoria la debe brindar el Estado, por lo tanto esto es contradictorio", sostiene.
Mellado también mostró su descontento respecto a las explicaciones. "Yo creo que eso se debe a que la ministra no está empoderada en el cargo. El Ministerio de Educación, a través del Consejo Nacional de Acreditación, acredita a las universidades, lo que da cuenta de que las cosas se están haciendo bien. Entonces, existen parámetros para medir", indica.
Respecto a esto, Marcelo Segura, seremi de Educación, afirma que "lo que hoy día está planteando el Gobierno es una hoja de ruta en materia de derechos sociales con respecto a la educación. El país va a avanzar hacia la gratuidad universal en la educación superior. Es el desafío que tenemos".
La autoridad regional también aseguró que la decisión del 2016 respecto a la gratuidad obedece a un tema de "responsabilidad".
"Hay que comenzar responsablemente, dada la cantidad de recursos que tiene el Estado, que no son infinitos. En este caso, se está empezando por casa, es decir, por universidades que tienen un compromiso con el Estado desde hace mucho tiempo", aseguró.
El seremi también fue enfático en aclarar que "todo el sistema de becas y de créditos que tienen las universidades privadas de la Región va a permanecer. No se les va a quitar ningún beneficio".
Este medio intentó obtener la versión de Hugo Cumsille, vicerrector de la Universidad Mayor sede Temuco, pero no fue posible.
